El salario mínimo promete dignidad, pero entrega exclusión

El salario mínimo suele presentarse como una medida «justa» y «solidaria», diseñada para proteger a los trabajadores. La intención suena noble, pero en la práctica ocurre exactamente lo contrario, pues termina perjudicando sobre todo a quienes tienen menos oportunidades, menos experiencia y menos alternativas.

El problema principal es que el salario mínimo no crea riqueza. La riqueza se crea cuando una persona produce algo que otros valoran. El salario real que alguien puede ganar depende de su productividad, no de un número escrito en una ley. Cuando el Estado impone un salario por encima de lo que muchas personas pueden producir en ese momento, lo que hace es cerrarles la puerta al mercado laboral formal.

¿Qué pasa con los jóvenes, los estudiantes, las personas sin experiencia o quienes vienen de contextos más difíciles? Simplemente quedan fuera. No porque no quieran trabajar, sino porque la ley les impide ofrecer su trabajo a un precio que las empresas puedan pagar. El salario mínimo funciona como un filtro legal que expulsa a los más vulnerables.

Las grandes empresas suelen poder absorber ese costo. Tienen más capital, más margen, más espalda financiera. Pero las pequeñas y medianas empresas no. Para ellas, subir salarios por decreto puede significar despedir empleados, no contratar a nadie nuevo, o incluso cerrar. El resultado es menos empleo, no más.

Entonces, aparece el otro gran efecto: la informalidad. Cuando el salario mínimo hace imposible contratar legalmente, muchas personas terminan trabajando en negro. Paradójicamente, la ley que supuestamente iba a «proteger» al trabajador lo deja más expuesto.

Así, el salario no es un regalo ni un derecho político, sino el resultado de un intercambio voluntario. Una persona ofrece su trabajo y otra lo contrata porque ese trabajo genera valor. Cuando el Estado interviene y fija un precio mínimo, rompe ese proceso natural de coordinación entre personas libres.

No se puede decretar la prosperidad. No se puede ordenar por ley que todos ganen más si antes no producen más. Esto no significa que los salarios bajos sean algo deseable. Significa que la solución no está en prohibir contratos, sino en permitir que la economía crezca, que haya más inversión, más competencia, más empresas y más oportunidades. Cuando hay abundancia de empleo, los salarios suben solos, sin necesidad de coerción.

La verdadera protección al trabajador no es un salario mínimo. Es un mercado donde haya muchas opciones, donde las empresas compitan por contratar personas, donde el capital fluya y donde la productividad aumente. En otras palabras, la verdadera protección al trabajador es el libre mercado.

Author: Michelle Molina

Estudiante de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI) en la Universidad Francisco Marroquín. Colaboradora en iniciativas orientadas a la promoción de las ideas de la libertad y economía de la Escuela Austriaca.