«¿Quién es John Galt?». Quizás esa sea algún día la pregunta que se hagan Cebrián, Lara, el conde de Godó, Enríquez (presidente de AEDE y consejero delegado de Vocento) o Fernández-Galiano (presidente de Unidad Editorial).
La reacción de los editores de periódicos de papel españoles ante el anuncio del cierre de Google News en España (además de la desaparición de cualquier medio de este país en el mismo servicio del gigante de Internet en el resto del mundo) parece sacada de La Rebelión de Atlas. De hecho, ha sido así desde el momento mismo en el que pusieron sus ojos en el agregador de noticias más utilizado. Las compañías del viejo periodismo se han comportado ante la empresa norteamericana como esos malos empresarios que en la novela de Rand buscan en todo momento apoyo del poder político ante el nuevo y magnífico metal producido por Readen Steel.
Es cierto que en la novela lo primero que hacen los representantes de las empresas anticuadas protegidas desde el poder es intentar prohibir que el producto salga al mercado. En el caso de Google News es diferente. En este caso, los editores de prensa lo recibieron con actitudes que oscilaban entre la indiferencia y el interés por algo que les podría proporcionar visitas. Pero ya la segunda y la tercera etapa sí parecen sacadas del libro protagonizado por Dagny Taggart, ‘Hank’ Readen y John Galt.
Pero de repente las cosas cambiaron. La dura crisis general se unió a los propios errores de gestión y un modelo de negocio anticuado por parte de las empresas periodísticas tradicionales. Pusieron entonces sus ojos en una compañía que estaba revolucionando el sector de la información ofreciendo al público lo que quería. Y reclamaron al Estado que les entregara una parte del pastel. Y si en La Rebelión de Atlas los empresarios anticuados del acero logran que el Gobierno obligue por ley a Readen Steel entregarles parte de su magnífico y revolucionario metal, en España lograron que impusiera la denominada ‘tasa Google’ o ‘canon AEDE’.
Quisieron ir, eso sí, más allá que en otros países. En Alemania la normativa permitió que las publicaciones digitales que quisieran pudieran renunciar a cobrarlo, y Google movió pieza. Sacó de su servicio de noticias a aquellos periódicos que querían pasar por caja y mantuvo a las que renunciaron a hacerlo. El descalabro fue tal para los primeros, debido a la gran cantidad de visitas perdidas, que la mayor parte de ellos terminó sumándose al segundo grupo. Para evitar que esto ocurriera, la Asociación de Editores de Periódicos Españoles (AEDE) logró que el Ejecutivo no permitiera que se renunciara al cobro (puesto que muchos digitales y algunos de papel con edición en Internet tenían muy claro que lo iban a hacer).
El precio fue alto, tanto como entregar a Rajoy y Sáenz de Santamaría la cabeza de tres directores de periódico incómodos para el Gobierno (el más importante de ellos era Pedro J. Ramírez). Sin embargo, esos viejos empresarios que recurrían a los favores políticos consideraron que merecía la pena. Fuimos muchos los que advertimos de que existía el riesgo evidente de matar la gallina de los huevos de oro, que Google News cerrara en España. Y finalmente, la compañía de Internet lo ha hecho.
Es en este momento en el que AEDE y sus asociados se han asustado, viendo el descalabro que puede suponer para ellos perder los lectores que llegaban a sus páginas a través del agregador de Google (el daño que esto hace al resto de medios presentes en Internet, nativos digitales o no, no les importa). Y han reaccionado. Pero no lo han hecho dando marcha atrás y proponiendo el fin de la ‘tasa Google’. En absoluto. Han vuelto a actuar como los malos empresarios acereros de La rebelión de Atlas. Si estos presionaron, y lograron, que el Gobierno prohibiera a Readen cerrar su compañía, para poder seguir saqueándole, los editores de prensa españoles reclaman al Ejecutivo y a la Unión Europea que intervengan para impedir el cierre de Google News. No quieren renunciar ni a las visitas ni al dinero que les tendría que entregar el gigante de Internet. Y para ello no les importa exigir que el poder político impida a una empresa privada ejercer su autonomía y dejar de ofrecer un servicio que ya no le compensa.
Como sigan por este camino, pueden terminar logrando que Google desaparezca del mercado de Internet español. Cabe preguntarse si la filial de esa empresa en nuestro país terminará en una Quebrada de Galt digital.
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