Aprendiendo de Seseña

En el libre mercado, se permite que cada comunidad privada reglamente su propia respuesta para solucionar problemas similares, con lo que se inicia un proceso de experimentación competitivo descentralizado.

El viernes pasado desayunamos con las impactantes imágenes del incendio del “cementerio de neumáticos” de Seseña. La oscura columna de humo y las impresionantes imágenes de millones de ruedas, de todos los tipos y tamaños, siendo pasto de las llamas han abierto telediarios y portadas durante todo el fin de semana y, según repiten políticos y expertos hasta la extenuación, por muy controlado que esté el incendio, y muy favorables que sean las condiciones climáticas, tardarán aún varios días, quizás semanas, en sofocarlo totalmente. Parece que hasta el momento no ha habido que lamentar daños personales y que la calidad del aire en las poblaciones cercanas está en niveles “normales”, por lo que no supone un riesgo inmediato para las personas, al menos de momento. Pero los problemas que esa nube pueda generar son amplísimos y desconocidos, pueden producirse a cientos de kilómetros de distancia, o en el propio Seseña, ya sea a través del aire que respiramos, de la contaminación del suelo o del subsuelo en el propio cementerio, o cuando se depositen las partículas liberadas y actualmente en suspensión.

A estas alturas, cualquiera que haya estado mínimamente conectado con el mundo sabrá de los problemas políticos, burocráticos y judiciales que el citado “cementerio” ha venido ocasionando en los últimos lustros. En cualquier caso, este artículo no pretende aprovechar la situación para echarles las culpas a los políticos y/o burócratas, máxime cuando todo apunta a que ha sido un incendio provocado. Ello no obstante, no podemos dejar de aprovechar este siniestro, como otros similares que han ocurrido y que ocurrirán inevitablemente, para reflexionar e intentar encontrar soluciones que, poco a poco, disminuyan los riesgos de sucesos que pongan en peligro a las personas y perjudiquen al medio ambiente.

Los defensores de la intervención del Estado en temas relacionados con el medio ambiente dirán que el siniestro se podría haber evitado si se hubiesen impuesto más controles o si las Administraciones hubiesen dispuesto de más presupuesto, de mayores recursos o de mayor capacidad de intervención. Es muy probable que si los energúmenos que iniciaron el incendio de Seseña –en el caso de confirmarse esa sospecha- no lo hubiesen hecho, en un par de años el cementerio hubiese sido completamente desmantelado y que, incluso en menos tiempo, se hubiesen adoptado medidas correctoras y/o de protección que hubiesen minimizado los riesgos de manera importante. De hecho, parece más que probado que las distintas administraciones implicadas eran conscientes del problema y estaban tomando medidas para abordarlo. Lo grave hubiese sido que un cementerio como éste, el mayor de Europa, hubiese pasado desapercibido, a pesar de afectar al menos a dos municipios (Seseña y Valdemoro) y a dos Comunidades Autónomas (Madrid y Castilla La Mancha). El problema es que se pueden dar situaciones de riesgo, o incluso de perjuicio ambiental real, no tan llamativas y mucho más difíciles de identificar o descubrir por la Administración, salvo que esta esté dotada con un aparato de vigilancia gigantesco y, por supuesto, carísimo de mantener.

Pero, aun dando por hecho que la intención de políticos y burócratas fuese siempre la de respetar y salvaguardar el entorno de la mejor manera posible (que es mucho suponer… que se lo pregunten, si no, a quienes disfrutaban del Mar de Aral antes de que fuese convertido en un desierto), el problema de recurrir al Estado como “garante” y protector de la naturaleza no solo está en la dificultad de la vigilancia y del control, sino en la dificultad previa de establecer los criterios objetivos que determinen los tipos de comportamiento que hay que prohibir, los niveles de perjuicio o de riesgo tolerables y, en su caso, las medidas correctoras adecuadas a los daños producidos. Y ello por cuanto el Estado no tiene mecanismos para determinar la relación coste-beneficios de las distintas actuaciones, al distorsionar el sistema de precios, único mecanismo capaz de ayudar a obtener esa información y desconociendo, además, como desconoce, cuáles son todas las externalidades que pueden desarrollarse al actuar sobre un ecosistema, quiénes son todos los perjudicados reales o posibles y cuál es la mejor manera de resarcirles del eventual perjuicio, etc. A ello, por supuesto, hay que añadir, como destacan algunos autores, el “riesgo moral” que la regulación estatal supone al hacer que se mine la responsabilidad personal de los individuos a la hora de cuidar el medio ambiente.

Pero tampoco la solución “privada” cae de los árboles y es, a priori, infalible. Cualquier liberal afirmará que la solución está en la defensa de la propiedad privada, ya sea individual o comunal, y en la aplicación de la ley y de los contratos, ya que en ese sistema serían los precios de mercado los que facilitarían la coordinación social entre los distintos intervinientes y el entorno, debiendo primar, en caso de duda, los derechos de los primeros propietarios (first in time, first in right). El problema es que a media que el hombre encuentra nuevas formas de vida, descubre nuevas aplicaciones para los recursos que nos da la naturaleza y desarrolla nuevos procesos productivos, nuevos son los problemas y los riesgos, distintos los posibles afectados y nuevas serán, por tanto, las respuestas que haya que darles, también desde el punto de vista institucional o regulatorio. Y ahí está, precisamente, la gran ventaja de la propiedad y del libre mercado: si se permite que cada grupo, cada comunidad privada, reglamente su propia respuesta, distinta de las del resto, para solucionar problemas similares, se iniciará un proceso de experimentación descentralizado, en competencia, que ayudará a mostrar qué sistemas institucionales y normativos son los más adecuados para solucionar cada tipo de problema.

Se podrá decir que el Estado también puede, a su manera, mejorar los mecanismos que tiene a fin de ir corrigiendo los errores y afinando sus respuestas. El problema, como siempre, es que el Estado, frente a la solución privada, tiene los dos grandes hándicaps que mencionábamos más arriba: problemas de información y problemas de incentivos, carece de un sistema como el que brinda el libre sistema de precios, proveedor de información compleja y dispersa, y carece, además, de la misma flexibilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias, sin que, a mi modo de ver, disfrute de ventajas sobre la solución privada.