A la hora de adquirir bienes de países distintos al de residencia estamos acostumbrados a tener que pagar un impuesto especial llamado arancel. Este tributo recae sobre los bienes provenientes de países extranjeros por el simple hecho de no haber sido fabricado en el nuestro, por lo que soportan un coste extra del que están exentos los nacionales. La justificación que suele emplearse para el empleo de este tributo es que, de alguna manera, protege las empresas nacionales frente a las de otros países. Este argumento suele ser muy contestado, al obviar el hecho de que los consumidores se ven obligados a comprar a un precio superior dichos bienes, con el perjuicio económico que les supone.
No resulta tan conocido otro impuesto sobre las transacciones internacionales que se imponen a los productos que abandonan un país, los llamados aranceles a la exportación. Tradicionalmente era empleado por países con yacimientos petrolíferos, aunque últimamente son más conocidos a raíz de su imposición por parte de países con fuerte producción agrícola. El motivo por el que el legislador suele justificarlos es doble, de un lado evitar el desabastecimiento interno, y de otro amortiguar el traslado de los precios internacionales de dichos bienes al mercado interno.
Aunque a primera vista pueda parecer un objetivo loable, la lógica económica nos indica que este tipo de medidas tiene un efecto contrario, ya que empobrece a los habitantes de dichos países. Una subida del precio mundial de estos productos, en los que tiene ventajas competitivas un país (ya sea por su clima, suelo o por cualquier otro motivo), aumenta el beneficio de sus productores. Este aumento en su beneficio provoca que otras personas se animen a producir dichos bienes, ya que obtendrían un mayor beneficio en dicho sector. Este mayor número de emprendedores trae consigo que también deba aumentar el número de trabajadores dedicados a estas labores. Al existir un aumento en la oferta de empleo el salario de los trabajadores también aumenta, por lo que dicha riqueza también se extiende a los mismos. A su vez, los mayores beneficios provocan una mayor inversión en técnicas de mejora en la obtención de dichos productos, por lo que se logra una mayor producción. Por lo tanto, un mayor precio internacional de dichos bienes tiene un quíntuple incremento, en los beneficios, en el empleo, en los salarios, en las técnicas y en la producción.
Por el contrario, si se gravan estos bienes destinados a la exportación, cae el beneficio de los productores, por lo que aquellos que tienen más dificultades para producir, normalmente los más pobres, dejan de ser rentables y acaban cerrando su negocio. Por lo tanto el efecto es precisamente el contrario, menor beneficio, menor empleo, bajadas de salarios, empleo de técnicas menos avanzadas y una caída en la producción.
Cabría argüir si a pesar de todos estos inconvenientes los habitantes más pobres de estos países se ven beneficiados de alguna manera por la existencia de estos aranceles a las exportaciones. La respuesta es también negativa, ya que tanto el empleo como los salarios disminuyen con este tipo de medidas. Por otro lado, los trabajadores se ven desplazados hacia otros sectores que en los que su país no cuenta con dichas ventajas competitivas, por lo que el valor añadido de su producción es inferior, y por tanto también lo es su retribución.
Por tanto, si se desea realmente ayudar a la parte más pobre de la población, los aranceles a la exportación deben ser eliminados, de manera que gracias a su trabajo y esfuerzo, los ciudadanos de estos países puedan poner en venta aquellos bienes en los que tienen algún tipo de ventaja competitiva, obteniendo un mayor beneficio por ello.
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