En una sociedad que se puede decir está ya transitando el "camino de servidumbre" al totalitarismo, se pueden aplicar las refinadas reflexiones de Hayek y, especialmente, cuando se observa cómo dentro del nacionalismo "la disposición para realizar actos perversos se convierte en un camino para el ascenso y el poder… no deben tener ideales propios a cuya realización aspiren, ni ideas acerca del bien o del mal que puedan interferir con las intenciones del líder".
Hoy en día, en la España de comienzos del siglo XXI, es prácticamente nula la protección de los derechos de los ciudadanos en muchas regiones. Así podemos observar cómo, en vez de aplicarse el Estado de Derecho y las instituciones, en vez de operar con toda contundencia política, policial y judicial contra los amorales actos administrativos nacionalistas o contra las amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos del entorno nacional-socialista, nuestra casta de políticos prefiere seguir un lento proceso de rendición (negociación), sin percatarse que así se solucionaría en falso el problema debido al espíritu expansivo e insaciable del nacionalismo.
Si la actual inacción política se sostiene en el tiempo, nuestra democracia quedará herida de muerte y tan débil ante los terroristas que su chantaje a las personas de bien se producirá a perpetuidad. Por ello, es esencial aplicar el Estado de Derecho, pues sería un grave error ceder ante la presión terrorista, ya que significaría pagar un precio político a la violencia, mostrando una peligrosa hoja de ruta a las ideologías extremistas.
Más de 250.000 personas del País Vasco han huido hacia otras regiones de España para poder vivir sin estar permanentemente amenazados. Pero muchos otros ciudadanos soportan a diario la presión nacional-socialista, aprietan los dientes, luchan y resisten sobre el terreno. La violencia de los independentistas nacionalistas es implacable con ellos y se ejerce tanto en forma de actos administrativos de mandatarios intervencionistas como en actos terroristas contra sus negocios, familias y vidas.
Visto desde la distancia nos olvidamos de que el miedo y las sospechas atenazan a la población en aquellas regiones donde arraiga el terror nacionalista en actos tan cotidianos como caminar por la calle, estudiar en el colegio o la universidad, trabajar o, simplemente, realizar la compra. Es por ello que los ciudadanos con menor fuerza moral acaban cediendo a la coerción, optan por un silencio cómplice frente al colectivo totalitario y eligen arrastrar su vida sin libertad frente a los nacionalistas. Y, al no aplicarse correctamente el Estado de Derecho y las leyes, los peores acaban apoyando impunemente los atentados terroristas y las prebendas del nacionalismo separatista.
Sin duda, Hayek es absolutamente descriptivo al analizar cómo un colectivo totalitario alcanza el poder en un municipio, en una región o en una nación:
Todo lo que se necesitaba para dar a un grupo un poder abrumador era llevar algo más lejos el mismo principio, buscar la fuerza, no en los votos seguros de masas ingentes, en ocasionales elecciones, sino en el apoyo absoluto y sin reservas de un cuerpo menor, pero perfectamente organizado. La probabilidad de imponer un régimen totalitario a un pueblo entero recae en el líder que primero reúna en derredor suyo un grupo dispuesto voluntariamente a someterse a aquella disciplina totalitaria que luego impondrá por la fuerza al resto.
Hemos tenido un ejemplo reciente en la localidad de Azpeitiacon el asesinato de Ignacio Uría, justo antes de producirse el 30 aniversario de la Constitución Española de 1978, ya que permite retratar la grave enfermedad moral que provoca el sometimiento a la violencia sostenida en el tiempo. En la cafetería a donde se dirigía para su partida habitual, el tapete siguió sobre la mesa y los jugadores que lo esperaban no suspendieron la sesión, ni siquiera quedaron compungidos y apesadumbrados, simplemente miraron hacia otro lado y buscaron otro jugador que lo sustituyese, con una frialdad que refleja la renuncia moral que aqueja a una sociedad que ha descendido a los infiernos de la servidumbre al terrorismo y al colectivo nacionalista.
La inacción del Estado central, la propaganda y el control de los medios de información, así como la presión y el desgaste moral del nacionalismo han permitido que el ayuntamiento de Azpeitia esté gobernado por ANV (Acción Nacionalista Vasca); a pesar de ser un partido político ilegalizado y disuelto por el Tribunal Supremo por su "relación de sucesión o continuación" con el entorno nacional-socialista del País Vasco y por "constituir la candidatura" del grupo de asesinos terroristas ETA (Euskadi Ta Askatasuna), de ideología nacionalista y marxista-leninista.
Hayek se preguntaba por qué los peores se colocan a la cabeza de la sociedad, cómo ascienden políticamente las gentes con los principios intelectuales y morales más bajos, cómo las personas más dóciles y crédulas, sin firmes convicciones propias, se dejan embaucar por la utopía y por el nuevo sistema de valores morales colectivistas, repetido por la propaganda totalitaria. Y nos previene contra el hábil demagogo que busca un enemigo común en el "judío", el "kulak" o el "español", para aglutinar en torno suyo el odio tribal y captar la visceralidad más primitiva del colectivo. Y acierta de pleno cuando considera que existe una "tendencia universal de la política colectivista a volverse nacionalista… al servicio de un grupo limitado,… como alguna especie de particularismo, sea nacionalismo, racismo o clasismo".
Al funeral por la víctima del terrorismo asistieron los principales líderes de esa casta política que, ante los constantes ataques de terroristas y de políticos nacionalistas, no defiende con contundencia los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.
El silencio amoral de los ciudadanos de Azpeitia es sólo un síntoma de la grave enfermedad moral que padece nuestra sociedad. Y la renuncia moral del Gobierno y de los partidos de la oposición, con la única excepción de una diputada, retratan un régimen político corrupto que sólo piensa en medrar electoralmente, en mantener cargos y en intentar aparentar la moral y la dignidad que perdieron en el momento que dejaron de aplicarse la Constitución y las leyes que deben garantizar los derechos y la libertad de los ciudadanos no nacionalistas en muchas regiones de España.
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