Las entidades de gestión de derechos son uno de los grupos de presión más influyentes en la Unión Europea.
Las entidades de gestión de derechos de autor, entre las que juega un papel preponderante una SGAE salpicada día sí día también de escándalos de corrupción, configura uno de los lobbies más influyentes en España y en la Unión Europea en general. En una extraña muestra de valentía, el Ejecutivo de Mariano Rajoy osó (hace ahora cuatro años) cargarse el mecanismo de saqueo al consumidor conocido popularmente como “canon digital”. De esa manera, los ingresos que percibían esas organizaciones a cambio de no ofrecer bien o servicio alguno a quienes tenían que pagarles mermaron de forma significativa.
Sin embargo, y tras sentencias en contra dictadas tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Europeo de Justicia –los eurócratas con toga no son mejores que los que se sientan en la Comisión o el Europarlamento–, un Gobierno presidido por el mismo Mariano Rajoy ha aprobado que el canon vuelva a nuestras vidas.
Cada vez que compremos soportes y dispositivos entre los que figuran CD, memorias USB, discos duros, teléfonos móviles o impresoras multifunción tendremos que pagar a la SGAE, AISGE, CEDRO y similares cantidades que oscilan entre 8 céntimos y 6,25 euros. Los smartphones tendrán, por ejemplo, un sobrecoste de 1,10 euros, y las tablets uno de 3,15 euros. Teóricamente, ese canon lo tienen que pagar los fabricantes o importadores de esos productos, pero está claro que se repercutirá en el precio final.
Pero no nos engañemos. Hasta ahora también hemos estado pagando el “sistema equitativo de compensación por copia privada” (nombre oficial de este mecanismo) a las entidades de gestión de derechos de autor. La diferencia es que el asalto a nuestras carteras se realizaba vía impuestos. Cuando el Gobierno eliminó el mecanismo ahora recuperado lo que hizo fue compensar a la SGAE y compañía con una partida de los Presupuestos Generales del Estado. Hay que reconocer, eso sí, que esas organizaciones salieron perdiendo.
Antes de que se eliminara el canon digital llegaron a ingresar 115 millones en un año (2011) como compensación por copia privada. Durante los últimos ejercicios esa cifra se ha visto reducida a cinco millones de euros, pagados por todos y cada uno de los contribuyentes en forma de gasto público. De esta manera, se redujo la cantidad de dinero de los ciudadanos que las entidades de gestión cobraban a cambio de ningún bien y servicio, y además se repartió el pago entre todos los ciudadanos. Los perjudicados eran muchos más, pero lo notaban menos.
El problema real no reside, sin embargo, en la forma de cobro ni en la cantidad sustraída a los consumidores. Reside en la mera existencia de la “compensación por copia privada”. Se crea para resarcir a esas entidades por el teórico perjuicio que les supone que una persona haga una copia de seguridad (o con otro fin particular) de un disco, película o libro en vez de adquirirlo dos veces. Se trata de un absurdo, puesto que nadie se compraría dos veces para su uso personal un bien de ese tipo.
Pero incluso aceptando este absurdo, existe un posible mecanismo mucho menos injusto para los consumidores. Se trata de un sistema que, además, permitiría que el dinero de la “compensación por copia privada” fuera a parar de forma clara a sus destinatarios en vez de a unas entidades poco claras a la hora de repartir estos ingresos entre sus asociados. Bastaría que el canon se impusiera sobre la obra original adquirida, bien con soporte físico bien en forma de archivo digital que se puede comprar a través de internet. Ahí sí que pagaría por el “derecho” de copia privada quien pueda ejercerla, y no quien se compra un móvil en el que jamás va a descargar una canción o el que adquiere un disco duro externo para almacenar las fotos de sus viajes.
Pero seguramente eso nunca lo veremos. Las entidades de gestión de derechos de autor se opondrían porque mermarían sus ingresos, y los eurócratas pararían cualquier iniciativa legislativa de este tipo para contentar a tan poderoso lobby. En cualquier caso, la SGAE y similares seguirán metiendo mano en nuestros bolsillos lo queramos o no. Tal y como han hecho hasta ahora.
3 Comentarios
Dura Lex sed Lex.
Dura Lex sed Lex.
Está en juego la civilización. Si dejamos de cumplir las leyes, todo se vendrá abajo. Y no hay suficientes leyes para defenderla. Debería haber leyes contra las críticas a las leyes, por el daño que dichas críticas causan a la civilización occidental. ¿Libertad de expresión? Vaya camelo. Cómo va a existir la libertad de expresión si el poder político controla el lenguaje, los estándares industriales, los soportes de información, y hasta la venta de información. Esto es la civilización: el control de la información mediante amenazas de violencia.
Liberalizar la información es oponerse a la civilización.
Así que manos arriba, A.J.Chinchetru.
Si verdaderamente a la sgae
Si verdaderamente a la sgae le importase la compensacion por copia privada no se cargaria sobre los dispositivos virgenes sino sobre las obras originales.
Pensadlo:Si el problema es que voy a hacerme una copia privada de un original tiene mas sentido cargar un porcentaje cuando compro el original en la tienda ya que al comprar un soporte virgen es mucho mas probable que sea para grabar mis datos.
En realidad el canon opera como una subvencion del Estado a ciertos grupos con el dinero de los ciudadanos.
Osea lo de siempre.
La pena es que todo esto suena muy de hace 15 años cuando aun se vendian dvd de grupos y soportes virgenes aplicando a los dvd lo que ya hacian con las cassetes de los 80.
Eso si, el iva a la «cultura» si que se baja.
¡Qué malvado comentario! Es
¡Qué malvado comentario! Es como si quisieras que hubiera menos obras originales…
El IVA no debería existir. Es un horror que pretendan cobrar (otra vez) a los vendedores por el privilegio de vender. Lógicamente, los vendedores le cuelgan el muerto a los compradores, lo cual hace que haya (un poco) menos consumo del que debería haber sin IVA. Esto tiene sentido si los gobiernos juzgan que «la gente consume mucho y eso es un mal moral que hay que coregir de alguna manera». Pero los gobiernos luego de establecer leyes para dificultar el consumo se encuentran empobrecidos, maniatados, con paro, con menor recaudación de renta, mercados negros, inseguridad, robos, etcétera, y tienen que hacer leyes para estimular el consumo y «reactivar» la economía (la parte legal de la economía, la que supervisan los gobiernos).
¿No sería más fácil retirar los impedimentos al consumo? No, porque la política no funciona así. Siempre que haya algún problema generado por la legislación y las ideologías de los gobernantes hay que responder con más legislación y nuevas y grandes teorías bienintencionadas, que generarán otros problemas que requerirán nuevos programas ya acciones de gobierno y más «pensamiento profundo», y así hasta el infinito y más allá.
El síndrome de Münchausen por proxy lo explica muy bien.