Capitalizar para revalorizar las pensiones

La bolsa no conlleva muchos riesgos, al menos si se trata de invertir en el largo plazo.

Uno de los temas económicos que más de moda está hoy en día es sin duda alguna el de las pensiones. Probablemente, su cuñado, en alguna de sus últimas comidas familiares seguramente le habrá hablado sobre ellas, criticando a los políticos por su mala gestión, puesto que todo parece indicar que van a perder poder adquisitivo en el futuro, pero, quizás, no sea tan común escucharle hablar sobre arrebatarles el control sobre estas para caminar hacia una capitalización del sistema.

Y es que, ciertamente, uno de los puntos clave en donde podemos comprobar la insostenibilidad de la estafa intergeneracional de las pensiones es en lo relativo a su revalorización, esto es, en cuanto aumentan cada año, con el fin de al menos mantener su poder adquisitivo. Pero, ¿cómo se revalorizan las pensiones?

Desde el año 1985 y hasta el año 2013 las pensiones se han revalorizado tomando como índice de referencia el IPC. Efectivamente, en 1985, se estableció que las pensiones se verían incrementadas de acuerdo con el IPC previsto para ese año. Pero claro, una cosa es la inflación que se prevé a comienzos de año y otra cosa distinta es la que finalmente se registra, así que en el año 1994 se introdujo la posibilidad de que las desviaciones entre el IPC previsto y el que finalmente se registrara a final de año se corrigieran —se tomaba el dato interanual del mes de noviembre, para compensar la diferencia en el mes de diciembre—, incluyendo también la posibilidad de poder hacer ajustes negativos en caso de que el IPC registrado  fuese inferior al previsto, si bien dichos ajustes negativos se eliminaron en el año 1998.

Hasta la llegada de la Gran Recesión, en el año 2008, las pensiones se pudieron revalorizar según el IPC más o menos sin problemas, aunque por el medio se recortaran a través del incremento de la base reguladora, el período de carencia y el número de años cotizados necesarios para poder tener derecho al cobro del 100% de la pensión, al mismo tiempo que el Estado le prestó a la Seguridad Social más de 17.000 millones de euros en los años 90, que a día de hoy siguen sin devolverse.

Los problemas comenzaron en el año 2009, cuando una vez iniciada la crisis económica y con el consiguiente deterioro en el nivel de ingresos de la Seguridad Social, sumado al aumento del número de pensionistas y al importe medio de cada pensión, dificultó mantener dicho sistema de revalorización. La fragilidad de la Seguridad Social se evidenció en el ejercicio 2011, cuando las pensiones se congelaron —excluyendo las mínimas y no contributivas—, y todo ello con un IPC del 2,9%; tan solo corregir la desviación de la inflación de 19 décimas para las pensiones que no se congelaron significó un gasto de 382,34 millones de euros. En los años 2012 y 2013 la revalorización fue del 1%, pero en el primero de estos años el IPC alcanzó el 2,9% y en el segundo el 0,2%, por lo que las pensiones perdieron poder adquisitivo en un 1,1% durante estos dos años.

Como indican Devesa et al (2015), el gasto en pensiones contributivas entre los años 2000 y 2011 se incrementó a una tasa media anual del 6,3%, explicando más de la mitad de este crecimiento el factor de revalorización:

Sin embargo, tampoco se puede obviar que el sistema de revalorización es un componente esencial en el crecimiento del gasto en pensiones y, en consecuencia, es una variable clave para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. En efecto, la evolución del gasto depende de tres factores: el crecimiento del número de pensiones, la revalorización de las pensiones y el efecto sustitución.

Así, en el año 2013 se introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones, que era un índice que tiene en cuenta los ingresos y gastos del sistema, así como la evolución del número de pensionistas y la pensión media. Dicho Índice introducía un límite inferior y superior, a saber, en caso de ser negativo las pensiones se incrementarán como mínimo en un 0,25% y, en todo caso, estas no podrán incrementarse en más de un 0,5% más el IPC.

Desde el año 2014 las pensiones se han revalorizado en términos nominales todos los años en un 0,25%, si bien, durante los años 2014 y 2015 las pensiones ganaron poder adquisitivo, puesto que la inflación fue del 1% y del 0%, respectivamente, esa ganancia se vio compensada casi por completo en el ejercicio 2016, al registrarse un IPC del 1,6%, y las previsiones apuntan a que en el año 2017 también perderán poder adquisitivo. De hecho, en un estudio se ha estimado que como mínimo tendremos un Índice de Revalorización negativo hasta el año 2020.

Ante esta situación, muchos han sido los políticos y sindicatos que han criticado el nuevo Índice de Revalorización, alegando que España era el único país europeo en el que no se empleaba el IPC como índice de referencia para revalorizar las pensiones. Más lejos de la realidad, tan solo Francia, Italia, Hungría y Austria tienen en cuenta de forma exclusiva la evolución de los precios para revalorizar las pensiones. En torno al 60% de los países mantienen sistemas mixtos en los que se tienen en cuenta tanto la evolución de la inflación como la de los salarios, y en Grecia y Portugal incluyen la marcha de la economía como variable para revalorizar las pensiones.

Llegados a este punto, debemos tener presentes que el sistema de pensiones no puede permitirse revalorizar las pensiones tomando de forma exclusiva la inflación. Por ejemplo, la Comisión Europea (2015) con estimaciones un tanto optimistas de tasas de empleo del 73% para el año 2060 y un crecimiento medio anual hasta ese mismo año del 1,5%, considera que la tasa de sustitución —porcentaje del último salario que representa la pensión— de las pensiones pasará a ser del 48,6%, esto es, el nivel de vida de los pensionistas con respecto a su último salario caerá en torno a un 40%.

Hernández de Cos, Jimeno y Ramos (2017) estiman que si se quisiera mantener la tasa de sustitución en el 43,9% actual —relación entre el salario medio y pensión media—, y con una tasa de empleo del 60%, el gasto en pensiones se dispararía al 22,6% del PIB en el año 2050, y con una tasa de empleo del 70% este nivel de gasto sería menor, de entorno al 19,4% del PIB. Si se quisiera mantener el nivel de gasto en el 12% del PIB, la tasa de sustitución tendría que reducirse al 23,3% en caso de una tasa de empleo del 60% y al 27,2% si esta fuese del 70%. Pero tampoco hace falta irnos tan lejos, por ejemplo, en el año 2035, el gasto en pensiones se dispararía al 12,9% o al 15%—dependiendo de si la situación del empleo es más o menos favorable— si se quiere mantener la tasa de sustitución actual; en cambio, si el objetivo es mantener en el 12% el gasto en pensiones en relación al PIB, la tasa de sustitución se reduciría al 41% en el mejor de los casos, y al 35,1% en el peor de los escenarios.

Por tanto, y ante esta situación de insostenibilidad financiera de la Seguridad Social, España ha recorrido el camino que han hecho muchos otros países europeos a lo largo de la última década, a saber, el número de países que han tomado como referencia la evolución de la economía o la sostenibilidad de su sistema de pensiones se ha duplicado, al mismo tiempo que se le ha dado mucha más importancia a los sistemas privados de capitalización, para poder complementar las pensiones públicas. Es el caso de países como Suecia, en el que las pensiones públicas representan el 37% de la tasa de sustitución, frente al 19% de las privadas obligatorias; o en los Países Bajos que con la tasa de sustitución más elevada de la OCDE —90,5%— la pensiones privadas representan el 70% de dicha tasa de sustitución.

El camino que debe recorrer España hacia la capitalización de al menos parte de sus pensiones no es distinto, puesto que de mantenernos con el sistema actual de revalorización y sin complementar las pensiones públicas, estas perderán continuamente su poder adquisitivo. Por ejemplo, Sánchez (2014) ha estimado que con la actual reforma, una persona que se jubile en el año 2015 a los 10 años su pensión habrá perdido un 7% de poder adquisitivo, y 40 años después de jubilarse tendrá el 48% de su valor original.

Por tanto, parece claro que España debe introducir sí o sí un sistema de capitalización de sus pensiones, puesto que de lo contrario las pensiones futuras serán cada vez más reducidas o, en el caso de querer mantenerlas en niveles similares a los actuales, el coste de estas serán muy  elevados, lo que significará subidas impositivas —con los efectos al empleo y producción que conllevarían, lo que incrementaría el gasto en pensiones en relación al PIB— y recortes de diversas partidas presupuestarias para no descuadrar las cuentas públicas.

Un último apunte, si en vez de encontrarnos en un sistema de reparto, destináramos lo que cotizamos en media al años a lo largo de nuestra vida laboral —unos 6.000€— a replicar algún índice bursátil —suponiendo que se mantuvieran las rentabilidades históricas—, obtendríamos una pensión que, en el peor de los casos, sería similar a la pensión máxima.

Por ejemplo, el capital acumulando replicando el Ibex 35 en el momento de llevar 40 años trabajando sería de 1,2 millones de euros lo que permitiría obtener una pensión mensual solo con los intereses de casi 7.000 euros. En caso de replicar las bolsas mundiales la cantidad acumulada sería de 800.000 euros y una renta mensual de 3.300 euros. Replicar las bosas de Estados Unidos nos aportaría un capital de 1,1 millón de euros y una paga mensual de 5.800 euros. Finalmente, las bolsas europeas nos aportarían un capital final de 620.000 euros y una pensión al mes de 2.200 euros.

Y no, la bolsa no conlleva muchos riesgos, al menos si se trata de invertir en el largo plazo. Siegel (1998) muestra que si bien el riesgo del mercado bursátil medido por la desviación estándar según los años de tenencia de acciones es mayor que al de los bonos y letras del tesoro en el corto plazo, pero en 20 años la volatilidad de esas acciones es inferior. En concreto, entre 1802 y 1996, la desviación estándar de la bolsa para períodos de tenencia de un año es el doble que la de los bonos —18% frente a 9%—, dicha desviación se reduce a lo largo de los años, por ejemplo, con períodos de tenencia de 20 años, la desviación en las acciones es de en torno el 3%, frente al 4% de los bonos. Este menor riesgo puede deberse a que por ejemplo, el Standard and Poor´s ha registrado caídas de hasta un 40 por ciento en un solo año, pero en períodos de 20 años el rendimiento anual ha sido siempre superior al 1%.