Regular Bitcoin implicaría eliminar sus características más valiosas.
Cada vez que usted escuche a alguien diciendo que Bitcoin solo es útil para criminales y evasores de impuestos, está usted escuchando a alguien que, de forma intencionada o no, está pidiendo que Bitcoin se convierta en un privilegio exclusivo para los criminales.
Trataré en primer lugar la cuestión de la evasión fiscal, pero seré breve puesto que como mostraré a continuación se trata de un argumento falaz ya que la herramienta típica de trabajo del fisco no es la información que puedan proporcionar los bancos o en su caso la que podría aportar u ocultar Bitcoin.
La agencia tributaria utiliza sobre todo las retenciones y los modelos informativos para obtener la información que necesita. Por ejemplo, obliga a los empresarios a retener una parte de las nóminas de sus empleados y comunicar a Hacienda tanto la retribución total como la retención, de manera que si el empleado informara de algo distinto en su declaración de la renta, Hacienda lo detectaría inmediatamente. También se utilizan sistemas de estimación objetiva o de “tarifa plana” (los famosos módulos) que dentro de unos límites ni siquiera dependen tanto de las transacciones en particular sino de una aproximación genérica según el tipo de actividad y su tamaño (superficie del local, número de empleados, potencia eléctrica contratada, etc.).
En definitiva, el fisco puede arreglárselas bastante bien con o sin Bitcoin gracias a los mecanismos que acabamos de describir junto con la amenaza de sanción en caso de incumplir con lo requerido por dichos mecanismos.
En cuanto al uso ilícito, imponer sobre Bitcoin regulaciones contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (AML / KYC) implica privar a Bitcoin de dos de sus características más importantes y valiosas: la accesibilidad y el bajo coste en infraestructura legal. Este tipo de regulaciones elevarían las barreras de entrada para las personas con menos recursos e impedirían el desarrollo de incontables casos de uso de Bitcoin honestos y lícitos que nos beneficiarían a todos.
Hay miles de millones de personas en el mundo que no tienen una cuenta corriente en un banco, y una de las razones es que nunca podrían tramitar un proceso de KYC/AML por no tener los medios para probar su identidad, o por no cumplir con los requisitos que exigen estas regulaciones.
Además, es extremadamente hipócrita asociar Bitcoin con actividades ilícitas cuando precisamente las monedas tradicionales como el dólar o el euro, ya sea en forma de billetes físicos o mediante cuentas bancarias, son más opacas que esta criptomoneda y se utilizan muchísimo más para este tipo de actividades. Ni siquiera con el aumento de regulaciones se ha conseguido reducir los casos de blanqueo de capitales y otros escándalos protagonizados por las entidades financieras.
Si se prohibiera o limitara el uso de Bitcoin, el ciudadano medio que quisiera usar esta moneda honestamente no podría hacerlo, o lo haría parcialmente o con un coste mayor. Sin embargo, los criminales si podrán utilizarla porque ellos se dedican precisamente a saltarse las prohibiciones y las limitaciones. El resultado sería una profecía absurdamente autocumplida que, además de fracasar en su propósito, privaría a las personas honestas de un instrumento útil, especialmente a las personas que más lo podrían necesitar.
Por otro lado, los billetes y cuentas corrientes que utilizamos para realizar cobros y pagos son pasivos bancarios respaldados por hipotecas, bonos, préstamos a empresas y particulares, etc. El valor de nuestras cuentas corrientes depende, por tanto, del valor de los activos que las respaldan, y para que estos últimos tengan valor es necesario una seguridad jurídica que habilite a los bancos para reclamar ante la justicia los posibles impagos de esos activos. Muchos países no tienen la seguridad jurídica necesaria para que un sistema bancario pueda llegar a tantas personas como llega en los países desarrollados.
Bitcoin no es el pasivo de nadie y como tal no necesita una infraestructura legal para existir y cumplir su función. Un smartphone sencillo y una conexión a internet básica son suficientes para utilizarla. Estas infraestructuras técnicas son mucho más baratas de desplegar que una sólida seguridad jurídica. Prueba de ello es que hay muchos millones de personas que no tienen una cuenta en un banco, pero sí tienen acceso a un smartphone.
Esta reducción en los costes sin duda dará lugar a una gran cantidad de nuevos productos, servicios y negocios que hasta ahora no eran posibles y que ni siquiera podemos imaginar, y tenemos la responsabilidad de permitir que el mercado los descubra. Regular Bitcoin obstaculizaría enormemente este proceso.
Como en cualquier otro ámbito, los comportamientos ilícitos se pueden combatir perfectamente con el código civil, el código penal y el código de comercio (o equivalentes en cada país). Los decretos y regulaciones ad hoc no solo son intrusivos e injustos al precriminalizar por defecto a todos, sino que a menudo producen el resultado contrario del que pretenden alcanzar.
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