Una de las grandes críticas que se suelen formular al sistema de libre mercado está motivada por la indefensión que existiría por parte de los consumidores y las pequeñas empresas frente al poder detentado por las grandes compañías. Cuando se describe el mercado frecuentemente se suele presentar la imagen en la que consumidores indefensos no tienen más remedio que adquirir una serie de bienes y servicios que no son necesariamente los que más le convienen, en unas condiciones que hacen muy difícil cualquier tipo de reclamación, siendo ofrecidos por una serie de grandes empresas que apenas compiten entre sí. Por otro lado, estas grandes empresas emplearían todo tipo de tácticas para impedir el nacimiento o la consolidación de nuevos competidores.
Cabría preguntarse si esta imagen que se tiene del funcionamiento del mercado es cierta. Si se analizan las grandes empresas, es innegable que cuentan con ciertas ventajas muy importantes a la hora de competir. Por un lado tienen una gran facilidad para financiar sus proyectos. Gracias a su tamaño y a su consolidación, les resulta relativamente fácil obtener financiación bancaria, ampliar capital o emitir empréstitos, todo ello a un coste ventajoso. Es por eso por lo que, a la hora de desarrollar nuevos productos o mejorar los presentes, tienen menos problemas de financiación. También sus inversiones en activos fijos resultan muy elevadas, por lo que, a la hora de producir, obtienen importantes economías de escala que reducen sus costes. Por último, y no por ello es el factor menos importante, reúnen una cantidad importante de talento humano. Gracias a sus sistemas retributivos y de reclutamiento son capaces de reunir un personal muy capacitado y motivado para desempeñar sus funciones.
No obstante, la pequeña empresa no carece de armas con las que competir. Así, las grandes organizaciones suelen tener un grado de flexibilidad más reducido precisamente por su tamaño. Un equipo reducido de personas puede cambiar su forma de trabajo a un ritmo mucho más veloz que un grupo grande. También presentan la ventaja de que el pequeño empresario puede estar más en contacto con los cambios del mercado que la cúpula de una gran empresa, debido a que suele tratar directamente con su cliente y sabe lo que necesita. La cúpula de una gran empresa dispone de informes y de su correspondiente equipo de analistas y asesores, pero su contacto con el cliente de base es mucho más reducido. Por último el pequeño emprendedor puede llegar a disponer de empleados mucho más fieles que la gran empresa, ya que muchas veces emplea a la propia familia, que suele cobrar menos, dedicar más horas a su trabajo y pensar menos en cambiar de empleador que el personal de una gran empresa, a lo que habría que añadirle la importancia que sobre el total del trabajo desempeñado suele tener la labor del fundador de la empresa.
Mientras tanto, el consumidor se ve beneficiado por la existencia de empresas de distinto tamaño que se ven obligadas a competir entre sí para contar con su beneplácito, al ser, realmente, la única persona que efectúa la elección de a quién comprar.
No obstante este funcionamiento no es siempre tan idílico, y muchas veces se pueden ver quejas de las dificultades que encuentra el pequeño empresario a la hora de desempeñar su labor. Muchas de las quejas tienen que ver, sin duda, con la dificultad intrínseca que tiene su tarea. No es una tarea fácil ofrecer lo que el cliente necesita, al precio que quiere, mejorar con respecto a la competencia, satisfacer las pretensiones económicas de proveedores y empleados, y obtener financiación para todo ello. Sin embargo, muchas veces sus quejas no suelen estar motivadas por lo anterior sino debido a la legislación y sus cambios, y ahí sí que suele presentar una ventaja competitiva importante la gran empresa. A la hora de redactar nuevas leyes es frecuente que se abra un periodo de consultas sobre la idoneidad de éstas. La gran empresa suele contar con un gran equipo de personas (bien de su personal, bien asesores externos) que saben desenvolverse en la administración, por lo que tan pronto se anuncie la intención de dictar una ley o reglamento, podrán formular las alegaciones pertinentes para que los cambios no les perjudiquen o incluso les beneficien. Incluso saben con qué personas entrevistarse para lograr iniciativas legislativas favorables. Sin embargo, esta capacidad no está tan disponible para las pequeñas empresas, por lo que no suelen presentar ningún tipo de alegaciones, sugerencias o informes.
Este tipo de asimetría normalmente no puede ser compensada ni por la pequeña empresa, ni por el consumidor individual. La existencia de asociaciones puede facilitar la participación de éstos en estos trámites e iniciativas, sin embargo, dada la multiplicidad de fines que persigue cada uno de los asociados, su escasa representatividad y sus limitaciones presupuestarias, estas asociaciones no suelen tener la misma efectividad que las grandes empresas, aunque indudablemente existen sus excepciones, y pueden provocar asimetrías en sentido opuesto.
Esta asimetría se puede estudiar mejor con un ejemplo. Supongamos que se pretendiese llevar a cabo una subida en los tipos a la Seguridad Social de las empresas que venden al público un determinado producto. Rápidamente las grandes empresas se pondrían en contacto con el órgano que pretende dictar dicha norma, para hacer ver la serie de inconvenientes que tendría dicha medida, por ejemplo, sobre el empleo en dichas empresas. La Administración puede llegar al acuerdo con dichas empresas de realizar dicha subida sólo sobre trabajadores a tiempo parcial, para que no les perjudique tanto, y fomentar, de dicha forma, el empleo con dedicación total. En principio parece que todo el mundo sale ganando. No obstante dicha medida contaría con un perjuicio importante, que serían las pequeñas empresas. En las grandes empresas, precisamente por su tamaño, resulta más infrecuente, porcentualmente hablando, realizar contrataciones a tiempo parcial. Es fácil reemplazar a varios trabajadores a mitad de jornada con la mitad de dicha cifra a jornada completa. Sin embargo, esto no es tan cierto en las pequeñas empresas, donde puede que sólo se necesite un trabajador a tiempo parcial, suponiendo esto un porcentaje importante sobre el total de horas trabajadas. Por tanto se introduciría una asimetría artificial a la hora de competir en el mercado, precisamente introducido por una ley.
Esta misma distorsión se produciría con respecto a los consumidores. Para una gran empresa es posible promover o reformar iniciativas que les sean ventajosas a ellas, pero cuyo resultado indirecto implique la pérdida de derechos contractuales o de posibilidades de adquisición por parte del consumidor.
Por tanto, aunque las circunstancias en las que suelen competir las empresas son distintas, éstas deben poder aprovechar sus respectivas ventajas competitivas a la hora de satisfacer a sus clientes. No obstante, pueden existir asimetrías que no son consustanciales ni al mercado ni a la especificidad de cada empresa, y que lo distorsionan, siendo introducidas desde el ámbito legal. Éstas distorsiones al final van a perjudicar al propio consumidor, al disminuir la competencia y por tanto su posibilidad de elección, que es una de las mejores salvaguardias que tiene el consumidor. De ahí la importancia de que el marco legal sea neutral, logrando así un juego limpio entre todos los actores y que lleguen al consumidor la mayor cantidad de posibles ofertas.
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