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Competitividad internacional y el ajuste del gasto público

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En cierto modo, la actual tensión política y social es similar a la ocurrida en los años 30 del siglo XX, que permitió el ascenso de las ideologías colectivistas del nazismo, el fascismo o el comunismo. Así, por ejemplo, si observamos la suma de los votos a los partidos políticos extremistas en Grecia se acerca al 40% de un electorado que parece no estar dispuesto a realizar sacrificios y prefiere abrazar utopías. Si bien, afortunadamente, en otros países europeos parece que, de momento, los ciudadanos están siendo política y económicamente más sensatos y maduros.

La crisis económica y financiera que atraviesan España y Europa requiere un cambio cultural que deben asumir las autoridades y los ciudadanos. En vez de dejar caer sus voluntades hacia el lado de las soluciones erróneas y radicales que pretenden imponer más Estado y más gasto "social", los europeos deben estar dispuestos a afrontar la necesidad de imponer la austeridad en las cuentas de las administraciones públicas, ajustar los gastos a los ingresos de las familias, trabajar más duro y mejor, investigar, desarrollar e innovar, emprender nuevos negocios que aporten valor añadido a la sociedad y, en definitiva, competir con excelencia para poder sufragar nuestro nivel de vida con exportaciones de bienes y servicios.

1. Competitividad internacional

Europa está ante una encrucijada histórica que determinará su papel geopolítico en las próximas décadas. Por un lado, los ciudadanos europeos se han acostumbrado a su actual nivel de vida con multitud de derechos "sociales" que son provistos, de forma ineficiente, por un gigantesco estado de "bienestar".

Y, por otro lado, aunque Europa dedica un presupuesto mínimo a los asuntos de seguridad interior y exterior porque cuenta con el paraguas protector de los Estados Unidos de América, la creación de riqueza en las naciones europeas viene descendiendo de manera imparable en las últimas décadas y, para retomar la senda del crecimiento económico, se requiere realizar una considerable reducción del gasto público e implementar reformas estructurales para ganar competitividad frente a las áreas económicas de los países emergentes como los denominados BRICKS (Brasil, Rusia, India, China, Corea del Sur y Sudáfrica).

2. Estructura de gasto público en España

Tal y como sucede en la mayoría de los países de Europa, y a pesar de los ajustes realizados en la administración central por el actual Gobierno de España, el gasto "social" sigue siendo excesivo porque todavía representa un 56 % sobre los capítulos I a VIII en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 [1] frente a un 58 % en los PGE 2011 [2] y, en el presente contexto de recesión económica y bajos ingresos tributarios, sigue lastrando —aún más— la economía española.

Esto último significa que, si queremos sanear las cuentas públicas para poder atender los pagos comprometidos por el Estado, sin necesidad de subir aún más los impuestos a las personas físicas y jurídicas [3][4], es imprescindible sumar la austeridad en la administración periférica y que el ajuste fiscal llegue con rigor y seriedad a las 17 Comunidades Autónomas y a las entidades locales porque, curiosamente, las Transferencias a otras Administraciones Públicas ascendieron desde 42.810,63 millones de € en el año 2011 hasta los 49.686,40 millones de € en los PGE 2012 [5].

Adicionalmente, ese porcentaje implica que sigue siendo excesivo (e insostenible) un gasto social de 175.382,70 millones de € sobre los 311.825,85 millones de € de los capítulos I a VIII, teniendo en cuenta que se ha reducido el dinero destinado a los servicios públicos básicos desde los 19.731,10 millones de € en el año 2011 hasta tan sólo 17.909,01 millones de € en el 2012 para Justicia, Defensa, Seguridad ciudadana e Instituciones Penitenciarias y Política Exterior.

Estos datos económicos explican por qué la mayoría de españoles tiene la sensación (o la certeza) de que no operan con la suficiente eficacia tanto el servicio exterior como la justicia y la seguridad. Es un hecho que los recursos públicos detraídos de nuestros impuestos se están dedicando a asuntos más "sociales" y "autonómicos", lo que está mermando la calidad de los servicios fundamentales que debería prestar un Estado a sus ciudadanos y que justifican su propia existencia como institución.

En definitiva que, para poder hacer frente a sus pagos, las Administraciones Públicas tendrán que rebajar las prestaciones sociales e introducirse el copago en multitud de servicios públicos en Europea, porque es la única vía económica para garantizar su sostenibilidad por medio de su provisión público-privada o sólo privada. La otra vía es la subida de impuestos, que provoca el estancamiento del consumo, desincentiva la función empresarial y, por tanto, nos sumerge con un mayor lastre en la recesión económica.

3. Toma de decisiones en política económica

La reticencia de los políticos a tomar decisiones económicas, para realizar los cambios necesarios en la estructura de gasto de las administraciones públicas, viene provocada por el deterioro electoral que tienen que asumir, y que sólo puede minorarse con una política de comunicación muy cuidada, que sea didáctica y logre transmitir adecuadamente los valores de transparencia, honradez, austeridad, esfuerzo y sacrificio que se requieren para salir de una crisis económica y financiera.

Sin embargo, es especialmente importante que arraigue con fuerza entre las autoridades el sentido de Estado y la visión estratégica a largo plazo que exigen la necesidad de gestionar con austeridad pública, con fomento del ahorro y con impulso de la empresarialidad, para dotar un área política y económica que compita con garantías de éxito en el contexto de la economía mundial, para lo cual el Euro puede ayudar, siempre que se le deje actuar como un patrón monetario, para que fuerce a los gobiernos hacia la reducción del gasto público y hacia las reformas estructurales; sin necesidad de recurrir a los déficit presupuestarios y a las emisiones de deuda soberana para financiarse que operan a medio y largo plazo en contra de los principios del crecimiento económico.

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