Con las cosas de comer no se juega

Acabamos de asistir al nacimiento de otro indicador económico agregado, de los que tanto gustan a los economistas. Se trata del IPOD (nada que ver con el cacharrito de Apple), el Índice de Precios en Origen y Destino. Se nos presenta por cortesía de diversas organizaciones de consumidores (la UCE y la CEACCU) al alimón con los grupos que representan a agricultores y ganaderos (COAG).

¿Cuál es el propósito del recién nacido índice? Ni más ni menos que mostrarnos las diferencias que hay entre el precio que tienen determinados alimentos en origen, esto es, el que paga la cadena de distribución al agricultor o ganadero, y el precio en destino, o sea, el que el último distribuidor cobra al cliente final. Evidentemente, de forma directa, esta diferencia nos ilustrará sobre el margen de este precio final que retiene la cadena de distribución.

Como cabe esperar, habida cuenta de las partes interesadas en publicar esta información, la citada diferencia resulta ser escandalosa. Si bien los datos oficiales aún no están publicados, los referidos en la rueda de prensa hablaban de una diferencia media del 483% para los 25 alimentos controlados, siendo extremo el caso de los plátanos, que se pagan en origen a 12 céntimos/kilo y se venden a 1,83 Euros/kilo al consumidor.

Hasta aquí el estudio es perfectamente legítimo, y no deja de añadir transparencia al mercado. Es una forma barata mediante la que posibles emprendedores podrían encontrar nuevas oportunidades de negocio. La preocupación viene después, cuando, como también cabía esperar, las entidades elaboradoras instan al Gobierno a intervenir para que se acabe con la "abusiva especulación" que provoca la injusta formación de precios y de márgenes comerciales.

Y esto es una preocupación porque si, por azar o populismo, el Gobierno cayera en la trampa tendida (y a la que seguro que no faltarán voces que le empujen), entonces sí tendríamos un problema real y cierto: el desabastecimiento de los mercados de alimentos.

Tanto la historia como la teoría económica nos demuestran que si el Gobierno regula los precios o los márgenes de una determinada actividad comercial, provoca la escasez del bien regulado. Esto es fácilmente entendible: al precio que fija libremente el mercado, los productores están dispuestos a ofrecer sus bienes hasta equilibrar oferta y demanda. Pero en el momento en que dicho precio es inferior al de mercado, habrá más cantidad demandada de la que la oferta está dispuesta a proporcionar, por lo que se producirá desabastecimiento.

En la medida en que las actividades de distribución de alimentos están libres de injerencias de la regulación, los precios que se establecen entre cada actividad sucesiva son libres. Si el Gobierno interviene fijando margen, justiprecio o lo que se le ocurra, se reducirá la oferta en estas actividades, trasladándose esta merma por toda la cadena de distribución hasta el consumidor final.

Y sí, puede que el precio para éste sea menor, puede que se consiga reducir el "abusivo" margen comercial que el mercado ha fijado para la cadena de distribución, pero lo que es seguro es que la demanda quedará insatisfecha. Podremos comprar los plátanos más baratos… si los encontramos.

Por eso, hay que pedir un poco de responsabilidad a los grupos de interés que solicitan la intervención en la distribución de alimentos. Está muy bien que informen sobre las diferencias de precios de origen y destino, pero que no vayan más allá, por favor: con las cosas de comer no se juega.