Resultaba previsible que tras el anuncio del fallo de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo[1] que confirma las principales condenas de la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso de los EREs fraudulentos organizados por los gobiernos de la Junta de Andalucía durante más de diez años[2]se organizase una gran campaña para salvar de la cárcel a uno de los principales condenados, Jose Antonio Griñán Martínez.
No en vano, la pena de 6 años de prisión, que se le impuso como coautor – junto a otros nueve altos cargos – de un delito continuado de prevaricación en concurso medial, con un delito de malversación, de especial gravedad por las cantidades desviadas, ha alcanzado firmeza e implica, en principio, el próximo ingreso en prisión, según las disposiciones del Código Penal. A pesar de no haber salido tan mal parado del juicio y contar con una edad -76 años – que facilita la obtención rutinaria de unas condiciones muy favorables de cumplimiento de la pena privativa de libertad – prebostes como el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ya habían aclarado en la campaña de las últimas elecciones autonómicas andaluzas que un expresidente del PSOE[3] con una larga hoja de servicios al partido/secta justifica un cierre de filas de sus militantes sin reparar en barras y colocarse por encima de la Ley. Todos los ocupantes socialistas del Palacio de San Telmo, proclamó el orate, han sido personas “honestas”. Tal cual. A pesar de la malversación de por lo menos 680 millones de euros.
Las primeras reacciones del gobierno actual apenas conocido el fallo, con el lanzamiento de consignas como “pagan justos por pecadores“[4] recordaron – probablemente sin quererlo – que Manuel Chaves González, presidente de la Junta de Andalucía durante casi veinte años, Gaspar Zarrías Arévalo, vicepresidente y Magdalena Álvarez Arza, consejera de Economía y Hacienda durante los años en que se puso en marcha del famoso programa 31 L dentro de las leyes de presupuestos del gobierno autonómico andaluz, entre otros, recibieron como premio unas módicas penas de inhabilitación especial por delitos de prevaricación continuada que presuponían la malversación de caudales públicos. Con esa partida (pronto conocida como fondo de reptiles) se dotaría al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) luego denominado como Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que, a su vez, en virtud de “un convenio” con la Consejería de Empleo, destinaría los fondos a subvencionar empresas supuestamente inmersas en expedientes de regulación de empleo (EREs) por motivos económicos, elegidas con total opacidad y arbitrariedad.
Obviamente la construcción de la cutre epopeya socialista exige olvidarse de la persecución de la primera jueza instructora del caso (Mercedes Alaya Rodríguez). Del mismo modo que no cabe sino admirarse de la entereza y la perseverancia de esta magistrada, apartada del caso por maniobras políticas en contra de su voluntad a finales de 2015, tampoco cabe llamarse a engaño. Las dimensiones del caso habrían exigido a un Estado de Derecho digno de tal nombre proveer de recursos y medios excepcionales a su Administración de Justicia, para afrontar la investigación de unos hechos que implicaron a miles de personas, al modo de los macroprocesos contra distintas mafias en Italia. Los imputados de esta denominada pieza política jugaron con los privilegios del aforamiento. No en vano la causa fue elevada al Tribunal Supremo, pero se devolvió al juzgado de instrucción ordinario para su enjuiciamiento final en la Audiencia de Sevilla. Con ello los procesados ganaron tiempo, por mucho que ahora clamen que se produjeron dilaciones.
Desde altas instancias del estado detentadas por militantes del PSOE o sus adláteres se lanzaron todo tipo de maledicencias contra la magistrada instructora y se obstruyó la investigación (el papel equívoco de la juez sustituta María Núñez Bolaños fue muy criticado). Esa falta de medios del juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla, junto a los privilegios exorbitantes de los aforados, condujo a fragmentar la investigación de unos hechos que deberían comprender también las subvenciones otorgadas y las relaciones de políticos y empleados públicos con las principales empresas beneficiarias, despachos de abogados y asesorías encargados de la tramitación de los EREs con objeto de mantener en funcionamiento este gigantesco mecanismo de compra de votos.
Nunca se sabrá hasta que punto esta endeble instrucción, de la que se beneficiaron los altos cargos del gobierno andaluz, permitió que decayeran las acusaciones de asociación ilícita y de malversación de caudales públicos para los coacusados que durante diez años procedieron con la rutinaria mecánica de elaborar y proponer una ley de presupuestos regionales que contenía ese celebérrimo mecanismo de elusión de controles de la intervención llamado “programa 31 L”.
Pero lo que supera todas las cotas hasta ahora alcanzadas de iniquidad ha sido la petición del indulto para José Antonio Griñán Martínez por supuestos motivos humanitarios y de equidad, firmada por casi todos los viejos miembros de la nomenclatura del PSOE, a la que se han sumado algún político que ya montó en el coche oficial en las postrimerías del franquismo (Rodolfo Martín Villa) y algunos artistas y académicos de la quinta del condenado. Los elementos conocidos apuntan a una operación de altos vuelos para evitar que el interesado llegue a pisar siquiera la cárcel. ¿Con petición de suspensión de la ejecución de la sentencia a la Audiencia sevillana mientras no se resuelva el indulto, “cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria” (art 4 CP? ¿Con simultánea interposición de recurso de amparo y petición de suspensión con el mismo argumento? Cualquier argumento vale cuando se juega con las cartas marcadas.
El bucle en España continúa y se repite hasta el paroxismo. Se ha puesto en marcha la concesión de otra patente de corso de modo explícito. Un estamento político cínico y corrupto considera que sus miembros están por encima de la ley y conviene que así sea. ¿Siempre?
[1] Sentencia 749 de la Secc 1ª de la Sala de lo Penal de 13 de septiembre de 2022. Identificación del Centro de documentación judicial: 28079120012022100737
[2] Sentencia 490 de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Sevilla de 19 de noviembre de 2019, dictada en el Rollo 1965/17. Identificación del Centro de documentación judicial: 41091370012019100159.
[3] Concretamente desde el 5 de febrero de 2012 al 27 de julio de 2017, sucediendo en el cargo al también condenado y expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves González. Fue elegido durante el XXXVIII Congreso del PSOE.
[4] Las aspiraciones del partido ahora sanchista por identificarse con el Estado y una réplica de la Iglesia tiene una larga tradición.
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