Quien vivió antes de 1959 en Cuba tuvo la fortuna de encontrarse entre los pueblos mejor alimentados de América. Existía una industria alimenticia con un desarrollo tecnológico acorde a la época. Durante la revolución castrista todos los recursos productivos privados pasaron a ser públicos. El Estado se erigió en proveedor exclusivo y garante subsidiador de todos los servicios esenciales de la población, entre ellos, el abastecimiento alimentario. Echó a andar el laboratorio caribeño para deleite de muchos colectivistas dentro y fuera de la isla.
Se implantó un férreo sistema estatal de producción y distribución de alimentos. Se eliminaron de golpe los mecanismos del libre mercado que habían existido hasta entonces en Cuba. La asignación de los derechos de propiedad y las vitales señales de los precios se esfumaron. En marzo de 1962, en consecuencia, se estableció una libreta de abastecimiento alimentario para cada persona. Mediante las Oficinas municipales de Control y Distribución de Alimentos (OFICODA) se pretendió poner orden desde arriba al reparto igualitario de alimentos entre toda la población, evitando que nadie quedara sin su alimento básico. Intuitivamente y a primera vista, parecía impecable.
Se puso en práctica la añorada idea progresista de una renta básica (en este caso, en especie) a todo ciudadano por el mero hecho de serlo. Para un cubano, el estar inscrito en el Registro de Consumidores de su correspondiente OFICODA y contar con su libreta era y es más importante que cualquier otra cosa. Sin ella, uno no dispone de su canasta alimenticia, no puede trasladarse de localidad, no puede obtener su documento de identidad, no tiene acceso al suministro energético; en suma, no existe para la autoridad. Con la excusa de que el Estado te da de comer, te somete a su dictado. Así de sencillo.
Las ansias de justicia social desde el poder cubano eran infinitas. En ese contexto, se instauraron también los comedores públicos gratuitos en los centros de trabajo, en los colegios y en los hospitales, de tal forma que todos los trabajadores, obreros, estudiantes y enfermos tuvieran asegurada una comida diaria proporcionada por el papá Estado. Ese paternalismo primario y supuestamente benevolente ejercido por un gobierno centralizado tuvo secuelas muy graves.
Con el paso de los años la tozuda realidad demostró que tan eximios ideales se basaban en premisas insostenibles que condujeron, además, a resultados indeseados. Lo más destacable fue que en Cuba la productividad retrocedió en los sectores agrícola, pecuario y pesquero (en un país rodeado de mar) llevándole a una dependencia casi total de las importaciones de bienes de consumo. Asimismo dicho sistema de distribución colectivizada se fue degradando progresivamente al eliminar de la libreta cada vez más productos, así como al mermar su calidad. Dicho mecanismo de asignación centralizada fomentó también casi desde su inicio el desvío de alimentos para uso y beneficio propio de la clase dirigente donde la corrupción en todos sus niveles era (es) la norma. Pero la consecuencia más letal para la sociedad fue que condicionó las mentes y los esfuerzos de, al menos, tres generaciones de cubanos indefensos que han crecido dentro del régimen de distribución normada, creando sin pretenderlo un verdadero ejército de gente desmotivada y adicta al subsidio masivo de alimentos.
A inicios de los años 90 la URSS se desmoronó como un soufflé (papá Fidel dixit) y con ella también las ayudas que recibía Cuba de su socio privilegiado. Casi un 35% de su PIB se contrajo abruptamente. Las autoridades cubanas, presas del pánico, decretaron el llamado periodo especial en tiempos de paz. Su sola mención produce incluso hoy día gran angustia al cubano medio que lo padeció en carne propia, pues el grado de desabastecimiento de energía, suministros y víveres fue realmente atroz. Empezaron entonces las huidas desesperadas de los precarios balseros hacia costas extranjeras en busca de una mejor esperanza de vida. También se multiplicaron dentro del país las jineteras.
A partir de 1993 el poder central cubano, para evitar la explosión social, hubo de hacer varias concesiones a su sufrida sociedad civil: introdujo la despenalización de la tenencia de divisas (básicamente dólar americano), para después, en 1994, sustituirlo por su equivalente peso convertible (CUC), el llamado chavito, con el que poder adquirir apreciadísimos productos básicos importados en la red de tiendas dolarizadas. Con ello se instauró un sistema bimonetario pero con un férreo control cambiario oficial para seguir beneficiándose la élite política de la existencia de una doble economía. Por último, se autorizaron también a regañadientes modestos empleos por cuenta propia y la vuelta de los llamados agromercados campesinos -regidos por la oferta y demanda- con el reconocimiento incluido de la denostada figura del intermediario para aliviar la pésima calidad de vida y mejorar un poco las carencias nutricionales entre la población. Colaboración público/privada al estilo cubano.
Años más tarde, al convertirse Hugo Chávez en presidente de Venezuela, ideó su caro proyecto de Socialismo del siglo XXI y, con él, volvieron de nuevo las ayudas económicas a la isla y su insostenible tinglado de economía planificada. Fue el salvavidas de un sistema casi asfixiado por carecer de incentivos adecuados para la acción humana y, por tanto, ser incapaz de sustentarse por sí mismo.
Hace tiempo que la libreta de abastecimiento cubana se transformó en una especie de cartilla de racionamiento empleada por otros países en tiempos de guerra o de emergencias nacionales de manera provisional. Tal fue el caso de España tras la guerra civil o los países occidentales después de la 2ª Guerra Mundial. También Israel la padeció en sus duros comienzos como nación. Incluso los propios países socialistas de la Europa del Este la eliminaron a mitad de la década de los años 50. Vietnam la abandonó a finales de la década de los 80. China, con sus más de 1.340 millones de habitantes, no padece racionamiento alguno. Ninguna nación del mundo, salvo Cuba, ha mantenido algo semejante de forma tan prolongada: casi 51 años. Es como si la sociedad cubana hubiera vivido en situación de guerra más de medio siglo. El manido embargo de EEUU no es pretexto válido para mantener por tanto tiempo dicho sistema de privación porque siempre se pudo comerciar con el resto de países del planeta (a diferencia de lo que ocurre en auténticos escenarios bélicos o posbélicos).
Además, lo ofrecido mensualmente por la libreta sólo alcanza actualmente para alimentar a su portador unos doce días como mucho, teniendo que acudir a los llamados agromercados o bien a los arreglos voluntarios del mercado negro para complementar su necesaria dieta para sobrevivir.
Sólo la clase gobernante o aquellos que tienen la fortuna de recibir dólares de sus familiares en el exterior o tienen contacto con el turismo pueden sustraerse holgadamente a la escasez generalizada de allá de hace décadas. Las desigualdades entre el poder adquisitivo de los que tienen o no chavitos son muy significativas. Justamente por ese tipo de desigualdades hirientes se produjo la revolución…
Hoy la comida ofrecida en los comedores públicos, al tiempo que ha ido perdiendo calidad y variedad -siendo su ingesta un verdadero suplicio para el paladar- supone una pesada carga para las arcas públicas. En un intento por introducir cierta racionalidad económica y por reducir los montos de la comida robada en las empresas gestionadas por el Estado, Raúl Castro propuso a través del lema «Ahorro o muerte» su eliminación y reemplazo por dinero. Hasta la fecha, dicha medida sólo ha sido aplicada en unos pocos ministerios. También informó el hermanísimo que en un futuro otorgarían la libreta sólo a los más necesitados. Era tarde: la estructura productiva del país estaba ya gravemente descoordinada. A resultas de ello, la comida se ha convertido en una verdadera obsesión nacional.
El sistema estatista de producción y distribución alimentaria en Cuba es un gran fiasco. Los ideales han hecho mucho daño al socializarse. Ahora toca desmontarlos. Hablan de alcanzar el contradictorio «socialismo de mercado». Un editorial del Granma aconsejó incluso acabar con el llamado síndrome del pichón, ya que muchos cubanos esperaban que el Estado les diera de comer en la boca. Lamentable.
El problema es que al pichón no se le ha dado durante muchos años ni libertad, ni oportunidades para procurarse alimento por sí mismo. Mientras la casta política de la isla siga acaparando las principales actividades económicas del país, no permita que se liberen las fuerzas productivas de la nación mediante el emprendimiento creativo y la competencia, no levante la prohibición de pescar a los particulares, tipifique como delito el sacrificar una res sin autorización del Estado; en definitiva, mientras cualquier actividad empresarial privada siga sojuzgada e intensamente mediatizada, las palabras de dicho periódico oficial son un insulto al pueblo cubano. Revelan a las claras que estamos ante una maquinaria represiva al servicio exclusivo del partido único que intenta parchear lo insalvable a costa de desparramar penuria y privaciones a todo aquello que somete.
Cuando el Estado se dedica a funciones empresariales que no le son propias, surgen siempre y en todo lugar problemas de eficiencia, de control de costes y de incentivos. Los dirigentes cubanos no asumen ni en sus sueños más audaces que el Estado está –en todo caso- para controlar los excesos, no para controlar en exceso a la sociedad civil, motor y sustento de cualquier nación próspera y civilizada.
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