Thomas Jefferson no es uno de mis preferidos entre los Padres Fundadores, pero tengo que reconocerle que pocos pensadores en el mundo occidental en los últimos tres siglos han sido capaces de crear mejores frases que él: brillantes, emotivas, directas y contundentes. El otro día me acordaba de una de ellas mientras veía las noticias sobre la visita del Papa a Madrid y sobre las manifestaciones de los denominados anti-papa.
El tercer presidente de EEUU justificó la estricta separación entre iglesia y Estado que consagraba la Carta Magna de su país con una de esas impecables sentencias suyas: “Obligar a un hombre a pagar contribuciones para la propagación de opiniones en las que no cree es pecaminoso y tiránico; incluso forzar a este hombre a apoyar este o aquel maestro religioso es privarle de la confortable libertad de entregar sus contribuciones a las particulares pasiones que siente son más correctas”. No tengo absolutamente nada que añadir, ni como liberal ni como católico. Como explicaba hace unos meses, creo que cuanto más alejada esté la Iglesia del poder público (también en el apartado económico) mejor le irá y más fuerza tendrá su mensaje.
Pensaba en todo esto mientras observaba el lema con el que los anti-papa encabezaron su convocatoria: “De mis impuestos, al Papa cero”. Poco tengo que decir a esta frase. Me parece completamente lógico que aquellos que no sean católicos y que, incluso, puede que detesten a la Iglesia y a Benedicto XVI pidan que no se financie con su dinero la visita a Madrid del Santo Padre. Lo que ocurre es que no acabo de ver claro todo lo demás que rodeaba a estos nuevos indignados.
En primer lugar, es muy cuestionable el cálculo del coste de la visita del Papa a Madrid. Como explica muy bien Manuel Llamas, ni siquiera queda muy claro cuánto ha supuesto la JMJ para las arcas públicas. Parece evidente, incluso leyendo las informaciones de los medios más furibundamente anti-católicos, que el montaje de los escenarios, la infraestructura, los viajes de los peregrinos y el coste de su alojamiento ha sido sufragado por los fieles y las empresas colaboradoras. Es decir, individuos y compañías privadas han decidido hacer uso de su libertad para colaborar económicamente con este acto pastoral.
Vamos, que el coste para el Estado se ha limitado a los servicios públicos que ha sido necesario poner en marcha para que todo transcurriera con normalidad (policía, limpieza, etc…), algo que ocurre en cualquier concentración ciudadana (ya sea por un partido de fútbol, un concierto, una carrera ciclista o ¡cielos! una manifestación anti-papa). Resulta curioso poner en el debe de la JMJ el coste de unos servicios que los intervencionistas siempre han defendido que tiene que cubrir el Estado porque nadie más que él tiene la legitimidad para hacerlo.
Pero lo más fastidioso no es la mezcla de manipulación y mentiras que ha rodeado a las cifras sobre el coste de la visita papal; lo más molesto es que detrás de aquel eslogan no hay una reivindicación hacia una rebaja en el nivel tributario español, que permita a los ciudadanos quedarse con más dinero del que legítimamente han ganado para gastarlo en lo que estimen más oportuno (incluyendo contribuciones a su confesión religiosa). Lo que piden los anti-papa es lisa y llanamente que el Estado no dé un duro a la Iglesia Católica (¡y sólo a ella!).
Casi un centenar de asociaciones se sumaron a la convocatoria de la marcha: desde formaciones políticas como Izquierda Unida a grupos ecologistas, asociaciones por la defensa de la memoria histórica, republicanos, laicos o colectivos gays. Todos ellos tienen perfecto derecho a defender sus planteamientos.
Pero la pregunta que se hace cualquiera es ¿de dónde sacan los fondos para mantenerse todas estas organizaciones tan indignadas con la financiación pública de la Iglesia Católica? Porque la sensación que da es que mientras con una mano sujetan la pancarta, con la otra piden la subvención correspondiente. Y no parecen muy preocupados por el hecho de que yo les pague con mis impuestos su supervivencia, a pesar de que detesto muchas de sus ideas.
Creo que todas las subvenciones y ayudas públicas deberían retirarse mañana: ya sea a partidos políticos, sindicatos, patronales, grupos ecologistas, de cineastas, federaciones deportivas, festivales culturales, ONG,… o confesiones religiosas. Todos ellos sostienen ideologías o formas de vida con las que muchos ciudadanos no están de acuerdo. Deben ser sus seguidores, fieles, simpatizantes y miembros los que los financien voluntariamente. No creo que sea papel del Estado contribuir a su supervivencia, ni siquiera de aquellos con los que yo me identifique.
Como decía Jefferson, nadie debe verse obligado a contribuir “para la propagación de opiniones en las que no cree”. Por eso, desde aquí, lo quiero dejar bien claro: “De mis impuestos, a los anti-papa cero”.
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