La decisión del Gobierno socialista español de recortar las subvenciones y ayudas a las energías renovables ha puesto en pie de guerra a los productores que viven de ello y, en una primera aproximación, no puedo dejar de darles la razón. Durante los seis años que lleva en el poder José Luis Rodríguez Zapatero, las energías renovables han sido una constante en su caótica política energética. El apoyo de los diversos ejecutivos, a través de los ministerios de Medio Ambiente e Industria o sus equivalentes, se ha materializado en un chorreo de millones de euros que ha permitido al sector vivir y prosperar.
Incluso la picaresca hispana ha entrado en juego y la Comisión Nacional de Energía ha detectado no pocos casos de fraude cuando, por ejemplo, los parques solares han empezado a producir energía en plena noche. No está en mi ánimo asegurar que la mayoría, ni siquiera una minoría significativa de empresarios, se ha beneficiado ilegalmente de éste o cualquier fraude, conocido o desconocido. Tampoco está en mi ánimo decir que la Administración se ha hecho la loca en cuanto al seguimiento de las condiciones que los productores deberían cumplir y que algunos, seguro que muy pocos, no han cumplido. Pero es que la desidia de los unos y la búsqueda de dinero fácil de los otros se han unido como el hambre y las ganas de comer.
Digo que les doy la razón porque es lógico que quienes han invertido mucho, incluso se han endeudado, en un negocio tan redondo y tan fácil (si es que tienes los contactos adecuados dentro de la Administración para que los permisos sean rápidos), ahora vean que tanta inversión, tantas cuentas de la lechera se vengan al traste. Esta sensación de marionetas en manos de nuestros políticos ha llevado a algunos empresarios a experimentar la sensación de que les han "robado", que el Gobierno ha jugado con sus negocios, que está jugando con el pan de sus hijos, de algunos sobrinos y de no pocos primos.
Durante seis años los productores de energías renovables se han beneficiado de unas condiciones legales que, de manera arbitraria, sucesivos gobiernos españoles han ido cambiando según les apetecía, satisfaciendo las necesidades de sus gurús ideológicos y los de una ristra de empresarios, grandes y pequeños, muy cercanos al poder o amigos de la subvención, que no han dudado en cambiar quizá el girasol por el molinillo o el espejo.
Durante estos últimos seis años, las energías renovables se han pagado y muy caras. Según datos de REE durante 2009, la prima equivalente de la energía solar ha sido de 429,59 € por MWh; para el tratamiento de residuos, 83,57; en biomasa, 73,80; en cogeneración, 48,18; para la hidráulica, 43,21; para la energía eólica, 42,83; y, por último, en residuos, 30,14. La prima media ha sido de 76,50 € por MWh. Y este dinero ha salido directamente de todos los usuarios de electricidad de España, que son casi todos los españoles y no pocos no españoles que pasaban por aquí.
La arbitrariedad política, que se ha manifestado durante estos últimos seis años en forma de legislación cambiante, ha posibilitado tomar el dinero de muchos españoles totalmente desorganizados y se lo ha entregado a unos pocos, perfectamente organizados, cercanos al poder o al menos conocedores de los intríngulis de la Administración pública. Y, repito, han vivido muy bien durante este tiempo.
Que una empresa invierta en función del marco legal no quiere decir que no sea moralmente reprobable. Que una ley autorice a beneficiarse de lo que se arrebata a otros no quiere decir que esté bien. El sobrecoste, que es legal, lo pagamos entre todos, queramos o no. A diferencia del empresario que entró en el negocio de manera voluntaria, asumiendo un riesgo, pero aprovechándose de la capacidad de coacción del Estado, el consumidor no puede elegir si quiere usar un tipo de electricidad frente a otro y así pagar voluntariamente ese sobrecoste.
Puedo entender su queja, pero de la misma manera que la arbitrariedad les ha permitido vivir bien durante este tiempo con un riesgo mínimo, ahora les ha arrebatado parte de estos ingresos ajenos al mercado, es decir, ajenos a los intercambios libres de bienes y servicios. Supongo que cuando al ciudadano medio, al que no es empresario o lo es pero no vive de un sector favorecido, le quitaron el dinero que tanto trabajo le costó ganar, los productores no se plantearon la injusticia que se estaba cometiendo. No seamos hipócritas, no seamos cínicos. Toda actividad empresarial tiene un riesgo, pero puede que no lo sepa quien no lo experimenta a menudo.
Por otra parte, si tan claro tenían que el desastre era inminente, ¿por qué no desinvirtieron en este tipo de energías y se dedicaron a otro negocio con más futuro? Dicen los empresarios que si se hubiesen cumplido los límites establecidos en el Real Decreto 436/2004, 150 MW, y en el real Decreto 661/2007, 371 MW, no se hubieran planteado los problemas actuales, pero la imprevisión del Ministerio al modificar la normativa legal acrecentó el problema, incrementado el coste de las primas.
Los productores confiaron en el Gobierno, pensaron que la teta del Estado no tenía fin, que el dinero público o la intervención solucionarían los problemas que se plantearían en un negocio tan lucrativo. Pero han llegado los momentos de vacas flacas, ya no caben más y, de los que hay, algunos deberán mirar hacia otros caminos. Y no será porque no hay sectores subvencionados susceptibles de ser aprovechados.
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