¿Democracia o Derechos Humanos?

Volvemos a comprobar la fragilidad de esa delgada línea roja que separa la democracia y la libertad, en situaciones difíciles y en sociedades complejas como la de Turquía.

Asistimos con perplejidad a la deriva autoritaria del presidente turco, Tayyip Erdogan, después de un extraño y fracasado golpe de estado en aquel país. No les voy a escribir aquí sobre sus posibles causas, ni sobre las diversas interpretaciones que hay respecto a una supuesta involucración del propio gobierno en su gestación: seguro que habrán leído montones de noticias sobre un “autogolpe no fallido”. Me interesaba más compartir con ustedes una consideración acerca de la fragilidad que presentan las democracias en determinadas sociedades y ante situaciones complicadas, como la referida.

¿Es legítimo reducir las libertades por una decisión mayoritaria, o por aquellos políticos que desarrollan su mandato con el apoyo masivo de la población? La Historia nos recuerda momentos lamentables en los que un voto supuestamente democrático ha llevado al poder a terribles dictadores: el caso de Hitler es el más famoso. Desde luego que no pretendo señalar ningún paralelismo ante ambos acontecimientos, pero sí explicarles mi preocupación por algunas decisiones que está tomando el gobierno de Turquía en lo referente a esas detenciones masivas, la restricción de la libertad de expresión, una aparente purga de personas en el campo de la Educación, la Justicia, la Policía y el Ejército, o la suspensión temporal del Convenio Europeo de Derechos Humanos decretada por Erdogan el pasado 21 de julio.

Todos sabemos perfectamente que para elegir a los gobernantes y las políticas a implantar en un país, un sistema de juego democrático es el mejor mecanismo que hemos encontrado para garantizar la libertad en las naciones. Junto con la separación de poderes, la elección de representantes públicos y su limitación en el tiempo frena posibles comportamientos autoritarios y facilita el control del poder para sus únicos y legítimos propietarios: los ciudadanos. Pero también sabemos que una democracia sin principios no funciona: todos, gobernantes y gobernados, estamos sometidos a las leyes, porque la Justicia es una exigencia más profunda. Por eso creo que los Derechos Humanos obligan a su cumplimiento con más fuerza que unas decisiones supuestamente democráticas: aunque necesitaría del asesoramiento experto de juristas o filósofos, lo que pretendo es fundamentar la idea de que la transgresión de tales Derechos nunca podría considerarse un acto democrático, por más que se haya votado mayoritariamente.

Claro que también hay excepciones. Aludía antes al Convenio Europeo de Derechos Humanos, un interesantísimo acuerdo firmado en 1950 por el Consejo Europeo, poco después de sellarse en la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No tenemos tiempo para explicar las diferencias entre ese Consejo Europeo y su homónimo Consejo de Europa; o la historia de su fundación en el Tratado de Bruselas de 1948, a instancias de Gran Bretaña (¡!), Francia y el flamante BENELUX, en un momento de tensión tras la Segunda Guerra Mundial, con el Bloqueo de Berlín en una Alemania dividida y aún apenas organizada como estado. Les recomiendo que lean sobre ello (aunque sea en la Wikipedia). Pero sí vamos a recordar alguno de sus artículos, como el número 15 que permite su “Derogación en caso de excepción”, y que ha sido el argumento utilizado por Turquía para aplicar algunas medidas de dudosa legalidad política. Si bien es cierto que amparándose en la misma aplicación formal que hizo el gobierno de Hollande algunos meses atrás, después de los sangrientos atentados en París: un precedente muy al caso.

Entonces, la Asamblea Nacional francesa aprobó casi por unanimidad (551 votos a favor y seis en contra) la suspensión del Convenio: lo que restringía temporalmente algunas libertades, incluyendo arrestos domiciliarios, incomunicación temporal y el uso de brazaletes electrónicos en los sospechosos condenados anteriormente por terrorismo; igualmente, se aprobó la posibilidad de copiar datos informáticos en el curso de un registro administrativo, disolver asociaciones que hagan apología del terror o bloquear páginas web que lo promuevan.

¿Hay diferencias con la situación turca? El propio Consejo recordaba en una nota que esa derogación está efectivamente contemplada en el artículo 15; que otros países ya han apelado antes a ello, pero que no puede afectar a derechos fundamentales como el de la vida, la prohibición de la tortura o el castigo al margen de la Ley. Se trata de algunos principios recogidos en el artículo 2 del Convenio, que trata sobre el derecho a la vida. Entiendo que los detractores de Erdogan tengan razones para preocuparse, ya que no parece que se respeten tales derechos… Aunque lo relativo a la pena de muerte, por más que nos resulte insoportable, tiene un tratamiento -por lo menos-  confuso en la redacción del Convenio, ya que admite que “Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena”. Les dejo con la preocupación; aunque reconozco mi ignorancia sobre el posterior desarrollo legislativo en torno a la pena de muerte en los países miembros y/o solicitantes al ingreso en nuestra actual Unión Europea.

En fin, volvemos a comprobar la fragilidad de esa delgada línea roja que separa la democracia y la libertad, en situaciones difíciles y -como decía arriba- en sociedades complejas como la de Turquía. Estamos ante el rompecabezas de un gobierno que deriva hacia el islamismo, con una oposición laicista que buscaría defender la libertad con un golpe de estado antidemocrático, inspirándose supuestamente en un teólogo musulmán (Fethullah Güllen, refugiado por cierto en los Estados Unidos, y que está obligando al gobierno de Obama a decidir sobre la extradición que le reclaman desde Ankara).