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Derecho de voto de los exiliados frente al desafío separatista

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En el actual contexto de crisis económica e institucional, es esencial para el mantenimiento de una estructura institucional mínimamente democrática en todas las regiones de España que el Gobierno de España se decida a impulsar una reforma de la ley electoral que permita que todos los exiliados del País Vasco puedan ejercer su derecho de voto en su Comunidad Autónoma de origen.

1. Diáspora como efecto a largo plazo de la violencia en el País Vasco.

Cuando un Estado de Derecho falla a la hora de garantizar los derechos individuales en un territorio, las consecuencias a largo plazo de la violencia de una mafia terrorista son evidentes.

Ante la insuficiente eficacia de los sucesivos gobiernos en España para garantizar la seguridad democrática en el País Vasco, ante la perversa inacción de algunos de ellos e, incluso, ante una supuesta colaboración y negociación de altos cargos favorenciendo los objetivos de la banda terrorista ETA, aquellos que duden de los efectos de la violencia a largo plazo sólo tienen que realizarse las siguientes preguntas:

– ¿Qué sucede a largo plazo cuando se dejan ciertas instituciones (ayuntamientos, diputaciones forales, comunidad autónoma…) bajo el control de miembros de una organización violenta que, como cargos públicos, no-actúan o, incluso, alientan y refuerzan con el dinero público y con sus resoluciones administrativas las coacciones y atentados comedidos en contra de los derechos individuales de los ciudadanos de bien?

– ¿Qué ocurre cuando los poderes públicos permiten que un entorno violento atente durante décadas contra el Derecho a la propia Vida con los secuestros, los asesinatos…?

– ¿Que ocurre cuando durante décadas se atenta contra el Derecho a la Libertad de los ciudadanos con insultos, amenazas, palizas, dianas señalando los "objetivos" en carteles, marcas de pintura en las puertas y paredes de las casas "señaladas", bombas en los negocios y viviendas de los ciudadanos que no aceptasen la extorsión terrorista…?

– ¿Qué efectos tienen los atentados contra el Derecho a la Propiedad Privada mediante quema de negocios, destrozos de coches, quema de mobiliario urbano, destrozos en obras, daños en activos de empresas, extorsión para el pago del impuesto "revolucionario"…?

– ¿Qué determinación toman los ciudadanos de bien después de muchos años, cuando se anuló en su región el Derecho a la Igualdad ante la Ley con la discriminación en el idioma común, con la imposición de la enseñanza en vascuence, con las subvenciones encaminadas hacia las actividades del entorno ‘abertzale’ independentista…?

Pues bien, existe una respuesta objetiva a todos estos interrogantes después de décadas de presencia, coacción y actos terroristas de ETA en las aldeas, pueblos y ciudades de las provincias Vascongadas, y la proporciona el examen de los censos electorales desde el año 1978 en el País Vasco para su comparación con los censos actuales.

2. Derecho de voto de los exiliados vascos y sus familiares.

Nada menos que entre 250.000 y 300.000 personas, de una población de algo más de dos millones de personas en el año 2011, decidieron exiliarse del País Vasco y emigrar junto con sus familares (hijo, nietos…) a otras regiones para evitar un entorno social de violencia permanente hacia su vida, familas, negocios y propiedades.

Este número de exiliados es más o menos la misma cantidad de adhesiones que suele recibir el PNV (o que logró Bildu en las elecciones municipales del año 2011) para lograr sus escaños, tanto en el cámara de representación autonómica, como su sobre-representación en el Congreso de los Diputados de España. Por tanto, la diáspora vasca ha servido a los partidos separatistas para incrementar notablemente su cuota de poder en el País Vasco.

Por ello, ante la ofensiva nacionalista que afrontará España a partir del año próximo, esperemos que se haga realidad con urgencia ese proyecto de cambio en la ley electoral para que los vascos exiliados y sus descendientes puedan solicitar una certificación del Ministerio de Justicia que les habilite a votar, como si siguiesen residiendo en el País Vasco, con la prueba documental del censo electoral oficial del momento en el que tuvieron que emigrar.

3. Crisis económica y desafío separatista.

Una crisis económica profunda, que ya dura varios años en Europa, tiene como consecuencia que emerjan electoralmente las opciones políticas más radicales y perversas [1] [2], con planteamientos políticos fabricados para conseguir cuotas de poder por medio de la captación del apoyo de personas incautas, desesperadas por el desempleo, el alza de los precios y la pérdida de derechos "sociales" que, angustiadas por los problemas económicos, y de modo más sentimental que racional, validan propuestas simples y facilonas de solución "colectivista" a los problemas de una región o de una nación.

En las próximas citas electorales observaremos el ascenso de partidos políticos nacionalistas, de izquierdas y de derechas, todos ofreciendo más "nación", más gasto "público", más intervencionismo y más gestión "colectiva" de los designios del "pueblo", estigmatizando a aquellos que pidan protección de derechos individuales, contención del gasto, racionalidad en el tamaño de las administraciones públicas, y fomento de la empresarialidad y del libre mercado.

Pués bien, hace ya cuatro años que analizábamos la represión de las libertades ciudadanas y el proceso de sometimiento de toda la sociedad a los designios de una clase política en el artículo Camino de Servidumbre al Nacionalismo Totalitario, mediante la comparación de los mecanismos totalitarios del régimen nacional-socialista en la Alemania de los años 30 del siglo XX respecto del control social y el proceso de conquista de las instituciones democráticas por parte del régimen nacionalista en el País Vasco:

…la disposición para realizar actos perversos se convierte en un camino para el ascenso y el poder… no deben tener ideales propios a cuya realización aspiren, ni ideas acerca del bien o del mal que puedan interferir con las intenciones del líder.
Friedrich A. Hayek, Camino de Servidumbre.

Posteriormente, comentamos los excesos del gasto autonómico [3], los límites a las competencias regionales [4] que debieran haberse establecido hace años e, incluso, anticipamos la imposibilidad de cálculo económico [5] con el socialismo autonómico. Y, también, observamos el proceso de segunda transición en España hacia la cleptocracia, que establece el confederalismo autonómico [6] [7] [8] [9].

Más recientemente, constatamos lo que ya sabíamos todos los españoles informados, y que vendría como consecuencia de la acciones y omisiones de muchos políticos, que existe un proyecto de desafío separatista que es preciso contrarrestar desde los valores y la democracia y que, si se quiere parar, requerirá la aplicación del artículo 155 CE

Con los anteriores datos, hay que advertir que la iniciativa del Gobierno de España para proporcionar derecho de voto a los exiliados vascos, debería venir acompañada de una iniciativa legislativa que evitase nuevamente que las organizaciones como Bildu (o Amaiur o Herri Batasuna o cualquier otra auto-denominación que adopten), puedan presentarse a elecciones democráticas si no renuncian con palabras y con hechos al apoyo a la violencia, como estrategia para alcanzar el poder y sus objetivos políticos.

Pudiese ser interesante que ambas iniciativas legislativas fuesen aprobadas por todos los españoles en un referéndum "vinculante" porque, resulta absolutamente kafkiano y una clara indicación de la conjura de necios (sin ética ni sentido de Estado) en la que se ha transformado la casta política española, cuando los ciudadanos observamos como el propio régimen partitocrático consiente la deconstrucción institucional y territorial de España permitiendo que organizaciones violentas (ya sean nazis, facistas, comunistas o los terroristas separatistas de ETA y su entorno) puedan controlar las calles y participar y servirse de las elecciones democráticas para ocupar altos cargos e instituciones y promover sus objetivos en contra del articulado de la Constitución Española de 1978.

Como no despierten rápido nuestras autoridades, nuestro precario Estado de Derecho se irá por el sumidero de la historia, si no logra contrarrestarse a tiempo el desafío nacionalista que padecen los ciudadanos españoles.

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