Desamortización civil

A mediados del s.XIX, los liberales españoles llevaron a cabo una de las hazañas antiliberales más conocidas: la desamortización de los bienes eclesiásticos. Primero Mendizábal y después Madoz se dedicaron a expropiar los bienes considerados de manos muertas, esto es, sin suficiente productividad, con el fin de venderlos a precio superior y financiar así las guerras carlistas. Estas ventas supusieron unos suculentos ingresos para el Estado y la falta de estos fue una de las causas de la crisis del régimen de 1876 que terminó con el pronunciamiento de Primo de Rivera en 1923.

Las manos muertas del Estado

Pero, en los tiempos actuales de Estados del Bienestar, la situación de manos muertas ha pasado, más bien, al Estado. Para empezar, “la Seguridad Social tiene 874 inmuebles totalmente vacíos o sin uso”, con un coste de 143 millones al Estado. Los inmuebles o solares vacíos son directamente imposibles de conocer a efectos autonómicos o no digamos ya municipales. Mientras tanto, el sector público no deja de incrementar la presión fiscal sobre la economía privada a medida que entra en quiebra recurrentemente.

Aun así, esta pérdida de capital a manos llenas no se limita únicamente a los inmuebles vacíos. Las empresas públicas se han convertido en otro pozo sin fondo de dinero público malgastado a manos llenas. Los tertulianos se llenan la boca pidiendo la estatalización de servicios considerados arbitrariamente como esenciales, especialmente el suministro eléctrico o de gas. Mientras, el suministro de cartas se encomienda, en régimen de monopolio, a una empresa estatal, Correos, que ha perdido más de doscientos millones de euros sólo en 2022. Lleva seiscientos millones acumulados de déficit en tres años. A esto se suma que sus directos, que no tienen que rendir cuentas ante una junta general de accionistas, sino ante los políticos que ahí los han colocado, se reparten jugosos bonus (algunos de más de 50.000 euros anuales) por consecución de objetivos (que a saber cuáles son).

Beneficios míos, pérdidas vuestras

Las empresas estatales, por su propia naturaleza, no son entidades que se deban a unos accionistas, sino a unos políticos, tal y como hemos mencionado. No es de recibo que una persona sostenga una crítica a la clase política en su conjunto, mientras suspira para que ésta tome bajo su control mayores parcelas de la vida civil. Cabe imaginarse al político al que más odio visceral tengamos gestionando algún aspecto de nuestra vida para desarmar argumentalmente el control estatal.

Pero el que el Estado juegue a los empresarios tiene una consecuencia más perversa, y esta es la gestión de sus recurrentes pérdidas. Mientras que los beneficios son disfrutados por unos pocos, ahí está el caso de PetroBras, las pérdidas son sostenidas por aquellos a los que se decía defender con el paso de la gestión privada a manos estatales.

Una desamortización civil

Sin ir más lejos, este mes hemos conocido el fallo del Tribunal de Apelaciones argentino a favor de Repsol por la estatalización de YPF. El coste ascienda a 18.000 millones de euros. Alguno podría pensar que dicha indemnización podría costearse con los beneficios obtenidos a partir de la estatalización de la compañía. En tres días había perdido un 40% de su valor bursátil. Ya vemos cómo el Estado jugando a empresario, con personas que normalmente no han gestionado nada con una cuenta de resultados, supone un riesgo moral inasumible.

Por tanto, a los liberales del s.XXI les corresponde una tarea mucho más encomiable que la desamortización llevada a cabo en el s.XIX, que es la desamortización civil. Los activos en manos del Estado, especialmente las participaciones empresariales, deben pasar a manos de la sociedad civil. Los Estados deben quedar al margen de cualquier ejercicio empresarial, ya sea beneficioso o perjudicial desde el punto de vista contable. Los Estados no están para jugar a la tiendita con el dinero del contribuyente. Mil millones de euros perdidos por la SEPI únicamente en 2022 así lo atestiguan.