Descentralización y libertad (VI): la Comunidad de Madrid y la autonomía fiscal para bajar impuestos

Bajar en un 5,5% el pago del IRPF no supone una gran bajada de impuestos como denuncian unos y como defienden otros.

Los políticos siempre piensan que uno gana demasiado y que ellos gastan poco, o al menos eso es lo que se les debió pasar por la cabeza a algunos de los líderes autonómicos en España después de escuchar la propuesta de la recientemente nombrada como presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pasa por rebajar hasta en un 5,5% la factura del IRPF a los madrileños.

Las críticas se basan en recriminar que la Comunidad es un “paraíso fiscal” que, a través de su modelo de impuestos bajos, está haciendo competencia desleal al resto de regiones que no pueden permitirse el reducir la presión fiscal a su nivel; por no hablar de la pérdida en términos de “capital público” que provoca tal política fiscal. Pero, ¿es insolidario e insostenible que una comunidad autónoma baje en un 5% una figura tributaria?

¿Es la Comunidad de Madrid un “paraíso fiscal”?

De entrada, es cierto que la Comunidad de Madrid ha apostado en los últimos años por un modelo de impuestos bajos, por ejemplo, según el último informe publicado por el Consejo General de Economistas sobre el panorama de la fiscalidad autonómica y foral, los contribuyentes madrileños en todos los niveles de renta son los que menos pagan en concepto de IRPF; el Impuesto que grava el patrimonio se encuentra bonificado al 100%, el Impuesto sobre Sucesiones es uno de los más bajos de España, y tanto en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales como en la de Actos Jurídicos Documentados, la cuota a pagar es la más baja de entre todas las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, la presión fiscal en la región de Madrid es una de las más reducidas de España, y el esfuerzo fiscal es el más bajo de entre todas las regiones.

Sin embargo, para que un país sea considerado como “paraíso fiscal”, según la OCDE, deben darse una serie de requisitos más allá de mantener unos impuestos muy bajos o casi inexistentes, que para el caso de la Comunidad de Madrid no es algo que suceda, ya que tampoco dispone de la suficiente autonomía como para hacerlo; por ejemplo, (1) debe existir una falta de transparencia que provoque que contribuyentes con niveles de renta y características personales similares tengan una cuota diferente, es decir, que exista un sistema fiscal dual que generalmente ofrezca un tratamiento más ventajoso a los no residentes, además de crear cierta opacidad sobre las actividades que estos realizan; (2) que el país en cuestión no facilite el intercambio de información de tipo financiero y fiscal a terceros países; y (3) que los no residentes no realicen una actividad sustancial en el país, por lo que el motivo principal para cambiar su residencia fiscal sea únicamente para rebajar la factura que deben pagar al fisco.

¿Es competencia desleal lo que hace la Comunidad de Madrid?

Por otro lado, bajar en un 5,5% el pago del IRPF tampoco supone una gran bajada de impuestos como denuncian unos y como defienden otros. Por ejemplo, si dicha reducción fuese proporcional en todos los niveles de renta, supondría menos de 50 euros de ahorro para aquellos que declarasen unas ganancias de 16.000 euros, para los que obtienen rentas brutas por valor de 45.000 euros se ahorrarían en torno a 460 euros, y los que ganan más de 600.000 euros y que pagan unos 250.000 euros en concepto de IRPF verían reducida su cuota en 12.500 euros.

Muchos gobiernos autonómicos han criticado dicha bajada de impuestos puesto que afecta a que sus ciudadanos voten con los pies optando por irse a vivir a la Comunidad de Madrid con el objeto de reducir su factura fiscal, sin embargo, la evidencia no suele mostrar demasiada importancia a las migraciones motivadas por razones tributarias, sobre todo para los niveles de renta más bajos (para el caso de los individuos con niveles más altos de renta ver una de mis últimas entradas aquí), en las que las oportunidades de trabajo o el dinamismo del mercado de la vivienda suelen ser factores más importantes, aunque es cierto que los impuestos si pueden tener un efecto indirecto a través de sus efectos negativos sobre el crecimiento y el empleo (ver aquí, aquí, o aquí).

Más allá de las externalidades que pueda generar una bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid, dentro de un cuasi-federalismo que existe en España, aunque siendo limitado por el lado de los ingresos, precisamente la autonomía para las comunidades autónomas para fijar tipos impositivos allá donde tienen competencias es una de las bases de nuestro sistema autonómico, ese que en ocasiones el PSOE ha pretendido profundizar, aunque centrándolo solo para contentar al PSC. Si queremos un sistema federal hay que entender que los gobiernos subcentrales deben tener autonomía financiera, tanto para subir como para bajar impuestos.

Es cierto que la región madrileña tiene más facilidades para bajar impuestos que otras comunidades, debido a que sus necesidades de gasto derivadas de las economías de escala y dispersión de la población favorecen que el gasto per cápita pueda ser menor (ver aquí). No obstante, los recursos que aporta la Comunidad de Madrid al sistema de financiación autonómica y a través de los impuestos que se integran en las cuentas del Gobierno central son sustancialmente mayores que lo que percibe a cambio, en concreto, el déficit con el resto del Estado asciende a 19.000 millones de euros (ver aquí), por lo que hablar de insolidaridad es cuanto menos cuestionable. Además, hay que tener en cuenta que, con el actual sistema de financiación autonómica, las comunidades autónomas deben aportar el 75% de su recaudación normativa al Fondo de Garantía, no de su recaudación real, esto es, los ingresos que obtendrían de aplicarse una escala tributaria común en los impuestos cedidos, por lo que bajar los impuestos no implica que Madrid vaya a aportar menos a la caja común.

Por último, muchos han sido los que han criticado la bajada de impuestos por los posibles efectos negativos que produciría sobre el “capital público”, a través de una competencia fiscal entre comunidades autónomas. Sin embargo, como destaca Cabrillo (2013), es difícil identificar un nivel óptimo de gasto público y de presión fiscal y lo más probable es que de hecho, las comunidades autónomas no se encuentren en tal punto, por lo que a lo sumo, los costes son más limitados de lo que los modelos podrían plantear, pero además, hay que tener en cuenta que los políticos no buscan maximizar el bienestar de los ciudadanos, por lo que el gasto público y el tipo impositivo, aunque sean menores, pueden dar como resultado ganancias de bienestar social (ver aquí).

En definitiva, la Comunidad de Madrid no es un “paraíso fiscal”, a lo sumo es un refugio fiscal dentro de España, fruto de desarrollar su autonomía para aplicar un modelo ligeramente diferente al imperante en el resto de comunidades autónomas, al mismo tiempo que continúa siendo una de las regiones más solidarias, al aportar 19.000 millones de euros más de lo que recibe a la caja común. El miedo por parte de algunos líderes autonómicos a la bajada de impuestos en Madrid se debe a que pueden quedar en evidencia si sus ciudadanos se dan cuenta de que se pueden hacer bien las cosas sin necesidad de exprimir al contribuyente, y de lo que pretenden realmente es el de gestionar el mayor presupuesto posible para maximizar el número de votos y no el bienestar de los ciudadanos.