Dios salve al Rey

Los responsables de los actos del Rey Juan Carlos I fueron los presidentes del Gobierno anteriores.

En medio de la ciénaga política y criminal que administran los actuales gobernantes españoles, apuntalada por la tormenta perfecta que les ha prestado la pandemia del coronavirus para disfrutar de todos los resortes de poder autoritario, se observa un persistente interés de sus terminales en tender gigantescas cortinas de humo que desvíen el foco de atención de la opinión pública sobre sus responsabilidades directas.

Estas operaciones de maquiavelitos de salón moverían a la hilaridad si los perpetradores no fueran más que una banda de conspiradores sin poder real alguno. Sin embargo, antes al contrario, la cuestión se torna cada vez más peligrosa porque la coalición PSOE-Podemos, apoyado por una exigua mayoría parlamentaria, apuesta sin tapujos por la instauración de un régimen autoritario que les perpetúe indefinidamente en el poder y les libere de la asunción de todo tipo de responsabilidades en su gestión. Es ahí donde entra la evidente subversión de la Constitución que durante más de cuarenta años ha garantizado, mal que bien, un régimen de libertades y de respeto de los derechos fundamentales del individuo y un progreso económico relativo basado en el capitalismo sui generis que caracteriza a España desde el franquismo. La pertenencia a la Unión Europea, esa confederación intervencionista, se perfila como una barrera hacia derroteros más destructivos, pero por sí misma se revela insuficiente.

Obviamente, esta deriva no ha surgido de un cambio repentino de los dirigentes, o mejor dicho, los caudillos que se han aupado a las riendas del PSOE y sus tentáculos en los sectores más influyentes de la sociedad española. El proceso cuenta con antecedentes en la amalgama que se dio en llamar “felipismo”. Ahora bien, sin duda, el viraje estratégico se produjo en el momento en que los ideólogos de ese partido –con José Luís Rodríguez Zapatero a la cabeza– llegaron a la conclusión de que la hegemonía de la que había gozado en la política española no podía sustentarse durante más tiempo en la fórmula socialdemócrata cesarista ensayada por Felipe González Márquez, sino que debía abrirse a un discurso posmoderno y buscar aliados en los extremos –en España los partidos nacionalistas periféricos sin hacer ascos a los terroristas y los restos del partido comunista- para bloquear la alternancia en el poder.

Desde que llegara al poder de un pícaro histriónico como Pedro Sánchez Pérez-Castejón, numerosos han sido los actos y gestos dirigidos a cuestionar la primacía simbólica del Rey Felipe VI. Su perseverancia en tales desplantes no puede despacharse como la torpeza de un patán que desconoce las sutilezas del protocolo, sino como el decidido empeño de socavar la monarquía parlamentaria establecida en la Constitución de 1978, antes de dar paso más firmes hacia un sistema que, de hecho, concentre en su figura la jefatura del Gobierno y del Estado.

Estas maniobras quedaron claras en su reciente rueda de prensa conjunta con el primer ministro italiano Giuseppe Conte, antes de la reunión de los jefes de Gobierno de los países de la Unión Europea para tratar los futuros presupuestos comunitarios y, en especial, los fondos de ayuda para los más afectados por la pandemia del coronavirus.

El presidente del Gobierno español no saltó a la palestra para emular a los visionarios Sex Pistols, quiénes auguraron el fin de la Reina más longeva de la historia del Reino Unido. Por el contrario, siguiendo la analogía histórico simbólica abierta y salvando las distancias, se atrevió a proclamarse “Lord Protector”, al modo de Oliver Cromwell. Estupefaciente fue su insólita valoración de las noticias “inquietantes y perturbadoras” sobre las investigaciones que afectan a Juan Carlos I. Impostando preocupación, se permitió subrayar que “la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones”, que los medios de comunicación no miran para otro lado y que la justicia está actuando.

No se me entienda mal. En una sociedad libre y madura los tabúes no deben cercenar el debate público. Me encuentro entre las personas que, un año antes de su materialización en 2014, animó al Rey anterior a abdicar, a la vista de las noticias que ya entonces se conocían.

Sin embargo, que un presidente del Gobierno se erija en el juzgador de la actuación de los reyes, medios de comunicación y la administración de justicia, revela sus auténticos propósitos. Si, por otro lado, sabe que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (Art. 56.3 CE) debería concentrar su desasosiego en la actuación de sus antecesores (José Luís Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy Brey) por no haber impedido lo que ahora provoca fingido escándalo. Según la Constitución (art. 64), el presidente del Gobierno y sus ministros controlan «los actos del Rey», ya que los refrendan y se convierten en responsables de los mismos. Que no fueran actos oficiales no les exime de responsabilidad política y, acaso, penal.