Los principales responsables de los incendios que han asolado Canarias este mes de agosto no cabe duda que son las personas que prendieron fuego al monte. En otros sitios he tratado de mostrar que tanto los políticos como quienes dirigieron el operativo contribuyeron a ampliar el efecto de las llamas y que los verdaderos héroes de la lucha contra el fuego fueron los vecinos de algunos de los pueblos afectados.
Sin embargo, hay otro grupo que tiene un buen pedazo de (i)responsabilidad en el desastre que han vivido miles de familias en Gran Canaria, Tenerife y la Gomera. Se trata del movimiento ecologista. Estos autoproclamados defensores de la naturaleza le pusieron una alfombra roja al fuego y están dispuestos a aliarse con quien haga falta para centralizar la gestión de futuros desastres.
La obsesión del movimiento ecologista por crear reservas naturales donde la mano del hombre quede totalmente erradicada y donde impere la "armonía de la naturaleza" les ha jugado una mala pasada a los canarios. Dicho de otro modo, las medidas ultraproteccionistas que impedían tareas de explotación en las zonas afectadas multiplicaron el efecto de los incendios. Esto lo han denunciado repetidamente los agricultores y ganaderos de las ahora no tan afortunadas islas y anteriormente de toda España.
Mientras el incendio avanzaba sin encontrar obstáculo alguno, un representante de este gremio denunció que "los que tradicionalmente cuidaban el campo parecen ser los delincuentes", y añadía que "los incendios llegan a un calibre tan grande porque el campo está abandonado" ya que "parte del incendio se debe también a que no se hacen los cuidados que el campo merece". Respecto a la pinocha que cae de los pinos y que causó el rápido avance de las llamas el mismo agricultor comentaba que «eso ya no nos dejan tocarlo y hay zonas en las que se acumula medio metro de altura de este material que cuando hay fuego se convierte en gasolina».
La fundación Foresta, un interesantísimo proyecto para el estudio y la reforestación en el archipiélago canario, también se ha unido –quizá sin siquiera ser consciente de ello– a las voces sensatas de quienes ven en el radicalismo ecologista un peligro para la ecología y para el ser humano. Según esta institución, una de las principales causas de la expansión del incendio es "la normativa que impide a los propietarios realizar las actividades tradicionales de aprovechamiento forestal".
En medio de los debates que se abrieron al calor del fuego, el propio presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria renunció a defender la política ultraconservacionista que lleva abanderando su institución en diversas zonas de la isla bajo la influencia del movimiento ecologista señalando, no sin razón, que esta política lleva ya décadas instaurada. Vamos, que él seguía la inercia de políticos anteriores; y aquellos la del empuje ecologista.
El gran problema consiste en que acciones como las entresacas, la quema controlada o la explotación maderera han sido demonizadas por los colectivos rojiverdes poniendo a gran parte de la población y de los políticos contra las actividades de aprovechamiento y cuidado de parajes naturales como los pinares isleños. De hecho, el presidente señaló durante los días del incendio a ese movimiento radical como el principal opositor a las medidas de limpieza del monte que tanta gente echaba entonces de menos.
Esta filosofía de no permitir ni tocar la pinocha de los árboles también ha sido criticada por ingenieros de montes que indican que gran parte del problema está en los planes de uso y gestión de los espacios naturales como el de Inagua, donde su condición de reserva lo convertía en una zona virtualmente intocable.
Hay otras formas de prevenir y luchar contra los incendios aparte de invitar al fuego para luego combatirlo con medios exclusivamente públicos. En primer lugar habría que ignorar los delirios de la fiebre ecologista y devolver a los dueños de las tierras el derecho de explotar el monte. De este modo se reestablecería el vínculo entre propiedad e incentivo a cuidar el pinar y otros entornos sujetos al riesgo de incendio. En segundo lugar, el Estado debe evitar las ayudas indiscriminadas que perjudican el establecimiento de contratos que incentiven a las compañías aseguradoras para buscar nuevas formas de lucha contra el fuego. En tercer lugar, hay que descentralizar las decisiones sobre el riesgo en situaciones como la vivida. A menudo son los lugareños quienes mejor saben cómo proteger su propiedad y sin embargo no se les deja participar en las labores de extinción. Cuando la solución es centralizada, un error hace que muchísimas familias se vean afectadas. En cambio, cuando se permite la competencia entre diferentes alternativas sobre cómo combatir una catástrofe como esta, surgen nuevas formas más efectivas. En estos días hemos podido conocer la propuesta de Alberto Vázquez-Figueroa que, según cuenta el escritor, fue ignorada por la administración con la excusa de que tenía que desarrollarla hasta el último detalle. La puesta en práctica de diferentes soluciones que compitan bajo el incentivo de la conservación de la propiedad es la mayor garantía de descubrir los mejores sistemas de extinción de fuegos.
Pero todas estas medidas son precisamente las que atacan los ecologistas. Para la mayoría de los militantes verdes lo natural no incluye al ser humano –y menos aún sus instituciones– así que mientras menos se note su existencia, parecen pensar, mejor para la naturaleza. Por otro lado, una vez se ha declarado un incendio, su política suele defender la mayor centralización posible en la gestión pública de los recursos contraincendio. Por eso no debería extrañar a nadie que los responsables de WWF-Adena y de Greenpeace hayan defendido la miope propuesta de Mariano Rajoy de crear una agencia nacional para la gestión de las situaciones de crisis; lo que no les impidió atacar al líder popular por no haberla propuesto antes.
El desprecio del movimiento ecologista radical por el individuo, la propiedad privada y el mercado libre les ha llevado a ignorar los incentivos (tanto positivos como perversos). De este modo han aumentado el riesgo de incendios al igual que su oposición a los diques "artificiales" les condujo a catapultar el huracán Katrina hasta convertirlo en un cataclismo para los habitantes de Nueva Orleáns. Parece como si los ecologistas no se hubiesen dado cuenta de que, si bien el fuego es "natural", quema un montón. Claro que si lo que quema son propiedades privadas, a lo mejor hasta se alegran.
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