Allá donde miremos siempre hay agua. Los seres vivos son básicamente agua; cualquier ecosistema terrestre incluso el más seco tiene y depende del agua para trasladar energía, nutrientes, sustratos o incluso a los propios seres vivos; la atmósfera contiene ese vapor que termina en forma de nubes y precipitaciones, tan necesarias como temidas; el tiempo climatológico es esclavo del agua. A la Tierra se le llama el Planeta Azul precisamente porque tres cuartas partes de su superficie la ocupan los océanos. Si tanto agua existe en todas partes, ¿por qué la gente pasa sed, los campos se secan y las industrias se paran?
El problema del agua no es su escasez sino la necesidad de que llegue en ciertas condiciones de oportunidad, calidad y cantidad a los que la necesitan; este es el meollo del asunto. La percepción de muchos es que el agua, al ser un elemento común, es un derecho para todos y como tal debe proporcionarse a cualquier humano, incluso bajo criterios de gratuidad. Ajenos a la realidad, estas fuentes de opinión más que de conocimiento ocultan e incluso niegan la otra cara de la moneda, los costes de captación, tratamiento, y transporte del líquido elemento que necesariamente deberán ser repercutidos en el cliente final, sea particular, industria o regante. Además, tampoco explican otros costes añadidos como el que supone el tratamiento del agua contaminada.
Este largo proceso es una actividad económica y como tal puede y debe ir ligada al sistema de libre mercado, donde unos empresarios aprovecharán la oportunidad que se les brinda, creando las infraestructuras adecuadas a través de inversiones y vendiendo su producto final, el agua conducida y lista para su consumo, al cliente que le dará el uso que considere oportuno. Mediante acuerdos, contratos y arbitrajes, supervisados si fuera necesario por organismos no necesariamente estatales, se pueden hacer frente a muchos de los problemas que se podrían plantear, como el respeto de caudales ecológicos, el uso racional de los acuíferos, rápidos de vaciar pero lentos en su llenado, uso racional entre regantes, conflictos entre usuarios y cualquier otro que se pueda surgir.
El precio final será variable ya que cada zona estará condicionada por su latitud, altitud, orografía y climatología, y podrá experimentar variaciones en función de nuevas tecnologías que favorezcan la eficiencia del proceso. Al mismo tiempo, el sentido común del usuario le permitirá acometer una serie de medidas de ahorro que limiten sus gastos. Es evidente que habrá una serie de personas que podrán acceder al agua de manera casi gratuita y otros, situados en zonas más desérticas, secas o menos desarrolladas, tendrán problemas para abastecerse hasta que el desarrollo, la tecnología y la imaginación unida a la necesidad, palien el problema. Que todo el mundo tenga agua en las mismas condiciones no es nada más que otra utopía que sólo ha traído más mal que bien a los necesitados.
Esta necesidad no ha pasado ajena a los partidarios del Estado frente al libre mercado. Una vez aposentados en el poder, no han dudado en nacionalizar y expropiar los bienes de aquellos que han buscado satisfacer esta necesidad humana por sus propios medios. El Estado no sólo ha incautado los bienes sino que se ha arrogado la política hídrica de forma que estima cuáles van a ser las necesidades futuras, cuáles las industrias y actividades favorecidas y cuáles las perjudicadas y como se va a gestionar todo en los próximos años. No contento con ello, ha intervenido los precios reduciéndolos al consumidor final pero sin explicar que la diferencia entre el precio real y el pagado se restituye bien con los impuestos de todos, seamos derrochadores o no, bien con la existencia de empresas públicas estatales deficitarias cuyas deudas se incrementan año tras año sujetas, por lo general, a ingenierías financieras de difícil comprensión pero de gran oportunidad política.
En definitiva, en el mejor de los casos, no aportan nada que no puedan aportar las empresas privadas que dan servicio y en el peor, se generan una burocracias poco eficientes con infraestructuras antiguas, proliferación de averías, imposibilidad de cambiar de suministrador si el suministro es deplorable, pocas e ineficientes inversiones de mantenimiento y en algún caso, las corruptelas de siempre. Es cierto que ningún sistema es perfecto pero el sistema estatal no nos da ninguna otra opción si no estamos contentos con lo que tenemos.
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