El caso Charleroi

Hace un par de años la pequeña localidad de Charleroi, cercana a Bruselas, se hizo famosa en toda Europa. Desafortunadamente el motivo de esta súbita notoriedad fue la supuesta concesión de subvenciones por parte del gobierno local a Ryanair, la compañía de vuelos de bajo coste que va camino de jubilar a varias aerolíneas del viejo continente. Bruselas exigió a Ryanair, acusada de deslealtad competitiva de altos vuelos, que pagase 4 millones de euros. El caso y la lectura que la Comisión hizo del mismo pusieron en entredicho la veracidad de la proclamada defensa que la compañía irlandesa ha venido haciendo de la libertad económica.

De repente el mundo se volvió del revés. La intervencionista Comisión, con Loyola de Palacio a la cabeza, se nos presentaba como defensora de la libre competencia y la libertad económica mientras que la empresa innovadora y en plena expansión resultaba ser una buscadora de rentas ajenas. La propaganda euroestatalista nos contaba que gracias a la Comisión –la misma que autorizó cientos de millones de euros en ayudas públicas a las compañías de bandera– la libre competencia quedaba restituida.

La verdad es bien distinta. Lo que la Comisión calificó como subvención no era tal. Ryanair no recibió solicitó ni un duro y nadie ha probado jamás que haya recibido dinero público. Las famosas subvenciones resultaron ser tasas de aeropuerto más bajas que la media. Es decir, Ryanair pagó por las tasas de aeropuerto de Charleroi menos de lo que otras compañías suelen pagar por usar instalaciones aeroportuarias. Las grandes compañías, que veían cómo la irlandesa les comía el terreno, clamaron al cielo y se agarraron al clavo ardiente de las bajas tasas. Fue entonces cuando la Comisión decidió poner freno al “escándalo” que suponía que una compañía no aceptara un coste como algo dado. Y es que en eso consistía el pecado de Ryanair: no aceptar los costes en los que alegremente incurría la competencia y negociarlos a la baja gracias al comodín que suponen los millones de pasajeros que la compañía aérea puede hacer pasar por un pequeño aeropuerto. Una vez que la aerolínea de bajo coste fue considerada culpable de recibir subvenciones por Loyola y compañía, Ryanair hizo públicos los precios que paga en otros aeropuertos similares, tanto públicos como privados, en un intento desesperado por demostrar que ellos negocian el precio a la baja de manera implacable con independencia del tipo de propiedad del aeródromo del que se trate.

Pero aquella prueba de nada les sirvió. Competir tratando de bajar los costes es considerado un pecado de suma arrogancia por parte de los políticos de Bruselas. Y si encima se trata de una empresa de la cual su presidente dice que no es convencional porque al contrario que las compañías tradicionales ganan dinero y no piden a ningún gobierno que les pague nunca nada o afirma que el negocio de la aviación comercial se ha basado hasta ahora “en el monopolio de los gobiernos estafando a los consumidores”, la sentencia de fusilamiento político queda dictada.

El caso Charleroi nos muestra una vez más cómo la Comisión Europea y sus departamentos antimonopolio se dedican a torpedear sistemáticamente a las empresas que revolucionan los mercados y reciben el apoyo masivo de los consumidores al tiempo que nos intenta encadenar a las empresas que no queremos seguir contratando. Si hay que hacer juegos de malabares o trucos de prestidigitación lingüística para que una buena negociación sea vista como una subvención criminal, se hacen y punto. Después de todo, es el dominio de lo político sobre económico lo que está en juego.