Esta semana han vuelto las "oscuras golondrinas" de las revueltas universitarias a pesar de estar en febrero y no en primavera. Ni que decir tiene que tampoco son lo que eran. No hay masas de universitarios recorriendo las calles de Madrid, convencidos o simplemente divertidos, protestando por "sus derechos". Lo de "ir a la mani" parece que ha pasado de moda. Al menos hasta que los líderes sindicales así lo digan.
Tampoco es que hubiera mucho que protestar. El decreto por el que se abre la posibilidad (con intención de que se vaya imponiendo poco a poco) al 3+2 como sustituto del 4+1 tampoco es muy grave, a estas alturas del partido. Una vez que hemos tragado hasta aquí, no parece que haya mucha vuelta atrás. Y realmente parece que estamos en un partido y que se trata de determinar cuál es estrategia de defensa o de ataque. No deja de ser curioso que ciertamente hablamos de una estrategia, de la más importante de cara a la lucha contra el paro en un futuro cercano, aunque tal vez no inmediato.
Porque ese 3+2 y ese 4+1 se refiere a los años de duración del grado y del posgrado necesarios para que un joven universitario pueda trabajar de manera profesional, homologada, con sello y bendición estatal. Al parecer, la protesta surge porque dos años de master implicaría un mayor coste sobre los hombros de los alumnos y uno coste menor para la administración. Y eso, si bajaran los impuestos en la misma medida, podría tener sentido, pero después de las repetidas subidas de impuestos, de manera que el coste para cada español de los servicios públicos es mayor, la cosa cambia. No parece aceptable que, además, el estudiante (o sus padres) tenga que hacerse cargo de un porcentaje mayor de la educación pública. Es una nueva subida de impuestos encubierta. Eso, que conste, no es privatizar la educación. Lo sería si el Estado dejara de cobrar la educación pública y que los padres y los estudiantes decidieran dónde estudiar y con qué sistema.
El origen del problema es la insostenibilidad del sistema de educación pública. Lo estipulado era que, puesto que los recursos son escasos, el Estado se comprometía a garantizar una educación gratuita (o casi) a los españoles desde los 6 años hasta el final de los estudios universitarios de licenciatura (ahora llamado grado). No entro en lo que sucede en jardín de infancia porque eso es otro cantar del que se puede discutir. Esta vez me quiero centrar en el tramo superior. Lo que sucedió es que cuando la reforma propuesta y firmada del Plan de Bolonia (la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior) estableció la homogeneidad en la duración y estructura de los estudios universitarios, los españoles, acostumbrados a cinco años de carrera como poco (en ingenierías y medicina era alguno más), tuvimos que amoldarnos. Pasar a cuatro años de estudios implicaba recomponer departamentos. En la universidad privada eso significa despedir profesores. Pero en la pública no se puede despedir a nadie. Y el coste para el Estado aumentó. Añádase a eso el descenso de la población y, por ende, del número de matrículas universitarias.
A este panorama hay que sumarle que también se impuso la necesidad de obtener un máster para poder ejercer una profesión. Era algo que los médicos ya conocían y que los abogados empezaron a sufrir con el master en práctica jurídica. Probablemente el MIR, el período de residencia médica, tiene mucho sentido. No lo sé. Pero el master en práctica jurídica sustituyendo lo que toda la vida se ha llamado "pasantía", entendiendo por esto el período de training y aprendizaje del nuevo jurista, no ha aportado nada a los futuros abogados. Eso sí, ha encarecido la factura de su formación.
De la misma forma, el cambio en la estructura de la enseñanza universitaria de 5 años de licenciatura a 4 de grado más uno de master, y ahora a 3 de grado y 2 de master, no va a suponer una mejora del aprendizaje, que es incluso peor, y sí es percibido por estudiantes y profesores como una estrategia para abaratar el coste estatal de la enseñanza. Con lo fácil que habría sido aprovechar el Plan de Bolonia para dejar que las universidades se apuntaran o no libremente, que estructuraran los estudios, para aplicar el cheque universitario, y de esa manera ir comprobando cómo la libertad educativa funciona. Sería un primer paso y ganarían los estudiantes.
Por el contrario, nuestros diferentes gobiernos, han decidido demostrar que nuestro sistema de educación universitario puede ser incluso peor y mucho más caro. Perdemos todos, no hay duda.
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!