Con la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años se vuelve a abrir el debate sobre las pensiones. Lo cual no está mal, porque nos permite examinar el sistema actual y reflexionar sobre él, algo necesario en un sistema democrático. Sin embargo, el problema no es nuevo. Ya hace más de 15 años que economistas y expertos en la materia vienen planteando la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones.
La raíz del problema es que el sistema es de reparto. Las pensiones actuales las pagan los trabajadores actuales, es decir, que los pensionistas no reciben lo que han ido ahorrando o invirtiendo, sino que viven de las cotizaciones de los que trabajan a día de hoy. Este sistema, que no deja de ser piramidal (como Madoff y Afinsa), se va sosteniendo mientras el número de cotizantes sea mucho mayor que el de pensionistas.
El problema surge cuando la pirámide poblacional se va invirtiendo debido a la baja natalidad y al aumento de la esperanza de vida, momento en el que cada vez es más difícil pagar las prestaciones, y éstas cada vez son menores. En España se estima que para 2049 habrá 15 millones de personas mayores de 65 años y diez millones de menores de 16 años, lo cual significa que más del 50 por ciento de la población no estará en edad de trabajar dentro de 40 años.
Sin embargo, este esquema piramidal, pese a ser igual de fraudulento que los demás, tiene una peculiaridad: que puede no suspender pagos. El Estado puede hacer que la pirámide no caiga. Eso sí, bajando cada vez más las pensiones (o subiendo los impuestos). Estrictamente hablando, siempre será posible garantizar su solvencia, si por solvencia entendemos que el tener o contar con medios suficientes para satisfacer las propias deudas y cumplir con los compromisos adquiridos. En el caso de las pensiones, a lo único que se ha comprometido el político es a dar una prestación, pero nadie sabe la cantidad.
El político recurrirá, por tanto, a manipulaciones constantes y sistemáticas para no dejar caer el sistema. Esto quiere decir que, si no se apuesta por cambiar el modelo, siempre se deberán ir haciendo reformas para evitar su inherente quiebra.
Un posible parche consiste en incrementar el número de años para cobrar la pensión, es decir, aumentar la edad de jubilación. Otro puede ser ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo de la pensión. En este último caso se ve claramente como la prestación debe reducirse forzosamente, ya que el importe de la pensión tomará los primeros años de trabajo, que son aquellos en los que se cobra menos sueldo. En definitiva, es evidente que con cualquiera de estas medidas/parches nos quedará menos dinero y no se podrá contar con una pensión digna.
Las pensiones entran dentro del sistema implementado por el Estado denominado previsión social, que se nos asegura que son un conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y de sus familiares, que tienen por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. Busca generar condiciones de seguridad a los ciudadanos durante toda su vida. Un ejemplo serían las pensiones públicas, que deben atender las necesidades de la población cuando por su avanzada edad disminuya su capacidad de trabajo.
Pero la realidad es que este sistema ni protege ni prevé nada. Y por supuesto, no es social. No mejora la condición de los trabajadores; no ayuda a superar la pobreza, sino que la aumenta; no elimina las desigualdades y discriminaciones, sino que las incrementa; no consigue aplacar los riesgos en empleo, salud, educación y previsión; no protege a quienes más lo necesitan y, además, genera condiciones de más incertidumbre al término de su vida laborar activa.
Desde luego, si seguimos con la idea de que “el Estado proveerá” sólo tendremos una pobre, complicada y amargada vejez.
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