El gran cuartel

Los insidiosos planes de los políticos de derechas y de izquierdas pretenden convertir la sociedad española en un gigantesco cuartel donde impere la hiperregulación.

En un anterior análisis expresaba mis temores de que la actual configuración parlamentaria condujera a una búsqueda del consenso entre partidos a costa del presupuesto (y de los contribuyentes que lo sufragan) poniendo el ejemplo de las subvenciones a la minería del carbón que jalonaron el último consejo de ministros del gobierno en funciones. Las actuaciones posteriores a la investidura del candidato no han hecho sino confirmar los peores presagios. No en vano en el escaso tiempo que lleva funcionando este gobierno ha aprobado por decreto ley subidas de impuestos fulminantes, ha acometido el rescate de las empresas concesionarias de las radiales de peaje de Madrid (ahorrándoles probablemente la “engorrosa” reclamación de indemnización administrativa) ha anunciado el incremento del salario mínimo oficial y emprende iniciativas por doquier para contentar a distintos grupos de presión que abanderan los partidos políticos que sostienen de hecho al actual por encima de la cacofonía ambiente.

En el mundo delirante y espasmódico de la política española continúan campeando como si tal cosa los dislates socialistas más contraproducentes, aun si cabe con más bríos dada la irrupción del movimiento neocomunista conocido como Podemos. Curiosamente, los dirigentes con representación política en España consideran que la mejor manera de restar apoyos al nuevo competidor consiste en asumir partes sustanciales de su programa, los cuales pretenden añadir a los tradicionales compromisos adquiridos con sectores organizados alrededor del Estado, cualquiera que sea su instancia.

De esta manera, tras un primer año de recortes cosméticos, absolutamente insuficientes y que no han ido acompañados de reformas liberalizadoras que eliminen tantas barreras de entrada como existen, se recupera con alborozo el legado de la época de Rodríguez Zapatero anterior a la crisis y la recesión subsiguiente que introdujo algunas de ellas. Recordemos que durante el período en que gozó de una mayoría parlamentaria absoluta el Partido Popular de Mariano Rajoy Brey no abordó reformas sustanciales de las leyes que había promovido su predecesor.

De aquel tiempo procede la célebre ley de igualdad. Entre las profusas medidas de ingenieria social trazadas en ese texto –nótese que sin ningún tapujo se suele llamar a estas leyes „instrumentos”- no solo se amplió hasta dieciseís semanas el permiso de maternidad, sino que se creó un permiso de paternidad de trece días de duración, que igualmente implica para los empleados que se convierten en padres la posibilidad de exigir a sus empleadores la suspensión de su obligación de trabajar (Art. 48 bis LET) así como demandar una prestación económica a la seguridad social por ese motivo [Art. 133 octies LGSS]. La medida se extendía incluso a los trabajadores autónomos.

Pues bien, profundizando en esa misma línea, el gobierno anuncia la «búsqueda» de  un pacto nacional para terminar la jornada laboral a las seis de la tarde y la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas el próximo año, para acoger la nada original idea de un nuevo partido (Ciudadanos) de atraerse a quiénes identifican como votantes potenciales: es decir, jóvenes que quieren obtener un pellizco de la piñata que reparten los políticos con el pretexto de tener hijos.

Intoxicados durante años en la idea de que las prestaciones repartidas por el gobierno constituyen un derecho para los beneficiarios, rara vez se analizan en los medios de comunicación dominantes las implicaciones corrosivas de este tipo de medidas.

Por un lado, se olvida que la imposición de la obligación para el empresario de soportar la suspensión del contrato de trabajo por períodos de tiempo cada vez más largos introduce una extraordinaria desconfianza en las relaciones laborales, tanto entre empresario y empleados, como éstos entre sí. Los anatemas lanzados por los sindicalistas al uso no pueden ocultar que favorecer a unos empleados sobre otros por motivos extralaborales provoca irremediablemente costes, problemas organizativos y agravios. Incluso en el ámbito de la administración pública -donde los políticos que la gestionan se muestran raudos por ocultar los costes de estas medidas, entre otras razones por los réditos electorales que les pueden reportar- su extensión produce distorsiones prácticas evidentes, desde el momento que la sustitución de quiénes suspenden sus obligaciones no resulta inmediata y repercute en la carga de trabajo de los restantes. Similares argumentos pueden esgrimirse respecto a un pacto para terminar la jornada a las seis de la tarde que tiene todos los visos de un convenio colectivo corporativista que se impondría a quiénes estimaran el gobierno, los sindicatos y la burocracia patronal.

Por otro lado, se pasa por alto el gasto efectivo que ocasionan estas «prestaciones» al sistema de seguridad social obligatoria. Al mismo tiempo que se aprueba el famoso destope de las cotizaciones a la seguridad social porque no hay dinero para pagar las pensiones de jubilación actuales, se añaden nuevas obligaciones a ese sistema de reparto. Tal vez sea para «descolocar» a los populistas de Podemos.

Como miembro de una de las últimas generaciones de españoles que hizo el servicio militar (la “mili”), creía que el sometimiento a los caprichos y las arbitrariedades de los mandos militares para un ciudadano cualquiera duraría estrictamente el tiempo de estancia en filas. Pero no. Los insidiosos planes de los políticos de derechas y de izquierdas pretenden convertir la sociedad española en un gigantesco cuartel donde impere la hiperregulación para enchufados, pelotas y escaqueadores, rememorando la jerga de la tropa de aquél tiempo. Con el pretexto, eso sí, de buscar el bienestar de sus súbditos. Y parecía que la abolición del reclutamiento forzoso, aun con objeción de conciencia, comportaría un avance en el camino hacia la civilización y la libertad…