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El Jefe del Estado y sus funciones

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En una democracia parlamentaria el Jefe del Estado debe garantizar la estabilidad institucional, pero además debe proteger los derechos y libertades de los ciudadanos a los cuales debe su cargo.

Según este planteamiento, el Presidente en una república, o el Rey en una monarquía, debe trabajar con coraje y astucia para que la lucha política no deteriore las instituciones democráticas y, por tanto, para que no se legisle en contra de la separación de poderes, de la estricta independencia judicial o de los derechos de cada ciudadano a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

Ambas figuras tienen sus ventajas e inconvenientes. El Presidente en una república democrática es elegido por sufragio universal cada cierto tiempo, pero siempre queda sujeto al desgaste público, tanto por las campañas electorales en las cuales debe involucrarse como por las decisiones que debe asumir en el ejercicio del poder ejecutivo.

Sin embargo, un Rey queda elegido por el refrendo mayoritario de los ciudadanos a la Constitución que instaura la monarquía parlamentaria y, aunque sanciona y promulga las leyes, queda fuera del ejercicio del poder. La familia real representa un vínculo sociocultural e histórico con el pasado de la nación y de las personas que la integran. Ese vínculo de unión puede verse reforzado en el caso de que se produzca el casamiento del rey o de su heredero con personas del pueblo que tengan sentido de Estado y actúen con la dignidad y la responsabilidad adecuadas.

Quizás, la principal ventaja de una monarquía frente a una república reside en que el Rey y su familia representan la primacía de la Constitución, del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas, arbitrando su correcto funcionamiento más allá de las luchas por el poder y de las tendencias naturales e incorregibles de muchos políticos por coartar la libertad de la población y por utilizar las instituciones en su propio beneficio o, incluso peor, por arrastrar el país hacia el infierno de la utopía.

En todo caso, tanto en el caso de un Presidente como en el caso de un Rey, la persona que ejerce la Jefatura de un Estado debe ser la primera garantía de la dispersión pluralista del poder, como única alternativa viable institucionalmente para que, actuando con independencia de los políticos, diversas fuentes de poder actúen como contrapesos que institucionalicen un mayor control de las actuaciones públicas de los cargos políticos y proporcionen máximas condiciones de libertad para la interacción libre en un mercado mínimamente intervenido.

Por otro lado, si realiza bien su trabajo, un buen Jefe de Estado debe moderar el funcionamiento de las instituciones y la correcta aplicación de la Constitución, ya que se le permiten ciertos privilegios a cambio de ejercer su cargo con la inteligencia y la valentías necesarias para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y el funcionamiento democrático de las instituciones, conforme al espíritu y el texto de la Constitución, con el noble objetivo de garantizar la convivencia pacífica durante el mayor número de generaciones posibles.

El lector puede preguntarse ¿por qué son tan importantes esas funciones en un Jefe de Estado? Y la respuesta está en la esencia misma de una sociedad civilizada. Sólo se consigue una sociedad extensa, compleja y abierta, cuando las instituciones respetan los derechos individuales por encima del poder político, ya que son derechos inmanentes a la naturaleza del hombre libre y, por tanto, inalienables por el poder político y previos a cualquier Constitución.

Esto significa que un Jefe del Estado debe siempre reclamar que se ejerza una protección efectiva de los derechos civiles de todos y cada uno de los ciudadanos que viven en una nación y, debe exigir que exista una sujeción a la Constitución del funcionamiento de todas las instituciones. Precisamente, por ser uno de los pilares centrales que sostiene la Constitución, el Jefe del Estado tiene responsabilidad máxima y debe evitar que degeneren las instituciones en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos.

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