El mercado del agua es una quimera, no existe. El control estatal de este recurso es total, hasta la embotellada necesita una licencia para su tratamiento y comercialización. El agua, como fuente de conflictos políticos y económicos, se lo debemos en buena medida a este poder que no duda en crear problemas virtuales que luego pagamos todos. Una de las primeras medidas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue derogar parte del Plan Hidrológico Nacional que el gobierno del Partido Popular había aprobado al final de su última legislatura. El Trasvase del Ebro pasaba, de esta manera, a formar parte de ese conjunto de medidas que sólo consumen nuestros recursos y que no solucionan nada.
Pero la necesidad de agua de la costa mediterránea no es una quimera, es algo real que responde al desarrollo económico de la zona. Sostenibles o no, desordenadas o no, las necesidades de sus habitantes y visitantes, de los catalanes, de los valencianos, de los murcianos, de los andaluces son reales y cada vez mayores. Así que como con las energías renovables, el gobierno socialista se sacó de la chistera el conejo de las desaladoras, la principal apuesta de su Programa Agua (Actuación para la Gestión y la Utilización del Agua). Y como en las energías renovables, los sobrecostes que supone un negocio intervenido los pagaremos los contribuyentes.
Pero el Programa Agua no va bien. No hace muchos meses Bruselas pidió explicaciones al Gobierno español de cuál era su situación y lo que respondió Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, estaba muy lejos de sus expectativas hasta el punto de que se puso en duda que terminara llegando el presupuesto prometido. La mayoría de las desaladoras no se han empezado a construir, algunas ni si quiera están licitadas, simplemente en estudio. Los responsables autonómicos critican esta falta de iniciativa, de diligencia, de eficiencia y lo cierto es que no van desencaminados ya que en los últimos meses se han aprobado varios trasvases parciales para cubrir las demandas domésticas, que no las agrícolas.
La desalación tampoco parece la panacea, las medidas gubernamentales en torno a ellas confirman esta afirmación, demasiada ayuda y subvención. De hecho, la desalación se va a convertir en ese negocio típico que une a Estado y empresa en contra del contribuyente. El Gobierno ha hecho público el plan económico financiero que regirá las licitaciones. De entrada, las empresas no participarán en la financiación, sólo en funcionamiento de las plantas y su mantenimiento y por un plazo de 15 años. Los recursos en teoría, ya veremos en la práctica, vendrán de los usuarios finales a los que se impondrá un precio pactado, todavía por determinar, de la UE como ya habíamos visto y de la sociedad pública creada a propósito Acuamed. La Administración también se hace cargo del coste energético. La adjudicataria recibirá un canon fijo, que oscilará entre los 100.000 y los 160.000 euros y otro variable, de alrededor de 4,5 euros por metro cúbico desalado. En ningún momento se permitirá que las empresas compitan con rebajas en el canon. Todo atado y bien atado. Se presume una fuerte competencia por hacerse con tan preciadas licencias. Como suele ser habitual, la empresa, en general la gran empresa, se suele llevar muy bien con lo gubernamental.
Todas estas circunstancias invitan a hacerse unas cuantas preguntas, ¿cuál es la diferencia con otros negocios parecidos, como el urbanismo o las energías renovables, para que no se den casos de corrupción? ¿Cuál es la razón por la que no es compatible este método de conseguir agua potable con otros, incluyendo desde luego el trasvase? ¿Por qué no es posible la venta de agua entre comunidades, poblaciones deficitarias y con superávit? ¿Por qué el precio del agua debe ser igual para todos si los costes de obtención son diferentes? ¿Por qué las empresas no pueden competir entre sí en precio y sistemas para dar un servicio más a la comunidad? ¿Vamos a conocer cuáles son los costes energéticos de la desalación? Ya que el medio ambiente es tan importante para este Gobierno, ¿nos van a explicar cuáles son los impactos que sobre el va a tener la desalación? La producción de dióxido de carbono que lleva aparejada la producción energética, ¿está contemplada en las previsiones del Gobierno para cumplir Kioto? En caso negativo, ¿cuánto dinero extra le va a costar al contribuyente, último pagador de este despropósito?
El Programa Agua es tan intervencionista como el Trasvase del Ebro que proponía el Partido Popular. Nunca sabremos cuál de los dos es más caro. Si existe más de una forma de obtener y transportar agua, desaladoras, canalizaciones que la traigan de zonas con exceso a zonas donde se demande, aguas subterráneas, hasta camiones que podrían dar multitud de posibilidades de satisfacer una necesidad, ¿por qué son las Administraciones Públicas las que nos dicen cómo, cuándo y cuánto consumir? ¿Por qué matan de esta manera la iniciativa empresarial? ¿Por qué controlan así al ciudadano?
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