El orden liberal como construcción histórica

Los criterios igualitaristas que dan justificación al intervencionismo estatal están antepuestos al reconocimiento de la libertad individual.

La forma en la que un ordenamiento liberal funcionaría en la práctica es una cuestión a la cual no se le suele prestar mayor atención. Es posible que este desinterés se explique por el hecho de que la puesta en ejecución de un programa genuina y coherentemente liberal es algo tan lejano, que puede parecer que ni siquiera tiene sentido considerar el problema. Sin embargo, el asunto tiene más significación que la apreciable a simple vista porque de ese factor depende que llegue a considerarse que el liberalismo es una hipótesis viable y no solo una fantasía literaria de académicos contestatarios.

Un ordenamiento social merece ser considerado liberal cuando el parámetro que se emplea para evaluar la conveniencia de adoptar tal o cual disposición es el modo en el que tal normativa impacta sobre el grado de libertad individual de los miembros de la comunidad. En los hechos, en la actualidad, este criterio no se aplica en ningún país. La idea de que determinada ley pueda ser impugnada porque vulnera la libertad individual de los ciudadanos, es un hermoso ideal, pero no una realidad concreta en el mundo de nuestros días. Por lo tanto, como no tenemos ejemplos empíricos a los cuales referirnos, no nos queda más alternativa que apelar a la imaginación y teorizar.

El concepto de libertad es, por cierto, bastante problemático. Se idealiza demasiado y eso lleva a grandes confusiones. Lo primero que cabría decir de la libertad es que se trata de un método o técnica para regular la convivencia. Esta sola definición posiblemente despierte controversias porque implica situar a la libertad en el terreno de la discusión pragmática, algo que muchos rechazan porque la consideran un axioma absoluto.

Pero esta concepción de la libertad como un valor irrebatible supone no entender cómo funciona el mundo real. En la práctica, el grado de libertad del que los individuos disfruten depende en parte de las circunstancias de cada momento y lugar y, simultáneamente, del modo en el que tales variables sean administradas. Un orden social se califica como liberal cuando, en ese abordaje de las circunstancias, el criterio que se emplea es el de procurar, dentro de las posibilidades humanas, que los individuos dispongan del mayor grado de libertad que la situación permita. Esto implicaría que, frente a un problema concreto, el parámetro que se aplique para motorizar alguna solución sea el de limitar al máximo las interferencias con las decisiones libremente adoptadas por cada persona. En la práctica, esto nunca llega a ser absoluto, pero es posible siempre hacer el esfuerzo para incrementar los márgenes de libertad, reduciendo de manera deliberada las intromisiones coactivas en las decisiones particulares de cada sujeto. Este propósito de utilizar la libertad como punto de referencia para guiar la determinación del orden social no está presente en el mundo actual porque los criterios igualitaristas que dan justificación al intervencionismo estatal están antepuestos al reconocimiento de la libertad individual como valor rector de la organización comunitaria.

El punto sobre el cual es relevante enfatizar es que, a partir de este enfoque del problema, podemos concebir al liberalismo como un orden social en permanente proceso de construcción y perfeccionamiento. En el decurso de esta evolución, es muy probable que se produzcan desviaciones, errores, retardos, contramarchas, vacilaciones, dificultades y todo tipo de vicisitudes propias de los asuntos humanos. Este escenario obliga a reflexionar con mucha prudencia y circunspección antes de adoptar cualquier decisión que involucre normativas de cumplimiento obligatorio, a los efectos de tratar de minimizar, hasta donde sea posible, la fijación de reglas incompatibles con el propósito de expandir los márgenes de libertad de los individuos. La comprensión, al mismo tiempo: 1) de la necesidad de un cúmulo mínimo de reglas de cumplimiento general que regulen la resolución de los conflictos que eventualmente sobrevengan; y 2) del criterio de que esas normas deben atenerse al principio de restringir el margen de decisión personal de cada sujeto solo en cuanto sea absolutamente indispensable para evitar el caos; he allí las condiciones requeridas para que el orden liberal opere satisfactoriamente y proporcione a los miembros de la comunidad todos los beneficios que de él cabe extraer.

En la medida en que internalicemos esta metodología de gestión, la posibilidad de que el liberalismo deje de ser un ideal teórico y pase a convertirse en una perspectiva concreta del proceso histórico empezará a tornarse realidad. Las líneas aquí expuestas son apenas un pequeñísimo esbozo de un problema extremadamente complejo y que ameritaría extensos estudios formales. Como el tema no suele ser discutido en los círculos liberales, es bueno sacarlo a la superficie a los fines de incentivar la apertura de los análisis que nos lleven a desarrollar el enfoque doctrinario que permita tener respuestas para un problema de cuya satisfactoria solución la eventual puesta en marcha de programas liberales depende inexorablemente.