Empresarios bananeros

El riesgo moral de las ayudas y privilegios públicos que concede el Estado en una economía intervenida y subvencionada como la europea es fundamental para entender la aversión que la gente tiene a los empresarios. El discurso populista de los nuevos partidos socialistas (Podemos) o de los históricos (PSOE) critica al capitalismo por las malas prácticas que sus políticas planificadoras generan… Y pretenden enmendarlo con mayor intervención estatal.

Estos días se puede leer en la prensa local canaria una serie de noticias que pueden hacernos reflexionar sobre la maldición que sufre su gente pese a vivir en unas islas afortunadas por tantas razones. La historia viene de lejos y tiene que ver con dos complejos hoteleros situados cerca de las dunas y playa de Maspalomas, un enclave privilegiado en el que turistas de todo el mundo deciden pasar sus vacaciones no solo en verano sino cualquier día del año debido a su soleado clima y agradables temperaturas primaverales prácticamente inmutables.

Hace varios años la cadena mallorquina Riu presentó un proyecto de 46 millones de euros para derribar y reconstruir las instalaciones de su hotel Oasis que lleva gestionando desde los noventa pero construido a finales de los sesenta. Fue entonces cuando el grupo canario Lopesan, que también tiene un complejo hotelero en la zona, interpuso un recurso ante el Cabildo para que no se ejecutara el proyecto. Las autoridades públicas lo impidieron y a día de hoy debaten qué hacer en la zona. Entre tanto, Riu tuvo que reabrir su hotel sin poder reformarlo. Los argumentos de Lopesan contra un empresario "de fuera" ponen los pelos de punta y son un claro ejemplo de los efectos del localismo proteccionista en el que un mal llamado empresario se alía con los burócratas de turno para impedir que la competencia pueda innovar o hacer lo que quiera en sus propias instalaciones, de ahí el verbo cabildear.

Este mal no se limita al sector turístico, el estandarte del sector primario canario, el platano, también está podrido. "Sin ayudas, el plátano de Canarias desaparecería", y no lo afirmo yo, lo decía el presidente de los productores plataneros hace dos años quien argumentó también que "el consumidor peninsular tiene que ver al plátano como algo suyo"… y así comprar esta fruta más cara en el mercado aunque previamente la haya subvencionado con sus impuestos. Ayudas que este año ya han cobrado y se elevan hasta los 141 millones de euros que han salido de los bolsillos de los contribuyentes españoles… y europeos (por medio de la PAC, la Política Agraria Común).

No siempre ha sido así, hubo un tiempo en el que la política dejó libertad a la gente y la Ley de Puertos Francos de 1852 facilitó que compañías internacionales alumbraran un provechoso negocio que abasteció de plátanos a muchos europeos sin necesidad de intervención estatal ni saquear a los contribuyentes. La prosperidad duró hasta que los burócratas empezaron a planificar la producción y distribución platanera mediante consejos y comisiones que en el año 1972 desembocaron en la Ley de de Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Desde entonces y hasta ahora, del socialismo franquista al constitucional, el marco jurídico no ha variado en esencia pese a la sucesión de leyes y reglamentos manteniendo un sector agónico a base de exprimir a los contribuyentes.

Años y años de planificación y proteccionismo han generado una mentalidad nacionalista que exige pan y circo. No solo entre los trabajadores y parados (recordemos que Canarias es una de las regiones con más paro de toda la Unión Europea), sino también entre los empresarios. Si es que se puede llamar empresarios a aquellos que llevan tanto tiempo siendo los palanganeros de los políticos para obtener beneficios a través de subvenciones y privilegios públicos en lugar de lucrarse creando riqueza a través de un proceso competitivo.