“Ninguna riqueza en el mundo ni distribución de ésta pueden comprar la paz y la armonía tan esenciales para la existencia humana”, Hans Sennholz
Hoy en día se da por hecho la necesidad y deseabilidad de la redistribución de las rentas, de las personas más adineradas y con más renta hacia las que carecen de recursos “suficientes” (cualquiera sea su significado). Dado que no partimos de situaciones de igualdad de condiciones por diversas razones, es necesario que la acción estatal intervenga para facilitar las cosas a aquellos que parten de las condiciones menos favorables. Muy simplificadamente, esta es una de las razones por las que se justifica un papel importante del estado en la educación, la sanidad, o en la misma distribución de la renta, entre otras parcelas.
En favor de la redistribución se suele apelar a toda una serie de argumentos éticos y morales, donde el concepto de “justicia social” juega un papel clave. Por ello, es importante analizarlos, y si fuera necesario, plantear críticas y alternativas.
Sin embargo, aquí me centraré, si bien de manera incompleta, en argumentos económicos que pueden aducirse para discutir la deseabilidad de la redistribución de la renta vía intervención estatal. La lista podría ser muy larga, como enumera Robert Higgs en Diecinueve consecuencias olvidadas de la redistribución de renta, por lo que me centraré en solo unos pocos.
Se suele decir que el hecho de que la riqueza esté acumulada en unas pocas manos, hace imposible el que se reduzca la desigualdad y se mejore el bienestar de las clases medias y bajas. Sin embargo, en una economía capitalista de libre mercado, la riqueza en forma de capital favorece a la mayor parte de la sociedad. Claramente, beneficia a los propietarios de ese capital, pero también tiene efectos positivos sobre los demás integrantes de la sociedad.
Por un lado, todos nos beneficiamos comprando los bienes y servicios sin cuyo capital no existirían. Y por otro, una mayor capitalización de la economía implica, aislando los demás factores, una mayor demanda de trabajo y mayor productividad, lo que empujará hacia arriba los salarios reales y/o el empleo.
Desde este punto de vista, los efectos de la redistribución obtendrían probablemente resultados contrarios a los perseguidos. Esto es debido a que se establecerá una tasa impositiva mayor a los que, en general, contribuyen más al proceso de capitalización de la economía. El resultado será una reducción del capital disponible, que asimismo afectará negativamente al nivel de los salarios reales y/o el empleo.
Aparte de esto, otros argumentos en contra de los impuestos progresivos y otras medidas de redistribución, podrían ser los siguientes.
El carácter desincentivador que estas medidas pueden tener sobre el trabajo y el esfuerzo. Como dijo Henry Hazlitt en un brillante artículo titulado La tarea a la que se enfrentan los liberales, “la doble pregunta que todo plan para aliviar la pobreza debe responder es: ¿cómo se pueden mitigar las penalidades del fracaso y la desgracia sin desincentivar el esfuerzo y el éxito?"
También en el área de los incentivos, estas medidas suponen un incentivo a la evasión y elusión de impuestos, a través de métodos legales y no legales, surgiendo así la economía sumergida.
Además, en la realidad, los impuestos progresivos sobre la renta no suelen afectar a los individuos con más riqueza, sino a los que aportan más al proceso productivo mediante el trabajo (más rentas). Por ello, resulta dudoso que sean los más ricos de una sociedad los que más contribuyan vía impuestos, siendo que éstos pueden tener su mayor parte de riqueza en forma de activos financieros, inmobiliarios o de otro tipo. Así, los que se ven más afectados suelen ser las clases medias, que son los más accesibles fiscalmente, tienen poca influencia política, suelen carecer de conocimientos acerca de “trucos” para escaquearse del pago de impuestos legalmente, etc.
Por tanto, cabe plantearse: ¿Disminuye el estado del bienestar realmente la pobreza? Aunque muchos responderían afirmativamente sin pensar un segundo, lo cierto es que existen casos históricos en los que un mayor esfuerzo gubernamental no ha supuesto una disminución de la desigualdad. Lowell Gallaway muestra en un artículo el caso norteamericano en la segunda mitad del siglo XX. Mientras que en 1969 las transferencias de renta suponían un 9% de la renta total, en 1994 esta cifra era del 16%. Sin embargo, la proporción del ingreso medio respecto al 20% de la población con menos ingresos aumentó en un 45% entre estos años. Es decir, a pesar del aumento del gasto público en la ayuda a los más necesitados, el resultado fue que la distribución de la renta se hizo más desigual.
Russ Roberts en su entrada sobre Caridad para una enciclopedia económica, habla del efecto expulsión que las acciones gubernamentales relacionadas con el estado del bienestar tienen, y han tenido históricamente –en concreto en la década de los 30 de la Gran Depresión en EEUU-, sobre las aportaciones individuales y voluntarias de ayuda a los más necesitados. Y concluye: “¿Qué pasaría si el gobierno dejara la caridad en ayuda de los pobres al sector privado nuevamente? La caridad privada seguramente incrementaría”.
Antes de la introducción del estado del bienestar entrado el siglo XX, a pesar de que la acumulación de capital y riqueza eran menores, existían alternativas para ayudar a los más pobres, centradas especialmente alrededor de organizaciones religiosas. El filántropo, teórico monetario y banquero Henry Thornton constata esta realidad en la Inglaterra de finales del XVIII y comienzos del XIX.
Como conclusión, podríamos decir que lo realmente importante de un sistema social y económico, es que se asegure la posibilidad de mejora de la situación de los individuos, gracias a su esfuerzo personal y la ayuda voluntaria que se pueda conseguir, y se ofrezca la mayor garantía de éxito al mayor número posible de personas de conseguirlo.
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