La ciudad puede mostrar abundantes ejemplos de incivismo: basura en el suelo (colillas de cigarrillos, restos de chicles, envases, latas, papeles); cacas de perro; contaminación por escapes de vehículos mal mantenidos; ruidos y malos olores; pintadas en las paredes (simples firmas garabateadas o grafiti presuntamente artístico); mobiliario público roto o cubierto de papeles o pegatinas con anuncios de particulares; pancartas con reivindicaciones políticas o sindicales; carteles de publicidad de comercios en soportes portátiles que invaden la vía pública; vendedores callejeros o tiendas físicas que bloquean el paso con sus mercancías en la acera; vehículos aparcados de forma irregular; conducción temeraria o poco fluida; botellón; prostitución en calles y parques; mendigos en la acera o en los semáforos; calles cortadas por alguna protesta o manifestación ilegal; fachadas de edificios en mal estado de conservación o con elementos antiestéticos (aparatos de aire acondicionado o antenas parabólicas) o cierres ilegales. En zonas más apartadas es posible encontrar chabolas o vertidos de basura o escombros junto a los caminos.
Un entorno agradable es muy relevante para el bienestar de las personas: los lugares más atractivos para la vida, el trabajo o el turismo lo son, entre otras cosas, en la medida en que no tienen estos problemas. Un ambiente degradado es desmoralizador, puede reflejar una cultura de poco respeto por la legalidad y además es un problema difícil de resolver: es común imitar conductas ajenas, de modo que lo que está sucio o mal cuidado puede ensuciarse o deteriorarse más.
Estas agresiones contra los espacios comunes muestran una falta de respeto de algunas personas por los demás: minoritarios o no, son individuos mal educados, pícaros, tramposos o vándalos. También muestran la incompetencia o negligencia de los poderes públicos (políticos, burócratas, legisladores, inspectores, policías, jueces, servicios de limpieza) que toleran, no vigilan y castigan adecuadamente o no remedian estas actividades nocivas.
Son fenómenos que no se dan por igual en todos los ámbitos: son raros en zonas de control privado (centros comerciales, parques de atracciones, urbanizaciones), y algunos países o culturas son más civilizados que otros. El estado de los espacios públicos puede servir como indicativo del desarrollo moral y económico de una sociedad: las más prósperas y avanzadas los respetan; las más pobres y retrasadas abusan de ellos.
Algunas personas pueden pretender que los espacios públicos no requieren regulación ni vigilancia especial y que cada persona puede hacer lo que quiera en ellos (siempre que no mate, robe o agreda a otros): que no son de nadie, o que su propiedad pública es ilegítima, y por lo tanto cualquiera puede apropiarse de ellos y usarlos como desee; o que como son de todos, entonces son míos y hago en ellos como me place. Sin embargo la propiedad común no siempre es ilegítima y obviamente no es equivalente a los bienes sin propietario; y la propiedad de varios es de cada uno de los dueños, pero no sólo de cada uno de ellos de forma exclusiva.
Otra posible pretensión es que los espacios públicos no deben existir y que todo debe privatizarse a título individual. El liberal puede legítimamente proponer o exigir que muchos bienes y servicios estatales se privaticen: sanidad, pensiones, educación, televisiones, empresas y entes estatales. Son sectores ineficientes (cuando no corrompidos), poco productivos y competitivos, con problemas de incentivos y de información, faltos de empresarialidad y capturados por diversos grupos de interés organizados (como los funcionarios y otros empleados públicos). Su impacto presupuestario y los daños económicos y sociales que causan son grandes.
Pero privatizarlo todo a escala individual tal vez sea absurdo: el mantenimiento de ciertos espacios comunes puede tener sentido siempre que consigan articularse normas cívicas y mecanismos para su cumplimiento. Estas normas regulan la financiación de la producción y mantenimiento en buen estado de estos espacios, si es posible en función del aprovechamiento por cada individuo (impuestos, tasas, peajes, precios de acceso), y sirven para evitar su deterioro o degradación y los abusos o molestias.
Privatizar absolutamente todo es problemático. Es posible definir la libertad como el respeto al derecho de propiedad privada, el cumplimiento del principio de no agresión (no invasión, daño o robo de lo ajeno), y la posibilidad legal de realizar pactos contractuales voluntarios exigibles por la fuerza. Pero la propiedad no siempre es individual: algunos espacios físicos, como calles, caminos, carreteras, plazas y parques, se poseen y gestionan de forma común por algún grupo privado o por alguna unidad de convivencia colectiva (pueblo, barrio, ciudad, provincia, región, país).
Son bienes que o son difícilmente separables en unidades discretas, o tienen límites extensos que hacen muy difícil el control de acceso y la exclusión, o se colonizan y usan por un grupo de forma conjunta, o simplemente las personas desean compartirlos o gestionarlos como un colectivo. A menudo son espacios comunes, zonas de tránsito y convivencia que requieren una normativa adecuada que permita su uso y disfrute con el máximo aprovechamiento y la mínima conflictividad posible: se trata de normas mínimas de urbanidad, de elemental buena educación para respetar al prójimo, evitar molestias y mantener y no deteriorar el entorno común.
Toda la convivencia en sociedad se basa en normas: el derecho de propiedad es una norma peculiar que indica que el dueño decide las reglas dentro de su propiedad; pero cuando la propiedad es de varios el establecimiento de las normas no es tan sencillo; mucho menos cuando la propiedad es de todos. En los espacios privados los propietarios pueden decidir las normas de conducta e informar a sus potenciales invitados, visitantes o clientes: no es necesario alcanzar acuerdos entre agentes en posiciones iguales o simétricas; los dueños mandan, y los demás o aceptan sus reglas o no son admitidos; cualquier conducta e interacción es posible siempre que sea voluntaria y se eviten los daños a terceros. En los espacios públicos los propietarios son todos o casi todos (salvo extranjeros): como en toda propiedad colectiva, la gran cantidad y diversidad de individuos con derechos de decisión puede originar múltiples conflictos al intentar regular su uso.
Los espacios privados pueden cerrarse o aislarse para evitar daños al exterior; los espacios públicos son por su propia naturaleza abiertos y de interacción constante, de modo que las acciones de unos afectan fácilmente a otros. En los espacios privados el acceso y los usos, quiénes tienen permiso y qué pueden hacer, están restringidos por la voluntad del propietario: tal vez sean pocas o muchas personas autorizadas, y pocas o muchas las conductas permitidas o prohibidas. En los espacios públicos el acceso y la movilidad son libres para todos, pero su uso debe estar estrictamente limitado. Como lugares de tránsito y convivencia los principios que deben regularlos son la funcionalidad (que cumplan con su cometido, que la circulación de personas y vehículos sea fluida) y el respeto al otro (que se pueda vivir en ellos con otros y no contra otros).
Los problemas de los espacios públicos pueden resultar difíciles de resolver por varias razones: su delimitación y diseño suele realizarse por planificación urbanística centralizada que rara vez produce resultados óptimos sino más bien escasez o excesos; los actos de incivismo no son crímenes o delitos graves (como asesinatos, daños físicos, violaciones, secuestros, robos) con víctimas afectadas muy concretas que se benefician directamente de su resolución; suelen ser externalidades negativas difusas, de costes relativamente bajos para cada individuo pero acumulativos y que afectan a mucha gente cuya coordinación es compleja; puede ser costoso descubrir y castigar a los responsables; y los poderes públicos suelen ser incompetentes o negligentes y es difícil para los ciudadanos exigir rendición de cuentas y sustituirlos por otros mejores.
Posibles soluciones son: limitar la extensión de los espacios públicos y exigir respeto de los que tienen sentido; separación de poderes públicos por zonas y funcionalidades (como tráfico, limpieza, mobiliario urbano), con elección directa de los responsables por los ciudadanos; una mínima buena educación para la ciudadanía basada en principios básicos de decencia y cortesía (no hacer daño, no molestar, no traspasar costes a otros) en lugar del adoctrinamiento colectivista e igualitarista y la moralina de baja calidad de la solidaridad estatal coactiva; participación altruista en campañas de limpieza y vigilancia (complementando la escasa capacidad de los vigilantes públicos); incentivar denuncias ciudadanas adecuadamente probadas (testimonios múltiples, imágenes grabadas) y castigos disuasorios para los culpables; represalias ciudadanas (avergonzar públicamente a los incívicos en medios de comunicación, saturar los teléfonos de quienes se anuncian de forma irregular); supervisión y denuncia de los vigilantes incompetentes (policías, inspectores) que no cumplen con su deber.
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