La pasada semana, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolvió al fin una larga disputa entre el gobierno de Bolivia y el banco BBVA relativa al lamentable proceso de nacionalización del sistema de pensiones promulgada por el ex presidente del país, el indigenista de izquierda radical Evo Morales.
La expropiación de los fondos privados de pensiones fue decretada en 2010 y afectó a millones de ahorradores del país y a entidades financieras nacionales e internacionales. Morales sostuvo entonces que la constitución impulsada por su gobierno exigía la gestión pública del sistema de pensiones y el proceso acabó en un arbitraje internacional, en línea con las cláusulas del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito por los gobiernos de España y Bolivia.
De acuerdo con la sentencia que ha emitido el CIADI, el gobierno de Bolivia no garantizó en ningún momento los derechos de las entidades financieras que gestionaban los fondos privados. El fallo añade que el banco BBVA se vio “secuestrado” por un plazo excesivamente dilatado y también considera que los pagos impositivos exigidos a la entidad fueron indebidos. Se habría roto, pues, el compromiso de ofrecer un trato justo y equitativo a los inversores hispanos, rompiendo así uno de los principios fundamentales del Tratado Bilateral de Inversiones.
El gobierno de Morales afirmó que el prejuicio para la entidad sería de apenas 2 o 3 millones de euros. En realidad, la resolución del ciado concluye que Bolivia deberá indemnizar al banco español con un pago de 95 millones de euros, amén de otros 10 millones en concepto de intereses. Pronto se podría dar una resolución similar en beneficio de la aseguradora suiza Zurich, otro de los actores internacionales que se vio salpicado por el proceso de nacionalización.
De víctima (privada) a verdugo (público)
Hasta aquí todo parece de lo más lógico y sensato. Un gobierno de corte bolivariano vulnera de manera flagrante los derechos de una compañía foránea, de modo que el proceso termina sujeto a un arbitraje internacional en el que se defienden los derechos de propiedad y la seguridad jurídica, imponiendo la consecuente sanción a la administración incumplidora.
Sin embargo, si acudimos al CIADI y repasamos todos los procesos de arbitraje que se encuentran abiertos y que involucran de uno u otro modo a España, lo que nos encontramos es un reguero de incomprensibles incumplimientos que han sido perpetrados por el gobierno de nuestro país y han golpeado a decenas de empresas extranjeras. En efecto, un banco español fue víctima del socialismo de Morales, pero desde España le hemos dado el mismo trato bolivariano a numerosas empresas han querido hacer negocios en nuestro país.
El caso más sangrante de todos lo tenemos en el sector energético, donde España decidió retirar las primas a las renovables de forma retroactiva. Quien firma estas líneas consideró absolutamente exageradas las compensaciones ofrecidas al sector, pero tan equivocado fue aquel dispendio como aberrante fue la decisión de retirar las ayudas de forma retrospectiva.
La flagrante inseguridad jurídica generada por aquella decisión hizo que el CIADI recibiese numerosas reclamaciones por parte de las empresas afectadas, que no lo dudaron a la hora de invocar los acuerdos suscritos por España en materia de protección de inversiones, así como las cláusulas de referencia del Tratado de la Carta de la Energía.
Poco a poco, los procesos se fueron resolviendo y nuestro país ha perdido más del 90% de los arbitrajes. ¿Reacción del gobierno de Pedro Sánchez? En vez de asumir la factura de los incumplimientos, su vicepresidenta Teresa Ribera se ha negado a pagar las indemnizaciones referidas por el CIADI e incluso ha amagado con abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, generando un auténtico bochorno institucional que ocupó la portada del diario Expansión y ya ha dado el salto a medios internacionales como el Financial Times o Politico.
De modo que, lejos de tomar nota de procesos como el de BBVA en Bolivia, lo que ha hecho el gobierno de Sánchez es adoptar una postura casi suicida, rechazando por principio el cumplimiento de lo acordado en los arbitrajes del CIADI y posicionando a España como un país en el que no se puede invertir con confianza y seguridad.
No sorprende, pues, que la inversión foránea en nuestro país se ha haya desplomado en 44.000 millones de euros desde que gobierna Sánchez. Al fin y al cabo, ¿qué garantías estamos ofreciendo a quienes quieren hacer negocios en nuestro país? Si nuestra política económica es cada vez más bolivariana, que no nos sorprendan los resultados…
Diego Sánchez de la Cruz es analista económico, miembro del Instituto Juan de Mariana y director de Foro Regulación Inteligente.
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