España Invertebrada por la Oligarquía de Élites Extractivas

El libro España Invertebrada de José Ortega y Gasset se editó en el año 1922 y recogía los artículos, que publicó desde 1920 en el diario El Sol, intentando indagar sobre la crisis nacional de España.

El prologuista de la vigésima edición entiende que: "quizás su mayor atractivo resida hoy en el original y certero análisis del problema capital de España, derivado de los particularismos políticos y sociales, en especial de aquel que afecta a la unidad final de España: los llamados nacionalismo particularistas".

1. España Invertebrada en la Constitución de 1931.

A continuación, analizaremos cómo, después de una lectura crítica de este ensayo, sólo parecen acertados su título España Invertebrada y algunos conceptos copiados de Robert Michels sobre la ley de hierro de la oligarquía.

Como filósofo, Ortega y Gasset señalaba la carencia de suficientes estadistas con egregia inteligencia en la política española, que fuesen seguidos por los "hombres-masa". Sin embargo, erró en su explicación del problema nacional; en vez de profundizar en los motivos institucionales del inmoral comportamiento de la oligarquía de individuos "selectos", dejó caer la culpa de la desvertebración nacional sobre los hombros de la población, con clichés de carácter como el madrileñismo y el provincianismo. Como político, veremos que, igualmente, erró al aportar una solución territorial que sólo ha acrecentado la invertebración.

En opinión del filósofo Ortega y Gasset, la raíz del problema de España no está en su oligarquía política sino que se encuentra en el "hombre-masa":

Una nación es una masa humana organizada, estructurada por una minoría de individuos selectos… Así, cuando en una nación la masa se niega a ser masa –esto es, a seguir a la minoría directora-, la nación se deshace, la sociedad se desmembra y sobreviene el caos social, la invertebración histórica… El daño no está tanto en la política como en la sociedad misma, en el corazón y en la cabeza de todos los españoles. ¿Y en qué consiste esta enfermedad? Se oye hablar a menudo de la «inmoralidad pública», y se entiende por ella la injusticia en los tribunales, la sinomía en los empleos, el latrocinio en los negocios que dependen del Poder público… La enfermedad española es mucho más grave que esa susodicha «inmoralidad pública»… Pues bien: en España vivimos hoy entregados al imperio de las masas… Yo me refiero a una forma de dominio mucho más radical que la algarada en la plazuela, más profunda, difusa, omnipresente, y no de una sola masa social, sino de todas, y en especie de las masas con mayor poderío: las de la clase media y superior.

Ortega, 2009: pp. 97-99 [1920].

Posteriormente, Ortega y Gasset publicó en el año 1930 su obra La Rebelión de las Masas, en donde repitió la idea acompañada de los tenebrosos acordes de la música hegeliana del momento:

En los capítulos anteriores he intentado filiar un nuevo tipo de hombre que hoy predomina en el mundo: le he llamado hombre-masa, y he hecho notar que su principal característica es que sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad y se niega a reconocer instancias superiores a él. Era natural que si ese modo de ser predomina en cada pueblo, el fenómeno se produzca también cuando miramos al conjunto de las naciones. También, hay pueblos-masa resueltos a rebelarse contra los grandes pueblos creadores, minorías de estirpes humanas que han organizado la historia… Europa había creado un sistema de normas cuya eficacia y fertilidad han demostrado los siglos. Esas normas no son, ni mucho menos, las mejores posibles. Pero son, sin embargo, definitivas mientras no existan o se columbren otras. Para superarlas es inexcusable parir otras.

Ortega, 1988: p. 151 [1930].

Con estos mimbres intelectuales, Ortega y Gasset señaló en 1931, en otro recopilatorio de artículos titulado La Redención de las Provincias, que la solución para la vertebración de España no eran ni el municipio ni la provincia y, por tanto, que la unidad política debería vertebrarse entorno a "grandes comarcas o regiones autónomas":

Organicemos España en diez grandes comarcas: Galicia, Asturias, Castilla-La Vieja, País Vasconavarro, Aragón, Cataluña, Levante, Andalucía, Extremadura y Castilla La Nueva… Que cada comarca, cada región se gobierne a sí misma,… que sea autónoma en todo lo que afecta a su vida particular… en todo lo que no sea estrictamente nacional…regidas por una Asamblea comarcal de carácter legislativo y fiscal y por un gobierno de la región emanado de aquella con número bastante de diputados.

Ortega, 2009: pp. 16-17 [1920].

Fue diputado en la Segunda República, por lo que tuvo oportunidad de influir e implementar su teoría de la integración de los "nacionalismos particularistas" en España, por medio de "grandes comarcas o regiones autónomas". Así lo atestiguan sus discursos políticos en las Cortes Constituyentes del 4 de septiembre de 1931 sobre el proyecto de Constitución, y en las Cortes del 13 de mayo de 1932 sobre el Estatuto de Cataluña.

Sin embargo, como vimos en un artículo previo, en sus ansias depredadoras por captar el máximo poder político y económico, la oligarquía de élites extractivas [5] en regiones como Cataluña, adoptó políticas de hechos consumados y generalizó el incumplimiento de la Ley durante la Segunda República, lo que desencadenó la Guerra Civil en España. 

2. España Invertebrada en la Constitución de 1978.

Como ha ocurrido en múltiples ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, los filósofos y pensadores cientistas [4] diseminan ideas en contra de los derechos individuales de cada persona (vida, libertad, propiedad, e igualdad de trato ante la Ley) y, a largo plazo, logran imponer políticas a favor de conceptos utópicos como, entre otros, la clase social, la redistribución de la riqueza, el hombre nuevo, la raza superior, el pueblo elegido, el lenguaje propio, la autonomía territorial,…

Sin duda, los ejemplos más evidentes de cientifismo constructivista o cientismo son Karl Marx (comunismo) y Hegel (nacional-socialismo). Salvando las evidentes distancias intelectuales, y a una escala menor, la estructura territorial autonómica de España es heredera de la arrogancia "cientista" de José Ortega y Gasset; sustentada entorno a conceptos como la ausencia de los "mejores" hombres, la necesidad de una aristocracia de "minorías selectas", la vulgaridad y mediocridad del "imperio de las masas", y la supuesta necesidad de "vertebración" de una nación por medio de "grandes comarcas o regiones autónomas". 

Pues bien, a pesar de haber desembocado en la Guerra Civil, la teoría "ortegiana" de la integración nacional con la formación artificial de "grandes comarcas o regiones autónomas" fue la fórmula más utilizada en los debates constituyentes durante el proceso de transición a la democracia; recogiéndose en el Título VIII de la Constitución Española de 1978, y en sus Disposiciones Adicionales y Transitorias que, posteriormente, fueron desarrolladas mediante la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) de 31 de julio de 1981, y reforzadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Debido a la imposición política de la falacia ortegiana de la integración nacional por medio de las "grandes comarcas o autonomías", el tamaño del Estado en España creció, en sólo tres décadas de democracia, desde un presupuesto público menor al 25% del PIB en el año 1978 hasta sobrepasar el 50% del PIB en 2008, y pasando de tener menos de 675.000 funcionarios hasta pagar el sueldo a más de 3 millones de empleados públicos.

Así, considerando el entramado público empresarial, dentro de la burbuja de incremento del gasto público en los años 2007 y siguientes, España añade hasta un 17% del PIB al gasto público debido a su modelo autonómico. De hecho, sin las autonomías, el tamaño del Estado se podría situar en niveles entre el 30% y el 35% del PIB, con provincias y municipios vertebrando un orden de mercado: 1) con los políticos más sometidos al cumplimiento de la Ley, 2) sin proyectos megalomaníacos promovidos con el dinero público que administran las élites extractivas regionales, 3) sin parlamentos autonómicos que multipliquen la legislación y las barreras comerciales, 4) sin autoridades que discriminen a los ciudadanos no-nacionalistas, 5) con funcionarios menos serviles a las utopías políticas y más cercanos a las necesidades de cada ciudadano y, en definitiva, 6) con mayor igualdad de trato ante la Ley (Art. 14).

3. Referéndum de todos los ciudadanos españoles para aprobar una nueva organización territorial.

Como consecuencia de las Comunidades Autónomas, España tiene una organización territorial sobredimensionada con 17 gobiernos regionales que redistribuyen la riqueza con criterios "sociales" de "hacer país" y en función de las redes clientelares de cada región, con 17 parlamentos autonómicos legislando leyes intervencionistas, y con 17 administraciones públicas regionales que han multiplicado por dos el gasto en sanidad y por seis el gasto en educación desde el año 2001, con una media del 86% de su gasto dedicado a educación, sanidad y personal en el año 2011.

En definitiva, debido a la aplicación de la filosofía ortegiana de las "grandes comarcas o autonomías", España debe afrontar en el año 2014 un desafío secesionista en Cataluña y en el País Vasco.

La casta política española sigue dispuesta a mantener o ampliar su franquicia de negocio regional basada en tres pilares fundamentales: la burbuja estatal en las Comunidades Autónomas, el incumplimiento de la Ley por los políticos y sus redes de contactos, y la impunidad de los delitos de su oligarquía de élites extractivas.

Como prueba de ello, actualmente, tenemos 1661 causas judiciales abiertas por corrupción. Algo inmoral pero hasta cierto punto lógico, si una oligarquía decide seguir extrayendo (robando) recursos privados con incesantes subidas de impuestos año tras año, si decide aumentar el nivel de endeudamiento (impuestos futuros) desde el 35% PIB en 2007 hasta subir por encima del 92% PIB en 2013, si se mantienen las barreras comerciales en contra de la unicidad de mercado, y si adolecemos de desigualdad ante la ley, como consecuencia de un modelo territorial "confederal", que divide a los ciudadanos en primera, segunda y tercera categorías, en función de su grado de proximidad al poder político regional.

Admitámoslo, se requiere de modo urgente una reforma mínima de la Constitución Española de 1978 aplicando el Art. 167 CE. En dicho caso, por favor, afrontemos el problema de la desvertebración territorial, con seriedad y con visión estratégica a largo plazo; sin alimentar y sin expandir la formación de nuevas oligarquías de "élites" extractivas separatistas, que es en lo que consiste el federalismo asimétrico o el confederalismo disgregador de las autonomías.
 

Dado que la soberanía reside en el pueblo español (Art. 1 CE), y dado que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación Española (Art. 2 CE) y fue aprobada mayoritariamente por todos los españoles el 6 de diciembre de 1978, legalmente y con la Constitución en la mano, un Presidente del Gobierno de España no puede seguir dialogando para negociar más concesiones con los separatistas.

Ha llegado el momento de que el Gobierno aproveche la mayoría absoluta de su partido en el Parlamento para impulsar y convocar un referéndum (Art. 92 CE), de forma que todos los ciudadanos españoles decidan una organización territorial más racional [6] [7] de España: fijando (reduciendo y/o eliminando) las competencias autonómicas (Art. 148 CE), y definiendo que, llegado el caso, se aplique la posibilidad de suspensión de un Estatuto de Autonomía ante el incumplimiento de la Ley por las autoridades autonómicas (Art. 155 CE).   

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:

[1] (Ortega, 2009) [1920]. España Invertebrada. Colección Austral. Ed. Espasa-Calpe. Madrid

[2] (Ortega, 1988) [1930]. La Rebelión de las Masas. Alianza Editorial. Madrid.

[3] (Ortega, 1974) [1931]. La Redención de las Provincias. Revista de Occidente.Madrid

[4] (Hayek, 1997) [1988]. La Fatal Arrogancia. Los errores del socialismo. Unión Editorial. Madrid.

[5] Oligarquía de élites extractivas: Una oligarquía se puede denominar de élites extractivas, cuando sus actos ejecutivos y legislativos van más allá de gobernar para garantizar la triple seguridad (exterior, interior y jurídica) de los ciudadanos, y se dedica el Estado-Administración a intervenir la riqueza del territorio a favor del gasto "social", "autonómico",… Normalmente, la oligarquía de élites extractivas sobre un territorio viene acompañada de muchas carencias y/o deterioros institucionales como, entre otros: la ausencia de independencia judicial, múltiples casos de corrupción, prevaricación y malversación de fondos públicos, el incumplimiento de las sentencias judiciales, y la impunidad en los actos delictivos de los políticos (bien con el indulto bien con la inacción o el enfriamiento judicial de procedimientos penales para su prescripción).

[6] Un análisis económico del tamaño del Estado en España recomendaría eliminar el Estado Autonómico y fortalecer los Municipios, porque las Autonomías suponen un gasto "social" del 17% del PIB de España, y aún mayor si se calculase el coste de sus barreras comerciales (*).

[7] Un análisis político de la viabilidad de los cambios institucionales recomendaría, como mínimo, intentar que quedasen 17 gobiernos regionales con competencias ejecutivas reducidas y fijas; y, si fuese posible, sin los 17 parlamentos autonómicos, porque sólo sirven para legislar leyes autonómicas que interponen barreras comerciales, rompen la unicidad de mercado y discriminan ciudadanos, contribuyendo a sumar más de 100.000 normas al año en España (**).

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