Se dice, en un ejercicio de ingenuidad muy habitual, que el Estado vela por los derechos de los ciudadanos, incluso por aquellos cuya naturaleza es bastante dudosa. Y sin embargo, ese compromiso que en todos los procesos electorales oímos con profusión es incumplido de forma sistemática sin que a la mayoría le parezca escandaloso. Resulta curioso que la inobservancia por parte de las empresas de las cláusulas de sus contratos y acuerdos genere incontables asociaciones de consumidores y que esos mismos ciudadanos no se asocien con tanto ahínco para denunciar los abusos de los poderes públicos.
Pero no sólo se incumplen promesas y derechos que afectan a una pequeña parte de la población sino también a los que afectan a todos los cuidadanos, sin excepción, y ello sólo es detectable cuando el desastre se hace manifiesto. Los intervencionistas creen lógico que en un ‘derecho’ como el de la vivienda se discrimine a los que por ejemplo sean solteros o tengan un nivel de renta elevado, aunque el límite sea arbitrario y por tanto discutible pero en un derecho como es la Defensa que el propio Estado ejerce de manera monopolística, no creo que nadie esté dispuesto a aceptar que el Gobierno y sus ministros no tengan el mejor material disponible dentro del presupuesto asignado. Y sin embargo, esto se ha hecho patente en Afganistán.
El pasado 16 de agosto se estrelló en el país asiático un helicóptero militar ‘Cougar HT-21 UL’ de fabricación francesa con 17 soldados españoles que resultaron muertos. A fecha de hoy todavía no está muy claro qué es lo que ha pasado pero ya han surgido dudas de si el aparato mandado era el más adecuado para la misión que estaban realizando e incluso si el adiestramiento de los militares allí destinados era y es el adecuado.
La elección del helicóptero francés Cougar frente a la otra alternativa, el Blackhawk estadounidense, fue en su momento polémica puesto que la calidad del americano es muy superior a la del francés en equipamiento, blindaje, capacidad y características técnicas. Mientras que los militares y los técnicos pedían el aparato americano, los políticos se decidían por el modelo galo, en una clara decisión que respondía a criterios más políticos que técnicos. Es decir el Estado incumplía uno de sus deberes fundamentales que no es otro que tener la mejor defensa posible. Si a un consumidor se le da un servicio deficiente, en un mercado libre puede cambiarse a otra empresa, desgraciadamente un ciudadano español no puede elegir otro ejército que le proteja.
Pero es que además, la falta de formación adecuada del soldado supondría otro nuevo incumplimiento flagrante, porque más allá de los riesgos asumibles que conlleva toda acción militar, el soldado debe tener la mejor formación y capacidad posible ya que en una situación de combate no hay margen entre lo bueno y los menos bueno, ya que esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
De esta manera el Estado bordea la delgada línea que separa la ineficacia y el fraude, se arroga en propiedad una serie de deberes que se vuelven ineficaces debido a corruptelas y decisiones que nada tienen que ver con la naturaleza del servicio y su mejor prestación. Y de esta manera, el Estado trabaja por su supervivencia como entidad de control aumentando sus prerrogativas aunque su cumplimiento sea dudoso, en el mejor de los casos.
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