Estado y competencia fiscal

El mercado es un orden espontáneo, es decir, no deliberado o creado por nadie en concreto, sino por todos los seres humanos que conformamos la sociedad y aquellos que lo han hecho en su día. El derecho surge de esa libertad de relacionarse del individuo y ha venido descubriéndose evolutivamente. Frente a esta visión nos encontramos con lo que Hayek denominara legislación, es decir, el derecho positivo o conjunto de normas aprobadas por los que nos gobiernan. Un fruto vil de dicha legislación es nuestro sistema tributario. Y es el más importante desde varios puntos de vista.

Desde el estatal, ya que algo artificial e involuntario debe subsistir de algún modo. Mientras que en el mercado libre lo haría por sus propios méritos, el estado debe obligar a que se le transfiera propiedad involuntariamente para continuar existiendo (impuestos e inflación). Su naturaleza no es de mercado (no es voluntaria, no es una empresa) y para existir, debe imponerse por la fuerza: si fuera voluntario dejaría de ser estado y se convertiría en una empresa productora de bienes y servicios sujeta a la presión competitiva por mejorar constantemente su oferta al son de los consumidores.

Pero el sistema tributario también es importante desde el punto de vista de los ciudadanos. Y en concreto, para aquellos que nos proveen de bienes y servicios que queremos tener: las empresas. Para estas es de vital importancia la tributación porque ahorrar costes supone sobrevivir y lograr mantenerse en el servicio al consumidor frente a sus rivales. Y es que,  las empresas que tengan que soportar los impuestos verán aumentados sus costes y tenderán, bien a reducir su producción o bien a huir, la famosa deslocalización. La intensidad del segundo caso dependerá de la estructura productiva de la economía, es decir, de la incidencia del impuesto sobre el empleo de capital fijo (bienes menos líquidos), difíciles de liberar y por tanto más costosa su movilidad; o por el contrario, sobre el capital circulante (más líquidos) más rápidos de convertir en dinero y, por tanto, más fácil liquidar y trasladarse. Y sobre todo, esto también explicaría como el estado prefiere gravar las rentas del trabajo que las del capital, dado que los primeros encuentran más incomodidades a la emigración que las propias empresas (suponiendo solo aquellas que tienen capacidad para su traslado, no las más pequeñas que directamente cierran).

Así, en un mundo en donde el comercio es cada vez más imparable, las empresas deben aprovechar cuantas oportunidades tengan para reducir costes y vender a precios más bajos y productos de mayor calidad. Es por ello que se ven impelidas a abandonar sus sedes y trasladarse hacia aquellos lugares más pacíficos con los derechos de propiedad. La deslocalización es un producto más de las incomodidades que las legislaciones provocan y no son más que un alivio forzado para los consumidores. De ahí que la idea de una competencia en impuestos resulte positiva, como un parche a medio camino entre el estado y la libertad.

La competencia en impuestos parcelaría los territorios burocráticos modificando a la baja la fiscalidad ya que las administraciones rebajarían sus gravámenes como modo de atraer empresas, albergar el nacimiento de nuevas  y permitir mayor prosperidad a sus súbditos. Sería un continuum de rebajas de uno y otro lado, más sensible al grado de paciencia de los contribuyentes que el que ahora padecemos. En este punto no cabría argumentación en contra del estilo oligopolístico o colusivo. Siempre habría disparidad de opiniones y objetivos de atraer inversiones de otra zona burocrática por parte de alguna de ellas.

Además, se facilitaría el surgimiento de nuevas voces administrativas que clamarían por disponer de capacidad normativa en materia fiscal en vista de los beneficios políticos que al final se evidenciarían si con menor tributación se permite mayor empleo y prosperidad. Y así, se sentarían las bases para un proceso de secesión del individuo, la sociedad, del estado,  ya que mayores cotas de libertad serían alcanzadas y sería más fácil ver las consecuencias de la planificación acelerando así el desprendimiento del estado.

Pero aun sin llegar a ser tan optimistas, se combatiría el hambre gubernamental que viene de Bruselas y que no suena a otra cosa que a armonización fiscal –al alza, siempre al alza–; ejemplo de ello es la armonización fiscal del IVA. Con lo que con lugares como nuestros Territorios Forales vascos y Navarra como ejemplos, se iniciaría un camino en el que se atomizaría el sistema fiscal. Las empresas emigrarían allí donde mejor pueden servir a los consumidores. Y tendríamos como resultado, una constante armonización a la baja del sistema fiscal.