La ola de frío provocada por el temporal «Filomena» ha ocasionado un preocupante aumento (del 30%) en el precio de la electricidad durante el pasado mes de enero. Dadas las circunstancias —la demanda crece relativamente más que la oferta—, no podía ser de otra manera. Comencemos por analizar qué ha sucedido con la oferta. Primero, las energías renovables son intermitentes, sensibles a los cambios meteorológicos y climáticos. Por ejemplo, un panel solar cubierto de nieve no produce electricidad, la formación de hielo puede afectar al funcionamiento de las instalaciones, etc. Ello hace que la generación de electricidad, durante el temporal, se haya visto reducida. Segundo, las centrales térmicas de diésel y gas no pueden incrementar su producción al ritmo que exige la demanda. Por último, las centrales nucleares y las alimentadas con carbón, cuya fiabilidad y rendimiento son altos, han sufrido moratorias y cierres por motivos políticos, medioambientales e ideológicos. Es preciso recordar aquí que la electricidad no puede acumularse pues se produce y consume de forma simultánea. Sólo las materias primas —uranio, gas, diésel, carbón, madera— son susceptibles de ser almacenadas para atender posibles contingencias.
Analicemos ahora la demanda. La bajada de temperatura aumenta las necesidades de calefacción pues se necesitan más calorías para calentar una misma cantidad de agua o volumen de aire. Por otro lado, la electricidad es un bien poco elástico: su demanda es poco sensible al aumento del precio; es decir, los consumidores no están dispuestos a pasar frío en sus hogares, ducharse con agua fría (o hacerlo menos frecuentemente) y tampoco tienen bienes sustitutivos para producir electricidad. Sólo los hogares con calefacción de carbón y las casas de campo que queman madera pueden soslayar parcialmente un mayor gasto en electricidad. En definitiva, una ola de frío polar provoca interrupciones en la producción de electricidad (renovables) y un súbito aumento de la demanda, por tanto, el incremento del precio es inevitable.
Frente a estos hechos encontramos diversas reacciones. Unos se lamentan de que el incremento del precio de la electricidad haya sido inoportuno: «ahora, precisamente, cuando hay más necesidad». Evidentemente, todos los temporales son «inoportunos» y producen inevitablemente alteraciones en los precios de ciertos bienes; por ejemplo, en Madrid ha habido una «inoportuna» escasez de palas para quitar la nieve de las calles.
Otros, que exhiben una mayor «sensibilidad social», afirman que la electricidad es un bien de primera necesidad y que no «debería» ser considerada una mercancía más. Estos antimercado, los del eslogan «otro mundo mejor es posible», creen que las leyes económicas pueden alterarse en función de sus deseos.
Finalmente están los demagogos, colectivistas, comunistas y adictos al poder político que quieren sacar tajada de la situación y piden la nacionalización de las empresas eléctricas. Sus eslóganes favoritos son: «hay que democratizar la electricidad» o «es preciso combatir la pobreza energética» y otras sandeces por el estilo. Estos enemigos de la realidad actúan mal: unos por ignorancia, otros por ceguera ideológica y otros porque pretenden expropiar los bienes ajenos. Veamos por qué todos ellos se equivocan.
En primer lugar, aceptemos a efectos dialécticos que la electricidad —como los alimentos, el vestido o la vivienda— sea un bien de primera necesidad, sin embargo, las leyes económicas son universales (Menger, 2013: 67) y operan al margen de cualquier categoría —esencial, básico— que establezcamos. Este mismo error lo hemos visto durante la pandemia de Covid-19, cuando las autoridades cierran negocios apelando a una distinción arbitraria de actividades esenciales y no esenciales.
En segundo lugar, la economía no es una ciencia normativa, sino descriptiva; es decir, intenta explicar cómo «es» y no cómo «debería ser» la realidad. El precio de la electricidad sube en invierno por el mismo motivo que lo hace el del marisco en Navidad o el de los equipos de aire acondicionado en verano. Como digo en Hernández 2019, p 104: «Creer que determinados bienes, por relevantes que estos puedan ser, deben permanecer fuera del cálculo económico es ignorar que la acción humana no obra sobre conceptos sino sobre bienes tangibles e intangibles sobre los cuales hay que hacer elecciones».
En tercer lugar, nacionalizar las empresas que generan energía no sólo es una inmoral violación de la propiedad privada, sino que provocaría un empeoramiento de la situación. Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela, un país con enormes reservas de petróleo y que debe importar la gasolina porque su gobierno ha arruinado a las refinerías. Nacionalizar una industria, no lo olvidemos, es pasar del capitalismo al socialismo y el resultado inevitable será una menor producción, cuando no su total colapso. La escasez será aún mayor y para colmo de males ya no será el sistema de precios quien asigne los escasos bienes disponibles, sino el autócrata o el funcionario de turno actuando de forma discrecional. Bajo el socialismo, la corrupción y la ruina están servidas.
Durante una ola de frío, la subida del precio de la electricidad es temporal (tal vez, varias semanas) e inevitable. En España, esto sólo afecta al 35% del coste final que paga el consumidor, el resto es saqueo puro y duro: a) Transporte de electricidad, cobrado por Red Eléctrica Española (REE) a precio monopólico. b) Impuesto a la electricidad (5,1127%), al que se le añade el IVA (21%, tipo más elevado). c) Amortización de la deuda del sistema eléctrico. d) Primas a las renovables, cogeneración y residuos.
En conclusión, es el Estado el que incrementa de forma abusiva el precio de la factura eléctrica. No en vano, España es el tercer país de la UE con la electricidad más cara. Son los políticos, esos que presumen de tener una mayor «sensibilidad social», quienes inflan abusivamente el precio del recibo de la luz para luego culpar al mercado de una subida circunstancial que está plenamente justificada y prevista por las leyes económicas. Reducir el precio de la energía es posible, siempre que nos opongamos al intervencionismo y al saqueo fiscal: 1) Privatizar REE para introducir competencia y abaratar los costes de transporte y distribución. 2) Liberalizar el precio de la bombona de gas butano. 3) Bajar el IVA de la electricidad al 4% (tipo superreducido). 4) Eliminar las subvenciones a las renovables. 5) Sacar de la factura eléctrica otros costes del sistema (amortizaciones e indemnizaciones).
Bibliografía
Hernández, J. (2019). Defensa y Seguridad. ¿Estatal o privada? Madrid: Unión Editorial.
Menger, C. (2013) [1871]: Principios de economía política. [Versión Kindle]. Amazon.
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