¿Hacia un régimen autoritario en Polonia?

No extraña en absoluto que la Comisión Europea haya dado el primer paso para incoar un expediente contra el gobierno polaco.

En Polonia, el partido Derecho y Justicia1 alcanzó el poder en las elecciones parlamentarias de octubre de 2015, con el precedente de la victoria de su candidato a la presidencia de la república, Andrzej Duda, unos meses antes. Un grupo que, dirigido por Jarosław Kaczyński, había ocupado, en coalición con otros, el gobierno entre los años 2006 y 2007 (al tiempo que su hermano gemelo Lech ocupaba la presidencia) fue profundizando durante su estancia en la oposición, a partir de 2008, en la construcción de una ideología nacionalista y populista.

Pues bien, transcurridos casi dos años desde su victoria, se observa cada vez con más nitidez que esos dirigentes del PiS, con el pintoresco Kaczyński a la cabeza del partido y su grupo de colaboradores en el gobierno (la primera ministra Szydło y los ministros Macierewicz, Ziobro y  Błaszczak) sobre los que mantiene un ascendiente incontestable, continúan sus pasos firmes para instaurar un régimen autoritario, envolviendo su actuación en un nacionalismo populista, que, agrupado cual máximo común divisor, amenaza con subyugar a toda la sociedad polaca.

El propósito de desembarazarse de los controles al poder establecidos en la Constitución polaca de 1997 quedó muy claro nada más obtener la mayoría absoluta en el Parlamento con el apoyo de menos del veinte por ciento de los polacos mayores de edad, dado que la participación en las elecciones legislativas de octubre de 2015 apenas superó un 50´92 por ciento del censo. Así, de forma fulminante durante la Navidad de ese año, el gobierno promovió reformas legislativas para desactivar al Tribunal Constitucional polaco. Mediante las mismas se introdujo, con carácter retroactivo, la norma de la exclusiva prioridad para la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento determinada por la fecha del registro de entrada del recurso; la necesidad del voto de dos tercios de los magistrados del tribunal para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, y la reducción  de su mandato, sustituyéndolos por otros elegidos por la nueva mayoría. Más grave aún fue que se negara a acatar la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de marzo de 2016 que declaró inconstitucionales esos aspectos de la reforma legal, parapetándose en que la negativa del gobierno a publicarla en el diario oficial equivalía a su inexistencia (¡!).

En medio del escándalo, el propio Ministro de Asuntos Exteriores polaco Witold Waszczykowski requirió un dictamen jurídico a la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa. Este órgano consultivo emitió una opinión el 11 de marzo de 2016 cuyas conclusiones finales detectaron perfectamente la gravedad de los ataques perpetrados por el gobierno polaco y su mayoría parlamentaria contra su propia Constitución (y los principios generales que rigen los estados de derecho) pues nada menos se arrogaban el papel de máximos intérpretes de su Ley fundamental en detrimento del Tribunal de garantías establecido.

Pues bien, lejos de seguir las ponderadas recomendaciones de la Comisión de Venecia, en el sentido de publicar la sentencia del Tribunal Constitucional y respetar su contenido, como presupuesto necesario para encontrar una salida a la crisis constitucional creada; el gobierno polaco denigró al presidente de ese tribunal (Andrzej Rzepliński) hasta que cesó por la extinción de su mandato y actuó como si no existiera. Casi simultáneamente, el gobierno aumentó la subordinación de la fiscalía a sus designios, atribuyendo su jefatura al ministro de Justicia (actualmente Zbigniew Ziobro) en un país donde la instrucción de los procedimientos penales corresponde, precisamente, a los fiscales.

Con estos antecedentes, no sorprende que el siguiente paso en los planes del PiS causara una justificada alarma e indignación. Precedida de una brutal campaña de descalificación de la integridad de la judicatura tomada como un todo y acusaciones de ser el bastión del antiguo régimen comunista, protagonizada por los medios de comunicación acólitos y organizaciones instrumentales y poco después de la visita del presidente americano Donald Trump; el grupo parlamentario del partido del gobierno presentó tres proposiciones de ley -lo cual evitó abrir un periodo de consultas con otras instituciones y permitió tramitarlas de forma acelerada– de reforma del régimen jurídico del Consejo General del Poder Judicial -(Krajowa Rada Sądownictwa-KRS) en polaco- del Tribunal Supremo y de los juzgados ordinarios. En resumen, las reformas propuestas y aprobadas suponían la elección de los quince vocales del órgano de gobierno de los jueces de procedencia judicial por parte de ambas cámaras del Parlamento (en contra de lo establecido en el artículo 187.1.2 de la Constitución polaca, ¡tan similar al 122.3 de la española! ) la jubilación forzosa de casi todos los magistrados del Tribunal Supremo y su sustitución por otros elegidos por el Ministro de Justicia que quedarían supeditados a su destitución o traslado, así como la elección, cese y traslado de los jueces decanos de los tribunales por parte del mismo ministro.

Para un liberal español que escuchó en las primeras legislaturas del PSOE los argumentos de prebostes socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra, Fernando Ledesma, Juan Alberto Belloch o María Teresa Fernández de la Vega para justificar las (timoratas en comparación) reformas de la LOPJ que sometieron a control político a los jueces, las coincidencias se hicieron atronadoras. Casi parafraseando a los citados, el viceprimer ministro de justicia polaco Marcin Warchol afirmó públicamente para defender la eliminación de la idea de independencia judicial en su país: “Si no aseguramos un mínimo de control democrático sobre el poder judicial, no habrá un contrapeso al creciente corporativismo de los jueces. Y esto significaría la creación de un nuevo orden: un gobierno de los jueces en vez de una democracia”.

Durante la acelerada tramitación parlamentaria estival, empero, se desencadenaron unas manifestaciones diarias, pacíficas, convocadas por los partidos de la oposición, reclamando la independencia judicial y el veto presidencial a las tres leyes; las cuales sorprendieron por su masiva participación, así como por la destacada presencia de jóvenes. El 19 de julio el vicepresidente de la Comisión europea Frans Timmermans advirtió a las autoridades polacas de que sopesaba iniciar consultas con los países miembros sobre la idoneidad de abrir un expediente por infracción del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea por los intentos del Gobierno de subyugar el poder judicial al control político.

En contra del papel vicarial que había desempeñado hasta ese momento, el 24 de julio el presidente anunció que vetaba los dos primeros textos legales (veto que solo se puede levantar por una mayoría de tres quintos de los diputados de la Sejm, según dispone el art. 122.5 de la Constitución) al tiempo que manifestaba su intención de proponer un proyecto de ley sobre esas materias ejercitando su potestad de iniciativa legislativa. El presidente explicó, sin aludir a esas grandes manifestaciones, que, después de numerosas consultas con distintos expertos, había llegado a la conclusión de que el ministro de Justicia no podía nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo como en los tiempos del régimen comunista.

Ahora bien, como indica al respecto un comunicado del FOR (think tank presidido por Leszek Balcerowicz ) -en coincidencia con opiniones expresadas, entre otros, por el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo, el Consejo nacional de la judicatura y el Consejo de la Abogacía nacional- la ley reguladora del régimen jurídico de los tribunales ordinarios, la cual permitirá al Ministro de Justicia elegir y destituir arbitrariamente a los decanos de esos tribunales ordinarios, vulnera la Constitución polaca de 2 de abril de 1997.

En la medida en que, según el art. 9 de la Ley comentada, los jueces decanos desempeñan funciones administrativas, inspectoras y disciplinarias para asegurar una gestión adecuada de la administración de su tribunal, las cuales se superponen a otras de naturaleza propiamente jurisdiccional, recogidas en las leyes procesales polacas; la atribución al Ministro de Justicia de la potestad de nombrarlos y cesarlos arbitrariamente vulnera la regla de la separación y el equilibrio de poderes del artículo 10; la individualidad y la independencia de los tribunales frente a otros poderes del 173, así como la prescripción de imparcialidad de los jueces en el ejercicio de su cargo del artículo 178 de la Constitución polaca.

Con los antecedentes señalados hasta ahora y los principios del Estado de derecho que se comprometen a seguir los estados miembros, según el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, no debe extrañar en absoluto que la Comisión Europea haya dado el primer paso para abrir un expediente contra Polonia el 26 de julio, por la presunta infracción del artículo 7, dando audiencia al Estado polaco por el plazo de un mes. Se atisba claramente la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2, que tienen mucho más valor que la mayoría de las políticas reglamentistas de las que normalmente se ocupan los burócratas de Bruselas. Que esa actuación concluya con la determinación de que el gobierno polaco ha cometido una violación grave y persistente y se le imponga una sanción exige, no obstante, la apreciación unánime de los países miembros, a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Algo a lo que el dirigente húngaro Viktor Orban no parece muy inclinado.

En un momento que los debates públicos se guían atrozmente por los alineamientos y las posturas referenciales, es decir, en función de quién opina o contra quién se opina, he detectado cierta condescendencia hacia los gobiernos polaco y húngaro, por el hecho de que la Comisión europea haya lanzado advertencias contra ambos por sus vulneraciones de principios básicos del Estado de Derecho. Se puede y debe discutir el acierto de la mayoría de la hiperregulación de la Unión Europea, pero no confundirse respecto a algunos temas esenciales, por no analizarlos por si mismos, debido – como decía el maestro Jean François Revel- a una lamentable pereza intelectual. La corrección política no es la única amenaza para la libertad en estos albores del siglo XXI, y aquí están los actuales gobiernos de Polonia y Hungría para demostrar que las máscaras que adoptan sus enemigos son diversas, pero distinguibles. Que estas castas nacionales, profundamente arraigadas en los nacionalismos históricos de sus respectivos países, empleen una retórica machacona contra la difusa “élite” europea, no debe nublar el juicio sobre sus propios planes liberticidas.

En mi opinión, solo una combinación inteligente de fuerzas interiores y exteriores detendrá la deriva autoritaria que han emprendido ciertos países de la Unión Europea.