Skip to content

Hacia un régimen tributario populista del miedo

Compartir

Compartir en facebook
Compartir en linkedin
Compartir en twitter
Compartir en pinterest
Compartir en email

El ministro Cristóbal Montoro ha amenazado con publicar listas con los nombres de grandes defraudadores. Por supuesto, no han faltado voces, tanto en la derecha como en la izquierda, que se han mostrado partidarias de la medida. Ha habido incluso quien ha dicho que «tengo derecho a saber quién me debe dinero». El autor de dicha frase se ha tragado esa idea que nos vendían hace años en un anuncio gubernamental de que «Hacienda somos todos», cuando no es así.

La Agencia Tributaria es el organismo recaudador que nos esquilma a todos para alimentar económicamente a un Estado sobredimensionado que tampoco somos todos, aunque se imponga sobre todos los ciudadanos. Si al final Montoro, con el visto bueno de Rajoy, cumple su amenaza de sacar esas listas, no lo hará por el inexistente derecho de los demás ciudadanos a saber quién les debe un dinero que a ellos no les es adeudado. Lo hará para incrementar la eficiencia recaudatoria del Estado mediante la imposición de un régimen tributario de corte populista basado en la extensión del miedo a la «ira popular».

De hecho, ese sistema ya está funcionando con la entrada de los funcionarios de Hacienda, en plan ‘Los intocables de Eliot Ness’, en restaurantes en plena hora de comida para embargar todo lo embargable. Se busca el efectismo mediático con el fin de infundir en los potenciales defraudadores el pavor a sufrir la vergüenza pública.

En el caso de que se pudiera incluir a alguien en el listado de Montoro incluso antes de que hubiera concluido la preceptiva investigación y se hubiera aprobado una sanción, los allí señalados quedarían condenados ante la opinión pública incluso aunque después se demostrara su total inocencia. Si, por el contrario, se incluye tan sólo a quienes ya han sido sancionados o condenados (en caso de que hubiera delito), se estaría imponiendo un doble castigo que no se admite en otros casos.

¿Publica el Gobierno listas de los condenados, por ejemplo, por robos contra la propiedad privada o por otro tipo de delitos? En absoluto. Es más, cuando ha habido alguna propuesta referida a delitos especialmente repugnantes, como la violencia sexual, se ha vetado con el argumento de que el reo quedaría marcado incluso después de cumplir su pena. No existe motivo alguno para que con los defraudadores sea diferente. No al menos para aquellos que no piensan en cosa distinta que aumentar los ingresos del Estado a costa de los ciudadanos y sus derechos básicos.

Las listas de Montoro tienen, además, un peligro añadido. Ofrecerían una información privilegiada para las organizaciones de criminales que buscaran personas a las que secuestrar para pedir un abultado rescate. Los potenciales secuestradores pensarán, con lógica, que quienes aparecen en el listado tienen mucho dinero. La seguridad de muchas personas correría un mayor peligro tan sólo para que el ministro de Hacienda sienta que está haciendo algo por ingresar más dinero.

El Estado cruza muchos límites a la hora de poner en marcha su maquinaria recaudatoria. Pensemos que, en España, la Policía necesita una orden judicial para acceder a las cuentas bancarias de aquellos a los que investiga, mientras que Hacienda puede fisgar en ellas sin problema ni límite alguno. Eso ya es excesivo, pero los listados serían un paso especialmente grave. Constatarían la imposición de un régimen tributario basado en el miedo del que sería difícil salir.

Y que nadie se llame a engaño. Empezaría poniéndose en esas listas de la vergüenza a los grandes defraudadores, pero terminarían figurando en ellas quienes algún día olvidaran pagar unos pocos euros de alguno de los muchos tributos con los que nos esquilman. Nadie, excepto los políticos que controlan la maquinaria, quedaría a salvo.

Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!


Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más artículos

Crisis en el estatismo

La tarea contra el estatismo es fundar nuevas escuelas y universidades liberales o transformar a las instituciones educativas para que la cultura libertaria penetre en la población y la puedan defender contra el estatismo.