Hacienda son ellos

Ante el derrumbamiento del régimen político que, con algunos claros y demasiados oscuros, ha dirigido el destino de los españoles durante casi cuarenta años, son numerosos los sectores y grupos que muestran sus cartas con vistas a influir en la configuración de lo que pueda venir. La semana pasada le tocó el turno al sindicato de inspectores de Hacienda del Estado (IHE), el cual acaparó titulares  al referirse con un circunloquio a la legalización de la prostitución y el comercio de drogas blandas para recaudar en su informe "Reforma Fiscal Española y ‘Agujeros Negros’ del Fraude".

En una sociedad compleja y plural, tampoco debería extrañar que individuos y grupos diversos se pronuncien sobre las cuestiones públicas; incluida la política fiscal del Estado en su doble vertiente tributaria y presupuestaria. No obstante, si ya resulta aconsejable a priori analizar con mucha precaución las opiniones de quienes se dedican a investigar a los contribuyentes e imponer sanciones, por su condición de juez y parte, tras la lectura de esta extensa (305 folios) amalgama de reflexiones, admoniciones y propuestas, se constata de forma cruda y brutal hasta qué extremos totalitarios han llegado estos aprendices de brujo.

Animo a otros investigadores liberales a calibrar el alcance de cada una de las 238 propuestas de este sindicato de intocables (no todas desechables) pero en este comentario de urgencia me centraré en los presupuestos ideológicos que las producen. Así, aunque los autores esgrimen su carácter "técnico" y dicen que en su organización se dan cita personas de distinta ideología (página 20) no tienen empacho en señalar que: "La salida de España de esta situación crítica requiere, lógicamente, de variadas reformas estructurales y, además, no será posible sin relevantes alteraciones en la Políticas dominantes en la UE, pues creemos firmemente que las llamadas ‘Políticas de austeridad’ a ultranza ponen en peligro la propia viabilidad del modelo social y económico europeo y ralentizan la recuperación del crecimiento económico respecto de las denostadas ‘Política de gasto’" (página 15).

El anterior aserto no les parece contradictorio con otra perla que encontramos en la página 45: "(…) nadie puede negar que, en el marco de las sociedades europeas en las cuales se integra España, dentro del "modelo social de mercado" que caracteriza la UE, una provisión adecuada y suficiente de bienes y servicios públicos en áreas como la educación, la sanidad y los diversos servicios sociales resulta imprescindible, pudiendo discutirse el grado de intervención del sector privado en su gestión y en la provisión, pero no en el diseño y caracterización mínima de tales servicios públicos.

Ello conlleva, inexorablemente, un peso de la actividad pública en el PIB que, con márgenes debatibles, puede situarse en el entorno del 40% y, automáticamente, supone obtener recursos públicos que cubran tal volumen de actividad económica, fundamentalmente, por medio de tributos".

Asumiendo de forma paranoica que el fraude fiscal constituye el origen de todos los males de la sociedad española, hasta en dos ocasiones (páginas 12 y 19) se burlan del contenido de la Constitución (Art. 2), de la cual, por otra parte, se proclaman adalides: "(..) por razones de profesionalidad, de oportunidad y hasta de carácter cívico, contribuimos con ésta, nuestra Propuesta de medidas de Lucha contra el fraude fiscal, a este debate relativo al modelo de sistema tributario español que necesitamos para salir de la crisis y construir de verdad un Estado Social, Democrático y de Derecho, patria común e indivisible de todos los españoles (¡sic!)".

Su culto al Estado ofrece reminiscencias de la "culminación del espiritu objetivo" hegeliano, cuando, al borde del éxtasis, nuestros conspicuos publicanos claman (página 36): "Como punto de partida, es una obligación más exigible que nunca que los poderes públicos actúen sobre el fraude al Estado protector (¡!), social y democrático de Derecho". Asimismo, aunque identifican correctamente la distribución de competencias tributarias en la constitución entre gobierno y legislativo, confunden (página 21) a la AEAT con una institución representativa de la sociedad. Además, no dejan de recordar su carácter de corporación privilegiada que debe ser especialmente escuchada para la reforma fiscal anunciada por el gobierno. Del propio documento se atisba como costumbre del Ministerio de Hacienda la intervención del cuerpo de inspección en la preparación de la legislación que le afecta.

Olvídense de encontrar reflexiones críticas acerca de las imperfecciones y limitaciones del mal llamado "Estado del bienestar", agravadas en España por las burbujas financiera, productiva y estatal. ¿No existe una relación de causalidad entre presión impositiva y fraude fiscal? ¿No resulta perfectamente previsible que los individuos muestren cierta resistencia a que les quiten lo suyo? ¿Cuando se habla de garantizar la suficiencia de ingresos para el estado, cabe desconocer el crecimiento exponencial del gasto de las administraciones públicas ("burbuja estatal") durante los años anteriores al estallido de la crisis y aun después? Los autores ni siquiera se plantean estas preguntas a efectos dialécticos, para después descartarlas.

Antes al contrario, "el objetivo fundamental de las Políticas de austeridad (la reducción del déficit público sobre el Producto Interior Bruto) pasa inexorablemente por una mejora en la recaudación y en un sistema tributario sostenido por todos y sin ‘agujeros’, ‘loopholes’, que drenen recaudación y generan todo tipo de ineficiencias" (página 16).

Solo cabe agradecer a los autores un detalle. Transcurridos algunos años del lanzamiento por parte de la propaganda gubernamental de aquella frase falaz, encontramos una clave para comprender la auténtica realidad: Están acompañados por otros, pero Hacienda son ellos.