Inmigración (VI): impedimentos y sus yerros

«En un mundo en el cual la economía de mercado gana parcelas crecientes de influencia, la importación y exportación de capital humano se rigen por criterios casi soviéticos«. Lorenzo Bernaldo de Quirós

He propuesto militarizar la frontera y que usemos drones, sensores, cámaras, radares y cualquier otra ventaja tecnológica que tengamos en este país para realmente controlar nuestras fronteras». Tom Tancredo (Congresista republicano por Colorado, de origen italiano)

«Los Estados no saben ni pueden ordenar el comercio o la industria, y tampoco la inmigración: por tanto la política de la UE desembocará en una indeseable combinación de ineficiencia y represión». Carlos Rodríguez Braun

«Nuestros oficiales de seguridad de frontera dedican, por desgracia, la mayor parte de su tiempo persiguiendo a migrantes que vienen al norte para segar nuestro césped o hacer eructar a nuestros bebés». Jason L. Riley

«Tratar de detener la migración de personas es moralmente inaceptable y una franca estupidez económica«. Philippe Legrain

«Los ciudadanos domésticos pueden con las barreras a la inmigración perder más como consumidores que lo que ganan como trabajadores«. Murray Rothbard

En cualquier época una parte de la humanidad ha estado siempre en movimiento, unas veces voluntariamente y otras de forma forzada. No existe ninguna nación del mundo con una población fija y homogénea. Con la Ilustración se dio un gran paso en la historia del pensamiento al cristalecer el concepto de «hombre» que englobaba a todas las personas, independientemente de su raza, sexo, religión o cultura. Sin embargo, la aparición del moderno Estado-nación, relativamente reciente desde el punto de vista histórico, encumbró desmesuradamente el sentimiento de identidad nacional haciendo incómodo convivir con minorías y tratando, a partir de entonces, la inmigración con recelo.

Una de las características de las modernas políticas migratorias en los países desarrollados es su naturaleza restrictiva. La inmigración es entendida, en términos de seguridad, generalmente como un problema y los gobiernos respectivos sienten la necesidad de actuar para hacer frente a dicha amenaza.

Precisamente cuando la globalización económica está desnacionalizando la economía mundial, el fenómeno migratorio está impulsando la renacionalización de la agenda política mediante las barreras de acceso de trabajadores extranjeros al territorio estatal y los controles internos de su población.

Por desgracia, los Estados han establecido complicados procedimientos para el control de la inmigración; sus políticas se han convertido en hostiles frente al inmigrante. Son, además, un fracaso esquizofrénico. Fracaso porque se enfocan en la restricción arbitraria de visados, en controles, en las deportaciones y sanciones pero fallan en cubrir la demanda real que hay en cada país de mano de obra extranjera (cualificada o no). Por tanto, fracasan en facilitar una necesaria inmigración legal que responda eficazmente a la demanda de los empleadores por trabajadores extranjeros.

El comportamiento de los gobiernos ante la inmigración es también esquizofrénico porque, por un lado, se imponen duros requisitos a los legales para obtener el permiso de residencia junto a deportaciones de los «ilegales» y, por otro, se otorgan de tanto en tanto «amnistías» a todos aquellos que han logrado entrar sin los visados o documentos requeridos por su propia burocracia. Esto obedece a que los países industrializados no han conseguido amortiguar las corrientes hostiles anti-inmigración de su población (propias de sociedades cerradas) y al mismo tiempo tienen absoluta necesidad de mano de obra complementaria ante el mayor nivel formativo y el envejecimiento de su propia población.

La consecuencia directa de estas medidas que buscan de manera cortoplacista el interés propio pero que reflejan una profunda ansiedad es una menor productividad y especialización y, por tanto, un menor aumento generalizado de la renta per cápita. En otras palabras, con estas barreras artificiales de los gobiernos lo usual es que haya una población por debajo de su óptimo potencial en los países de rentas altas y un exceso de población sobre su óptimo en los países de rentas bajas.

Pero es que, además, estas políticas restrictivas a la inmigración tienen su indeseable ristra de consecuencias no deseadas. El mayor coste es la crisis humanitaria en términos de muertes ante intentos de alcanzar y atravesar las fronteras, detenciones, aumento descontrolado de la llegada de los «sin papeles», enriquecimiento de mafias que trafican con seres humanos para introducirlos ilegalmente y expansión de una economía en la sombra en la que los inmigrantes «ilegales» son vulnerables a la explotación (con el consiguiente quebranto de las leyes laborales e impuestos no pagados). Incitan a muchos de los trabajadores extranjeros hacia la economía sumergida, cebando, por tanto, una mentalidad de ilegalidad que sólo puede traer externalidades negativas.

Contrariamente a lo que sucede por lo general en un mercado negro que hace subir siempre el precio de la mercancía prohibida, el mercado negro laboral paradójicamente obedece a una lógica inversa: la inmigración clandestina rebaja el precio de la mano de obra. Hay un soterrado y escalofriante mercado oculto de esclavos modernos del cual apenas se tiene conocimiento. Eso, cuando no empuja a algunos inmigrantes mismos al mundo de la criminalidad por falta de perspectivas legales (así, tendríamos la profecía auto-cumplida para los contrarios a una mayor liberalización de las leyes de inmigración).

Por otro lado, se está incrementando artificialmente el número de peticiones simuladas de asilo político (institución humanitaria de larga y loable tradición) cuando lo que representan en realidad son meros deseos de trabajar en el país de destino, perjudicando la concesión de verdaderas y necesarias peticiones de asilo. Se está propagando una corrosiva e insana actitud de desconfianza de la población nativa hacia los inmigrantes que son percibidos como incumplidores de la ley en vez de trabajadores o emprendedores potenciales. Esto sin contar, como todo servicio dispensado de forma planificada, con la existencia de inevitables ineficiencias y sobornos a burócratas a los que se les da el poder y los instrumentos de decretar ni más ni menos la legalidad o ilegalidad «humana», amén del surgimiento a sus espaldas de paralelos negocios criminales de falsificación o robo de documentos.

Todas estas consecuencias negativas humanitarias y económicas se achacan injustamente de manera exclusiva a los propios inmigrantes cuando su origen son los draconianos controles migratorios diseñados por políticos y ejecutados por burócratas con la finalidad de adoptar un falso sentido de seguridad. Las políticas actuales en torno a la inmigración nos traen el peor de los mundos posibles: son no solamente medidas crueles y costosas sino que son ineficaces y contraproducentes. Lejos de proteger a la sociedad, éstas socavan la ley y el orden. Todo ello no ha impedido que los gobiernos de los países más prósperos sigan aprobando incrementales controles sobre la inmigración.

El caso paradigmático es el de EE UU. A raíz de la amnistía de unos tres millones de indocumentados llevada a cabo por Reagan en 1986 (que pilló con el paso cambiado a buena parte de los correligionarios conservadores de su partido) se fueron aprobando sucesivas leyes que fueron haciendo cada vez más difícil la entrada de inmigrantes en suelo norteamericano. A esto se unieron medidas de endurecimiento de control fronterizo como la Operación Gatekeeper de la era Clinton. Políticos y burócratas elaboran mitos para promover sus propios intereses. La proposición 187 de Bill Clinton se anunció para lograr el objetivo de frenar el paso de «ilegales» a través de la frontera de San Diego-Tijuana, la más concurrida del mundo. Para ello se levantaron cientos de kilómetros de verja, se contrataron nuevas patrullas fronterizas y se dobló su presupuesto. Esta iniciativa resultó en fracaso porque no se detuvo el flujo migratorio ilegal; tan sólo se desplazó desde San Diego-El Paso hacia el desierto y las montañas.

Posteriores iniciativas similares han dado como resultado la «militarización» de la frontera de EE UU con México, el uso de detectores, de videocámaras, el desproporcionado aumento de los recursos y del número de agentes de patrulla fronteriza, la erección de un muro entre los dos países y la puesta en práctica a nivel nacional del programa de verificación vía red (e-verify) de empleos -introducido inicialmente en el estado de Arizona – con las consiguientes sanciones para aquellos empleadores o empresarios que lo incumplan. Se trata de la serie de medidas más drásticas hasta ahora utilizadas para separar físicamente a dos países que supuestamente son amigos y han firmado un ambicioso acuerdo de libre comercio (NAFTA). Es una actitud contradictoria.

Paradójicamente, se está atrapando además a menos gente «sin papeles» en la frontera porque las rutas de ingreso cambian de las zonas urbanas al desierto, más difícil de controlar y más peligrosas, por lo que el número de muertes han aumentado con respecto a años pasados y se ha fomentado el surgimiento de mafias más poderosas que trafican impunemente con personas indefensas. Parecidas desgracias se producen recurrentemente en torno al Sahara y en las costas mediterráneas o australianas. Un caso especialmente indignante es la ley italiana Bossi-Fini, aprobada en tiempos de Berlusconi, que prohíbe de tapadillo a los pesqueros prestar ayuda en el mar a los inmigrantes (i.e. rescatarles de la muerte), pudiendo ser incluso acusados si lo hacen del delito de favorecer la inmigración clandestina.

Las políticas restrictivas de entrada al espacio Schengen tienden hacia el mismo camino emprendido por los políticos estadounidenses al crear una frontera común exterior. Ha logrado, además, que los países limítrofes no europeos se hayan comprometido, a cambio de ciertos acuerdos y compensaciones económicos, a hacer de gendarmes frente a los que quieren acceder a Schengenlandia. Se subcontrata a países terceros, donde los estándares de respeto a los derechos humanos son bastante menores que los de la UE, con lo cual los abusos y violaciones que soportan los migrantes son mayores. Se intenta impermeabilizar la frontera de manera menos descarada que en los EE UU pero el grado de sufrimiento y coste en vidas humanas es también muy alto. El caso más próximo y lacerante a nosotros es el de subsaharianos en Marruecos en tránsito hacia España.

Asimismo se han ido extendiendo tanto en los EE UU como a lo largo de la periferia de las fronteras de Europa los conocidos aquí como Centros de Internamiento de Extranjeros, de más que dudosa justificación ética, por ser lugares de encierro preventivo de indocumentados en condiciones bastante precarias. Lugares donde quedan detenidos sin juicio previo y sin que se sepa cuándo se les va a soltar. Este modo abusivo de proceder llevado a cabo contra personas foráneas, cuyo único «delito» es haber intentado pasar la frontera sin visado es aberrante. Los gobiernos suelen ocultar la existencia de estos penosísimos centros de internamiento de hombres y mujeres extranjeros. Cuando no hay más remedio que referirse a ellos, intentan justificarlos «criminalizando» a todos los reclusos allí encerrados cuando la verdad es que sólo una minoría de ellos estaría relacionada con comportamientos realmente delictivos.

Por si esto fuera poco, las barreras externas de las fronteras vienen acompañadas siempre de controles internos para intentar «cazar» a los inmigrantes indocumentados que están ya dentro del país. Los controles no sólo se llevan a cabo en calles, plazas, mercados y otros sitios públicos sino que alcanzan también a los lugares de trabajo, sancionando a aquellas empresas que contraten a inmigrantes «sin papeles». Una vez es detectado al inmigrante indocumentado, se le detiene para, posteriormente, proceder a su expulsión… para volver a intentar de nuevo el paso a través de la frontera ilegalmente en un ciclo sin fin. Hoy en día se calcula que 16 millones de mexicanos, 2 millones de salvadoreños, 1,5 millones de inmigrantes guatemaltecos y otro millón de hondureños trabajan en Estados Unidos; más de un tercio largo de los cuales aproximadamente carecen de documentos.

A pesar de que en los últimos cinco años han crecido las deportaciones de forma masiva en el mundo, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), no se han detenido de forma significativa los flujos migratorios ni las remesas enviadas a sus familiares por los inmigrantes. Vimos en un comentario anterior cómo la existencia de cinco fuerzas irresistibles hará que se produzcan en el futuro mayores flujos migratorios a los actuales. Es, pues, extremadamente difícil pararlos. La tozuda persistencia de una inmigración irregular es la expresión más elocuente del desajuste de lo planificado por los burócratas de los ministerios o agencias de trabajo e inmigración con la propia realidad y dinámica de los procesos de mercado.

Todos los países desarrollados de América, Europa, Oceanía y parte de Asia necesitan a millones de inmigrantes de baja, media o alta cualificación. Pero, en vez de atender dicha necesidad perentoria, se persigue una quimera: que vengan sólo aquellos que determinen los burócratas, tanto en el número como en la capacidad o formación que ellos estimen pertinente pese a mostrar desde sus despachos un completo desconocimiento de la lógica interna de las migraciones. Es sencillamente imposible saber el número de inmigrantes que necesita un país y sus empresas en un determinado momento de forma centralizada al igual que es imposible planificar correctamente cuánta leche hay que producir o cuántos coches hay que fabricar desde un órgano central. Pese a ello los gobiernos de países como Canadá, Australia, Reino Unido o EE UU siguen insistiendo en dicho error y aprobando programas para favorecer únicamente la entrada de inmigrantes de alta cualificación o de estudios superiores (mediante los llamados skilled worker programs). El resultado no puede ser sino disfuncional.

Los diseñadores de políticas migratorias que pretenden que entren sólo en el país de acogida los trabajadores de altas capacidades y no los de baja o media cualificación aduciendo que así beneficiaría la economía nacional, demuestran tener una mentalidad arrogante y anti-económica. Es cierto que América, Europa y Oceanía tienden cada vez más a ser economías basadas en el conocimiento, pero eso no quiere decir que puedan prescindir totalmente de trabajos poco cualificados. Cada hotel requiere no sólo ejecutivos sino también recepcionistas, personal de limpieza y camareros. Cada hospital necesita de médicos y enfermeras cada vez más especializados pero también de celadores, cocineros, personal de lavandería o de seguridad. La realidad social es muy compleja y es vano planificarla en exceso.

A pesar de las constantes deportaciones masivas que llevan a cabo las fuerzas de seguridad norteamericanas todos los años y -en menor medida- europeas, se ha demostrado año tras año que el pretendido control del flujo migratorio es un completo fracaso. En la actualidad se estima que hay en EE UU unos doce millones de indocumentados. En Europa pueden llegar a ser cincomillones.

Los conservadores nativistas de los EE UU que alegan que ya se intentó una amnistía con la IRCA en 1986 y que no sólo no acabó con el problema de la inmigración ilegal sino que la multiplicó desde entonces por cuatro, desenfocan totalmente el asunto. Los tres millones de personas que fueron legalizadas allá por 1986 habían sido ya absorbidas por el mercado. El problema con la IRCA y las sucesivas leyes de inmigración que fueron luego aprobadas es que sus diseñadores ignoraron las necesidades futuras de mano de obra por parte de los empleadores de los EE UU. Esto se confirma cada año pues se estima que entran de media unas 400.000 personas al año de forma ilegal en EE UU lo que quiere decir que, pese los cientos de miles de deportaciones anuales, los visados de trabajo que se otorgan cada año por el gobierno federal son muy insuficientes.

Recordemos ejemplos históricos de políticas extraviadas de los EEUU en relación con la inmigración. La discriminación de los inmigrantes por país de origen que supusieron las leyes excluyentes de los chinos en 1882 o las leyes racistas de inmigración de 1924 fueron completamente arbitrarias y, además de causar sufrimiento, no hubo evidencia alguna para establecer que un tipo de inmigración por razones étnicas o religiosas fuese mejor que otra. Tales prejuicios xenófobos han mostrado ser falsos a lo largo de la historia, además de que son injustificables en sociedades abiertas.

Por el contrario, la experiencia del Programa «Bracero» de los EE UU que tuvo lugar de 1942 a 1964 es aleccionadora. Debido a la escasez de agricultores nacionales que trajo consigo la implicación de los EE UU en la Segunda Guerra Mundial, la administración de Roosevelt (él mismo de ancestros inmigrantes) estableció un ambicioso programa de liberalización de la movilidad laboral por el que se dieron muchas facilidades para que inmigrantes, mayormente mexicanos, fueran contratados para las labores estacionales en el agro de los EE UU todos los años. Mientras estuvo en vigor dicho plan, cientos de miles de mexicanos cruzaron la frontera de manera legal en ambos sentidos. La entrada masiva de ilegales, que era ya un problema serio, se desplomó. Fue todo un éxito. Sólo la oposición, años después, de los sindicatos por su competencia de salarios a la baja hizo que dicho plan se cancelara en 1964. A consecuencia de ello, el fenómeno de entrada de «ilegales» reapareció una vez más como el Guadiana.

Las barreras y los controles no paran realmente al migrante sino más bien le incitan a pasarse a la clandestinidad. Hacen que los flujos se vuelvan invisibles. Los malos no son los «ilegales» que quieren trabajar y buscar un mejor futuro para sí y sus familias en otros países sino las restrictivas leyes y cuotas migratorias de los países de acogida que no atienden a las necesidades de su economía y obligan a muchos a cruzar fronteras por canales paralelos al legalmente establecido. Este antecedente del Programa «Bracero» ofrece evidencia de qué es lo que, en parte, se debe hacer frente a la inmigración.

No obstante, es como si los republicanos hubieran tirado la toalla en la batalla de las ideas en torno al fenómeno de la inmigración. Solo saben cerrarse en banda y proponer más barreras, mayores controles fronterizos, endurecer las sanciones al empleador que contrate con «ilegales» y promover más deportaciones. Dificultan la entrada legal a los inmigrantes, y con ello creen resolver el problema.

Solo dos presidentes republicanos, Reagan y Bush, ambos ex gobernadores de Estados fronterizos con México, se atrevieron a mirar de frente a la realidad de la inmigración y a la necesidad que tiene de ella los EE UU. Lucharon cada uno a su manera frente a la corriente mayoritaria de su GOP contraria hasta el día de hoy a tratar este tema con ciertas dosis de sensatez. Parece como si dieran por perdidos a los inmigrantes. Craso error: se sorprenderían comprobar hasta qué punto el espíritu de emprendimiento y la tenacidad de muchos de ellos y sus familiares les situaría ideológicamente cercanos a ellos. Por su parte, los demócratas tienen buena prensa entre los inmigrantes; Obama prometió una ambiciosa reforma en torno a la inmigración en 2008 que avanza con paso de tortuga y la realidad es que ningún presidente anterior alcanzó nunca el número de deportaciones bajo su administración (para finales de 2013 se espera que se llegue a la cifra de dos millones de deportados que vivían o trabajaban en suelo americano durante su mandato y que bien podían haberse beneficiado de la tan cacareada reforma si la hubiera aprobado). Va a tener el dudoso honor de ser el presidente con más deportaciones absolutas de inmigrantes a sus espaldas; y se le suponía un presidente amigo de los mismos…

Las barreras políticas a la inmigración son una fuente de problemas y distorsionan los procesos de mercado laboral internacional. Deben liberalizarse las leyes sobre la inmigración. En EE UU el político republicano con las ideas más claras al respecto sea tal vez Grover Norquist, el mismo que lleva defendiendo desde hace casi tres décadas el bajar y simplificar los impuestos.

Como veremos en un comentario posterior, en tanto en cuanto la competencia en materia de inmigración sea un asunto de Estado-naciones y no se pueda confiar mejor en otras administraciones locales más cercanas al ciudadano o en mecanismos más pro-mercado para regular los flujos migratorios, la mejor opción por el momento sería facilitar por parte de los gobiernos de los países desarrollados muchos más visados de trabajo temporal a los inmigrantes que lo soliciten y no sean desmerecedores de ellos y, al mismo tiempo, fomentar programas de «trabajadores-huéspedes» o trabajadores temporales que tan buenos resultados dieron históricamente. Todos saldríamos ganando.

Sin embargo, hay una manifiesta falta de voluntad política para integrar en serio a los inmigrantes indocumentados. La actual política migratoria de los países desarrollados es un sistema roto e inestable.

Caso de mantenerse la severidad de las restricciones actuales a la inmigración, estaríamos insistiendo en un esfuerzo inútil al modo de Sísifo o, más certeramente en palabras de Bryan Caplan, en una solución en busca de un problema.

Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  II, III, IV y V.