«Las políticas de admisión deben fomentar el crecimiento económico y la integración, no animar a la gente a cruzar nuestras fronteras ilegalmente». Derrick Morgan & Stepehen Moore.
«El enfoque de Helen Krieble reconoce la realidad de que la vigilancia fronteriza sólo puede funcionar si aceptamos las demandas de nuestra economía y se ofrece una vía legal para los trabajadores (extranjeros) de los que muchas empresas americanas dependen». John Fund.
«Nuestra sugerencia es que en lugar de tener cuotas artificiales de nuestros trabajadores invitados aquí, dejemos que el mercado determine cuántos permisos de trabajo son necesarios». Helen E. Krieble.
Escasez de las green cards
El otorgamiento de visados es casi siempre gestionado centralmente por una burocracia planificadora que asigna cuotas cada año según criterios fijados administrativamente que se caracterizan por no cubrir suficientemente la demanda existente. En los EE UU si uno es extranjero y quiere estar allí de forma legal, tiene que recibir necesariamente de las autoridades norteamericanas algún visado de las siguientes tres grandes categorías:
a) Visado de inmigrante: el otorgamiento de este visado (conocido popularmente como green card) le permite a uno residir y trabajar de forma permanente en los EE UU y, generalmente después de cinco años, le da derecho a la nacionalidad norteamericana si logra pasar ciertos tests cívicos y de inglés.
b) Visado de refugiado/asilado: accede a dicho status aquel extranjero que, estando fuera de su país de origen por sufrir persecución por diversos motivos tasados, solicita admisión en otro país. Si la pide fuera de EE UU se le cataloga como refugiado y si la solicita ya dentro del país americano es considerado asilado.
c) Visado de no-inmigrante: es aquel que se otorga a toda persona extranjera que le permite la entrada meramente temporal en los EE UU para un propósito específico (turismo, trabajo, negocios, estudios, labores diplomáticas, deporte, etc.). Existen unos 85 tipos de visados clasificados significativamente como de «no-inmigrantes». En concreto, los visados de trabajo temporal son muy limitados cada año (unos 600.000 de media al año, si se incluyen también a los de los familiares), el grueso de estos visados de trabajo temporal son del tipo H y se refieren a áreas muy específicas que requieren pericias o cualidades muy concretas para las que no deben existir trabajadores estadounidenses disponibles, según establecen los criterios burocráticos.
[Nota: para los ciudadanos de ciertos países (mayormente procedentes de Europa) se les permite visitar los EE UU sin visado especial siempre que se tenga el pasaporte en vigor y se haya pedido autorización electrónica conocida por las siglas ESTA].
Si excluimos los visados de turismo, los visados de la primera categoría, deinmigrantes permanentes, representan la mayoría de los emitidos lo cual no tiene mucho sentido porque lo lógico sería que se otorgaran bastantes más visados de trabajo temporal que de permanente. Estos últimos son titulares de la llamada green cardy han obtenido su visado a través del consulado de su país de origen o bien dentro ya de los EE UU a través de la DHS del gobierno. Se distinguen, a su vez, tres formas fundamentales de obtener las green cards (aparte de los refugiados o asilados):
a.1.) Por patrocinio familiar: ser familiar de un residente norteamericano (inmigrante permanente o ya ciudadano) da opción a solicitar un visado de residencia permanente. En Europa se suele denominar a esta modalidad reagrupación familiar.
a.2.) Por razones económicas o de empleo: en esta categoría se encuentran aquellos inmigrantes con vocación de permanencia que cubren puestos laborales que no pueden ser cubiertos por americanos; por ejemplo, ejecutivos, empleados de multinacionales, profesionales cualificados, inversores, clérigos y trabajadores no cualificados pero con habilidades extraordinarias en artes o ciencias.
a.3.) Por diversidad: dicha categoría fue creada por los burócratas useños para introducir más variedad en el flujo migratorio hacia los EE UU. Las solicitudes de nacionales de países que han enviado menos de 50.000 trabajadores en los cinco años previos y tienen cualidades específicas entran en un sorteo con el que poder ser agraciados con un posible visado de «inmigrante diverso».
Según datos de la DHS, en los últimos tres años se han ido dando aproximadamente un millón de green cards al año a inmigrantes con derecho a residencia permanente. Pudieran parecer muchas autorizaciones permanentes pero analicemos dicha cifra: los inmigrantes por motivos de reagrupación (patrocinio) familiar suponen ya más del 67% en promedio de todas las green cards otorgadas a los inmigrantes por las autoridades americanas cada año. Además, no tienen límite de entrada si se refieren a familiares directos (immediate relatives). Es lo que se ha venido denunciando como un sistema endogámico o nepotista.
El resto de concesiones de visados otorgadas a inmigrantes permanentes (incluidos los refugiados/asilados) se caracterizan por su restricción pues se basa en cuotas prefijadas centralmente por el gobierno federal antes de cada año fiscal. Se agotan a los pocos días de hacerse pública su disponibilidad.
El dato realmente revelador es que, de todos los visados (green cards) entregados en los EE UU a inmigrantes permanentes, menos de un 15% son por razones de empleo. Dentro de éstos, además, el 85% de los que lo reciben por este motivo están ya en el país bajo el status de trabajadores temporales, es decir, no-inmigrantes. Desde los años 90 cada vez son menos los visados por razones de empleo entregados a los inmigrantes en los consulados extranjeros. Por su parte, alrededor de un 14% de los visados de residencia permanente son concedidos a refugiados o asilados y un 5% aproximadamente son entregados por criterios de diversidad.
Como se ve, la gestión federal del servicio de selección y entrega de visados de trabajo o empleo (tanto permanente como temporal) se caracteriza por la escasez e ineficacia en su distribución. Esa es la razón fundamental por la que existe una gran masa de trabajadores extranjeros poco cualificados sin documentos: la mayoría no tiene posibilidad alguna de recibir ningún visado. No es casualidad que las estimaciones del número de trabajadores clandestinos viviendo y laborando en los EE UU ronden ya entre 11 a 15 millones de personas.
Una solución pro mercado con las red cards
Si se tiene un ejército de trabajadores «ilegales» por carecer de documentos, trabajando en la sombra, con temor a ser deportados y agazapados en territorio americano, sin osar visitar sus países de origen por miedo a no poder entrar de nuevo, lo más lógico y sensato sería proveerles de inmediato con algún tipo de documento identificativo. Eso es lo que pretende a grandes rasgos la innovadora propuesta de la Red Card Solution de Helen Krieble (hija del empresario fundador de Loctite, especializada en adhesivos y selladores industriales) y su fundación (dedicada a influir en las políticas públicas americanas según los principios de los Padres Fundadores).
Se trataría de un programa de trabajadores huéspedes temporales gestionado no ya por las dependencias públicas sino por agencias privadas (semejante a las empresas de empleo y agencias de colocación laboral) que abrirían sus propias oficinas en los países exportadores de mano de obra para facilitar el proceso de obtención de una tarjeta de trabajo temporal (llamada tentativamente red card). Estas compañías deberían contar con una licencia administrativa para poder operar. La obtendrían sólo aquellas empresas que contaran con tecnología y desempeño profesional adecuado y serían supervisadas por el gobierno ocasionalmente. No habría incentivo más poderoso que el beneficio fruto de dicha actividad intermediadora por lo que es presumible que harían bien su trabajo (caso de ineficacia o de engaño, perderían su licencia).
Estas agencias gestionarían su base de datos y casarían la oferta con la demanda laboral de extranjeros. Harían el chequeo previo de antecedentes penales (de modo semejante a como hacen hoy las tiendas de armas en los EE UU) y emitirían tarjetas inteligentes con microchips, difíciles de replicar, con los datos personales del trabajador, su fotografía e incorporación de sus huellas dactilares y otros sistemas biométricos utilizados en la actualidad. Serían las responsables del cumplimiento de las leyes nacionales del país de acogida. Desempeñarían una labor complementaria a la que en estos momentos realizan los consulados en el exterior. Facturarían tanto al empleado como al empleador.
Su labor ayudaría a eliminar gran parte de los contrabandistas de trabajadores (denominados polleros o coyotes en México) que ponen en peligro la vida de los emigrantes al cruzar ilegalmente la frontera por lugares cada vez más inhóspitos y peligrosos. Si se pudiera conseguir fácilmente la tarjeta roja en su país de origen, pagando allí por los trámites de permiso de trabajo temporal en un país desarrollado concreto, los inmigrantes no tendrían ya muchos incentivos para acudir a los inescrupulosos (y caros) contrabandistas. Las fronteras del país se volverían más seguras y menos costosas de salvaguardar al enfocarse las patrullas en aquellos pocos que persistirían en traspasarlas ilegalmente por motivos probablemente ilícitos.
El gobierno no tendría tampoco que calcular y establecer cada año las cuotas de visados de inmigrantes necesarios (la realidad nos muestra que siempre se quedan cortas). A diferencia de los visados de trabajo temporal o permanente gestionados por las agencias del gobierno, no habría límites a la emisión de dichas tarjetas rojas, siempre y cuando existiera una oferta laboral concreta en el país de acogida detrás de cada emisión de tarjeta.
Tampoco sería una amnistía. Los trabajadores ilegales en suelo americano tendrían que regresar a sus países para solicitar su tarjeta roja. Debido a la facilidad de su tramitación la gran mayoría optaría por regresar a su país de origen para regularizarse, abonar el precio fijado por la agencia expedidora de dichas tarjetas y hacerse «legal» en el país de acogida. Dicha tarjeta les daría derecho a entrar y salir las veces que quisieran sin temor a ser arrestados y deportados. Eso sí, no sería un trámite para comenzar el camino hacia la nacionalidad. Sería un mero permiso de residencia para trabajar de forma temporal, no el camino para adquirir los derechos de ciudadanía.
Estas tarjetas darían cobertura a todas las categorías de visados temporales de trabajo y el proceso de su obtención se separaría completamente del sistema actual de obtención del visado de residencia permanente (green card), de la documentación de asilo y de la nacionalidad que seguirían existiendo con sus trámites y restricciones actuales.
El empleador retendría cada mes, a parte de los impuestos, una cantidad al trabajador temporal a modo de consigna a favor de este último. Éste podría cambiar de trabajo una vez finalizado su primer contrato laboral temporal. Si se acabara o no encontrase un nuevo trabajo temporal en un tiempo determinado, tendría que regresar a su país de origen a solicitar una nueva tarjeta roja y pasar por otro filtro de sus antecedentes. En el momento de abandonar el país de acogida recuperaría en la frontera la totalidad de la cantidad retenida por su/s empleador/es (incentivo para regresar y solicitar una nueva la tarjeta roja si así lo deseara).
La mayor parte de los trabajadores «ilegales» no desean obtener la nacionalidad ni la residencia permanente. Muchos son trabajadores estacionales (especialmente del agro) y ven imposible cumplir los farragosos y costosos trámites actuales para la obtención de visado por lo que optan por pasar la frontera ilegalmente, pero no con objetivos ilícitos. Desean trabajar allá donde las oportunidades de trabajo se encuentren y ayudar realmente a sus familias.
Se asume que la ciudadanía es la única manera de hacer «legal» a la gente. Esto es obviamente un error. Existen muchos tipos de visado que permiten a las personas residir y trabajar en un país sin necesidad de ser un medio para convertirse en nacionales de dicho país receptor.
Esta solución innovadora ayudaría además a eliminar la disparidad de tratamiento que se da con el sistema estatalizado de visados actual entre grandes y pequeños negocios. Las mayores empresas pueden cabildear con las autoridades para que éstas amplíen las cuotas de aquellos visados que más les convengan, pueden costear los farragosos trámites burocráticos o pueden abrir incluso sucursales en el extranjero y contratar directamente allí al personal necesario. Con este sistema privado de emisión de visados temporales expedidos en el exterior el pequeño negocio se beneficiaría al tener a su alcance de manera asequible la contratación de trabajadores extranjeros que portasen las referidas tarjetas rojas.
Dos vías legales para los trabajadores extranjeros
Con este sistema de emisión de «tarjetas rojas» -que en el fondo es un programa privado de trabajadores huéspedes temporales- se abrirían por fin los cauces legales a los trabajadores en el extranjero que quisieran ingresar a trabajar de manera legal y ordenada en otro país.
Habría un camino hacia permisos de trabajo temporales simple y casi instantáneo (un recolector temporal de frutas o verduras, por ejemplo, no precisa saber inglés o conocer la cultura del país de acogida) y habría otro camino hacia la ciudadanía, que sería muy serio y difícil, como es lógico. Sin embargo, el que tuviese un permiso temporal de trabajo no le impediría tomar la otra ruta, pero tendría que identificarse como alguien que realmente quisiera ser ciudadano y siguiese el procedimiento establecido.
Los inmigrantes tendrían opción siempre a nacionalizarse pero, de esta forma, se facilitaría a muchos otros el acceso al mercado laboral dentro de un país desarrollado pese a que la obtención de nacionalidad seguiría siendo tan limitada como lo es en la actualidad.
Coexistirían, pues, dos caminos bien diferenciados para la obtención de permisos de trabajo: uno de libre mercado, ágil, descentralizado, pagado por el usuario y de carácter temporal y otra vía, la estatal, jerarquizada, más burocratizada y lenta, pagada por todos los contribuyentes y de carácter permanente, con derecho a acceso final a la ciudadanía.
La solución de la llamada tarjeta roja puede que no sea perfecta pero lo bueno es que con esta medida innovadora habría muchos menos inmigrantes «ilegales» y cada trabajador, al presentársele más oportunidades, podría elegir qué camino le convendría más según su proyecto de vida y sin tener que jugársela verdaderamente en la frontera.
Críticas a la tarjeta roja
Esta propuesta tuvo, como era de prever, una acogida fría y quisquillosa por parte de los congresistas y senadores norteamericanos. Fueron tres las críticas fundamentales que se le hicieron: primero, se establecerían dos categorías de personas en la sociedad (los que contasen con plenos derechos y los que no); segundo, no sería conveniente subcontratar empresas privadas para asuntos relacionados con el orden público; y tercero, ligaría al trabajador temporal con el empleador en una suerte de «servidumbre por contrato» (indentured servitude) al no permitírsele cambiar de trabajo caso de que no le gustara.
Aunque es posible desde posiciones liberales desmontar las dos primeras críticas, no es fácil hacerlo. En cuanto a la tercera es cierto que habría que buscar un sistema algo más flexible para que el inmigrante temporal pudiera cambiarse de trabajo en el país de acogida antes de la terminación de su contrato para no quedar fatalmente ligado a su empleador. En cualquier caso, con la propuesta sugerida por Helen Krieble se trataría al menos de mejorar una situación presente que es un desastre. La actual regulación de la inmigración es un sistema roto y costoso. La solución de la tarjeta roja puede ser un excelente comienzo para empezar a cambiar el paradigma dominante de la gestión de visados y permisos de residencia de trabajadores extranjeros en cualquier parte del mundo, no solo en los EE UU.
Estuvo cerca de ser una propuesta oficial republicana cuando Newt Gingrich acogió dicho plan en su carrera hacia la presidencia en 2011. Su retirada de la misma hizo que la idea se aparcara. Obama suele acusar a los republicanos de no tener ideas; puede que lleve razón.
Los legisladores actuales que tratan sobre la reforma migratoria americana, la Banda de los Ocho, están muy lejos de incorporar a la misma esta innovadora sugerencia que apela a la racionalidad, a la dignidad del trabajador, es acorde a la tradición pro-mercado de los EE UU y resolvería buena parte de la problemática actual en torno a la inmigración al «sellar» de manera mucho más eficaz la demanda y oferta de mano de obra extranjera.
Pese a todos sus beneficios y ventajas, parece que no ha llegado todavía su momento.
Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.
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