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Institucionalismo. Ciudadanos frente a las ideologías o religiones de lo político.

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A lo largo del siglo XX y, también, a comienzos del siglo XXI, se ha podido comprobar cómo las utopías ignoran la importancia fundamental de las instituciones (morales, jurídicas y políticas) que son responsables de la acción humana en libertad y, por tanto, influyen de un modo determinante sobre los millones de interacciones y intercambios que se producen en el orden del mercado, espontáneo y abierto.

Las utopías conducen hacia la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo o en el intervencionismo, porque coaccionan la libertad de interactuar de los seres humanos en el orden de mercado y desvían el poder y el dinero hacia las oligarquías "extractivas" y "destructivas" que secuestran el orden político en favor de sus redes clientelares. 

1. Instituciones morales, jurídicas y políticas determinantes del orden de mercado

El orden de mercado emerge siempre con mayor intensidad allí donde existe mayor libertad de acción humana por medio de los derechos de propiedad y los acuerdos y contratos libremente consentidos. Éstas instituciones impulsan el ejercicio de la acción humana que, en el ámbito económico, es equivalente al ejercicio de la función empresarial con procesos permanentes de innovación y coordinación que generan (y, a su vez, son generados por) la eficiencia dinámica en Economía.

Sin embargo, el orden de mercado no se puede ejercer en el vacío institucional, dado que la acción de los seres humanos se ejerce buscando la eficiencia dinámica pero, siempre, se quiera o no, con la influencia de las ideas y de las relaciones humanas que se establecen en el seno de otros órdenes en los ámbitos religioso, moral, jurídico y político que son espontáneos pero, frecuentemente, menos abiertos que el orden económico o de mercado.

Es decir, el orden de mercado sólo puede impulsarse en un territorio cuando existen instituciones que conforman un marco institucional que proporciona la triple seguridad vital (exterior, interior y jurídica) a las personas que habitan un territorio y, por tanto, a las interacciones e intercambios que tienen lugar entre los seres humanos. El orden político o del «ejercicio del poder» sobre un territorio existe siempre y es eminentemente oligárquico, condicionando notablemente el ejercicio de la acción humana y, por tanto, de la función empresarial que caracteriza el orden de mercado.

La ley de hierro de la oligarquía es universal de forma que aplica siempre sobre cualquier época y lugar, por lo que históricamente puede observarse cómo el orden político es ejercido sobre un territorio con instituciones políticas más cerradas o más abiertas a la sociedad civil en función del arraigo entre las élites de la población de las instituciones morales y jurídicas que distinguen el marco institucional de cada país, de modo que podemos encontrarnos:

a) Proceso de Evolución Institucional. Cuando las instituciones políticas son liberadas y/o gestionadas por líderes "inclusivos" de todos los ciudadanos y "integradores" de todas las regiones, se produce un proceso de evolución institucional hacia una sociedad civilizada, abierta y libre. En estos casos, el orden de mercado actúa con niveles máximos de libertad. 

b) Proceso de Involución Institucional. Cuando las instituciones políticas quedan secuestradas por oligarquías "extractivas" de los recursos y "destructivas" del propio orden político en sus intentos por maximizar el dinero y el poder "guiando" un territorio, se produce un proceso de involución institucional hacia una sociedad tribal o colectivista, cerrada, coactiva y violenta. En estos casos, disminuye la libertad de las personas que interactúan en el orden de mercado, debido a la intervención política.

En los procesos de involución institucional, los ciudadanos quedan atrapados en lo que hemos denominado una jaula de hierro de la oligarquía, construida entorno al aumento constante del tamaño del Estado y la invasión por la política de todos los ámbitos de decisión del individuo. Se multiplican los casos de corrupción y, sistemáticamente, el orden de mercado es regulado e intervenido en favor de las redes clientelares de la casta política, actuando el aparato estatal en beneficio de las oligarquías que controlan las instituciones.

Como consecuencia de ello, liberarse de la jaula de hierro de la oligarquía es una cuestión clave para que los ciudadanos puedan actuar con libertad en el orden de mercado y mejoren su riqueza pero, más allá de los principios del crecimiento económico, para que los ciudadanos puedan vivir en una sociedad civilizada, abierta y libre.

2. Institucionalismo

Al igual que ocurrió en la Gran Depresión del 1929, debido a la profundidad de la crisis económica y financiera de la Gran Recesión del 2007, estamos en un momento pre-revolucionario donde se está produciendo un cambio "estético" en la percepción por los ciudadanos del orden político porque se está desvelando la naturaleza luciferina y la podredumbre moral de la casta política en el perverso juego con el que construyen sobre la población la mencionada jaula de hierro de la oligarquía. En su base, se trata de una crisis moral, jurídica y política que tiene repercusiones económicas y financieras y que permite observar los efectos perversos del socialismo o, de su versión posmoderna, el intervencionismo.

Por ello, quizás ha llegado pues el momento de superar las ideologías o religiones de la política que, desde la revolución francesa de 1789, sirven como dogma a las oligarquías, guían hacia el cientifismo constructivista, incrementan el tamaño del Estado y, sistemáticamente, intervienen sobre la libertad en la acción humana y, por tanto, conducen hacia la imposibilidad de cálculo económico a medio y largo plazo, buscando utopías alejadas de la realidad.

En el contexto del actual deterioro institucional, es especialmente importante promover el institucionalismo en el sentido de superar las ideologías que sirven a los intereses de los políticos "intervencionistas de todos los partidos" y fijarse en las instituciones (Why Nations Fail) para que los ciudadanos identifiquen y elijan democráticamente aquellos líderes que actúan con honestidad, honradez y decencia para conseguir, paso a paso, escalonadamente, la regeneración moral, jurídica, política y, por ende, económica de un país.

El institucionalismo se centra en el análisis económico del derecho, la elección pública, la acción humana y la función empresarial en el seno de un marco institucional para dotar a un país de instituciones democráticas sólidas y fuertes.

Entendiendo por instituciones democráticas sólidas y fuertes aquellas que dotan un Estado de Derecho, digno de tal nombre, en donde, entre otras instituciones jurídicas, existen el cumplimiento de la ley [1], la separación de poderes [2], la independencia judicial [3], la tutela judicial efectiva [4], las garantías procesales [5], el referéndum obligatorio [6] en las decisiones trascendentales para el futuro de un país, la elección libre y directa de representantes [7]… porque son instituciones fundamentales que permiten que los ciudadanos deshagan la jaula de hierro de la oligarquía mediante la limitación, la persecución y las sentencias ejemplarizantes sobre los delitos de las oligarquías "extractivas" y "destructivas".

Éstas instituciones democráticas sólidas y fuertes se basan en instituciones o valores morales, fijos e inmutables como, entre otros, el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad de trato ante la ley, que no pueden ser relativizados y coaccionados por los intervencionistas de todos los partidos: los tradicionales del "consenso social-demócrata" o los nuevos de la demagogia totalitaria (comunista, fascista, nacional-socialista, nacional-separatista…).

3. Evolución de las instituciones

El institucionalismo se basa en la teoría de la evolución institucional de los países que explica cómo los ciudadanos de bien deben aprender a identificar y elegir para los cargos públicos a los líderes inclusivos e integradores que se caracterizan por actuar con valores morales como la honradez, la honestidad y la decencia y por impulsar un proceso de triple regeneración institucional (o proceso «3R»):

1) Recuperación de los valores o, si se prefiere, de las instituciones morales entre una mayoría de ciudadanos de bien que constituyen la base del crecimiento económico pero que, también, son la base del arraigo de una sociedad civilizada, abierta y libre.

2) Regeneración de la democracia o, si se prefiere, de las instituciones jurídicas que permiten que arraigue un Estado de Derecho, digno de tal nombre, que garantiza la triple seguridad (exterior, interior y jurídica) y permite que los ciudadanos con valores elijan en elecciones democráticas, libres y directas, a los lídereslíderes "inclusivos" de todos los ciudadanos e "integradores" de todas las regiones para:

a) Reformar el marco jurídico para luchar contra la corrupción de la casta política.

b) Profundizar en la democracia para poner límites a las oligarquías: organización territorial racional, separación de Poderes, Independencia Judicial, Elecciones por circunscripciones uninominales…

c) Maximizar la libertad en el país para que arraiguen los principios del crecimiento económico: protección de los derechos de propiedad y de la función empresarial, unicidad de mercado, desregulación de mercados intervenidos…

3) Reducción del tamaño del Estadoo, si se prefiere, reducción de las instituciones políticas para que arraiguen los principios de una sociedad civilizada, abierta y libre (vida, familia, libertad…) y, consecuentemente, también los principios del crecimiento económico (propiedad, unicidad de mercado, desregulación de mercados intervenidos, función empresarial…). Sin este último proceso, los políticos involucionan el marco institucional, coaccionando los derechos y las libertades individuales de los ciudadanos. 

El institucionalismo debe ser entendido como un concepto "desideologizado" que no distingue entre posiciones de derechas o de izquierdas, pero que sí diferencia claramente entre las oligarquías "extractivas" y "destructivas" y los líderes "inclusivos" e "integradores" que se distinguen por promover el arraigo de un marco institucional que sea "inclusivo" de todos los ciudadanos e "integrador" de todas las regiones, que es lo que caracteriza el orden extenso, complejo y abierto de colaboración humana que denominamos sociedad civilizada.

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