Si se respetan las relaciones causales responsables del crecimiento en Economía, las instituciones de un país deben guardar el máximo respeto por la propiedad privada y por el cumplimiento de los contratos y, por tanto, las autoridades necesariamente deben actuar dotando las mejores condiciones posibles para que se ejerza sin trabas la función empresarial -lo que en inglés se denomina entrepreneurship o, si se prefiere, el espíritu emprendedor de los ciudadanos- como la actividad «impulsora de la creatividad y de la coordinación que surgen espontáneamente en el mercado«.
Pero alcanzar una sociedad abierta y dinámica con un grado de evolución sociocultural avanzado como el descrito en el anterior párrafo significa que las clases dirigentes deben asumir la importancia de respetar las leyes económicas «naturales» que obtienen sus máximo esplendor cuando las autoridades garantizan el cumplimiento de la Ley pero, además, interfieren lo mínimo posible en el mercado, permitiendo que se extienda entre la población tanto la cultura del esfuerzo, el mérito y la capacidad profesionales como la asunción del riesgo asociado a la obtención de beneficios empresariales.
Sólo entonces se consiguen las mejores condiciones económicas para el desarrollo de la eficiencia dinámica en Economía con el inicio de nuevos negocios y el incremento del comercio con la interacción, libre y pacífica, de millones de ciudadanos que son los responsables directos de la creación de riqueza en las naciones.
La lectura del ensayo ¿Poder o ley económica?, publicado en 1914 por el economista austriaco Eugen von Böhm-Bawerk y editado en castellano en 2009 por Unión Editorial, resulta gratificante porque, aunque no lo manifieste expresamente, sus ideas enlazan con el «iusnaturalismo» que defendían los autores de la Escuela de Salamanca, tanto en su defensa de los individuos y de un orden «natural» como en su oposición al intervencionismo porque merma el crecimiento económico del conjunto de la sociedad:
…así como las leyes de los fenómenos puramente naturales se aplican según un orden inmutable e independiente de la voluntad y de los acuerdos de los hombres, así también en la vida económica existen unas leyes contra las cuales la voluntad humana, aunque sea la del Estado con todo su poder, resulta impotente, y que ni siquiera las intervenciones artificiales de las fuerzas sociales pueden desviar la corriente de los fenómenos económicos de un comportamiento impuesto imperativamente por el poder de las leyes económicas. Una de estas leyes, entre otras muchas, es la referente a la regulación de los precios por la oferta y la demanda, cuyo eficaz funcionamiento se ha podido observar innumerables veces, por ejemplo, sobre los intentos realizados por el gobierno, con su poder coactivo, para reducir con su intervención «innatural» el precio del pan en tiempos de carestía, o bien para atribuir a una mala moneda el poder adquisitivo de otra buena.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], p. 51).
Sin embargo, aquellos intelectuales, académicos y ciudadanos que captan la importancia de las leyes económicas «naturales», de aplicación universal y en cualquier época, que subyacen en los fundamentos del crecimiento económico, se mantienen en un estado de frustración permanente y de preocupación constante, al observar cómo muchos dirigentes siguen descuidando la estructura de incentivos que permite la empresarialidad.
Ya sea por defender una ideología «colectivista« (y equivocada) en su identificación de las causas del crecimiento, ya sea por recibir erróneos consejos económicos o bien por primar un cálculo demoscópico para obtener réditos electorales, los políticos adoptan medidas «antieconómicas» que impiden el proceso «natural» de las relaciones económicas responsables del crecimiento de una sociedad abierta con la imposición gubernamental de intervenciones como, por ejemplo, los salarios mínimos, la negociación «colectiva», los monopolios de grupos de presión, los precios fijos, las subvenciones, el gasto social o, también, el incremento de los impuestos.
Aumentos salariales «artificiales»
Böhm-Bamerk analizó en su ensayo cómo los aumentos salariales conseguidos «artificialmente« por encima del incremento de productividad de cada empresa, mediante imposición de los sindicatos a cambio de la «paz social«, no pueden ser permanentes porque afectan seriamente a la empresarialidad:
… para evitar pérdidas netas insostenibles a largo plazo, los empresarios se ven en la necesidad de cubrir el aumento salarial con un aumento de la productividad marginal del trabajo. Y para conseguirlo…, la única solución es la prolongación de las vías indirectas de producción; solución que, sin embargo, sólo puede adoptarse si al mismo tiempo se procede, en igualdad de condiciones, a la reducción de plantilla.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], pp. 125-126).
Aumentos de impuestos «artificiales»
Sin embargo, un razonamiento similar también se puede aplicar cuando el aumento de la recaudación tributaria de un Estado no se produce de un modo «natural» como consecuencia de una mayor actividad económica que incrementase los beneficios de los empresarios, sino que se obtiene de un modo también «artifical» por un aumento gubernamental del impuesto de sociedades o bien, como ha ocurrido recientemente en España, por el incremento unilateral de los impuestos sobre las rentas de trabajo y las rentas de capital.
En el primer caso, se disminuyen los beneficios de las personas jurídicas y, por tanto, a medio y largo plazo se minora la empresarialidad al disminuir la rentabilidad de los negocios y, por tanto, la capacidad de nueva inversiones de los empresarios y, en aquellas empresas con tamaño y flexibilidad suficientes, fuerzan las reducciones en el coste fijo de su masa salarial, con reducciones de nóminas o bien mediante despidos de trabajadores, para que el negocio retome la senda de la rentabilidad.
En el segundo caso, se merman las nóminas y las rentas de capital de las inversiones y, por ello, se resta capacidad de ahorro y, a posteriori, capacidad de consumo e inversión a los ciudadanos con lo que, igualmente, se deteriora la función empresarial de una economía de mercado.
En ambos casos, los aumentos de impuestos «directos» deterioran la función empresarial de una economía de mercado y lastran el crecimiento económico de los países. Se quita dinero en efectivo del sector privado para trasladarlo a las administraciones públicas, evitando el necesario ajuste de las partidas de gasto público. Por un lado, restan competitividad al sector privado. Y, por otro lado, posponen la reducción de las ineficiencias públicas y, por tanto, evitan el imprescindible ajuste de un Estado hipertrofiado que es el principal problema de las economías de Europa.
Disminuye la posibilidad de eficiencia dinámica en la Economía, porque se elimina del mercado privado una cantidad ingente de dinero que, antes, podían ahorrar los agentes económicos para decidir dónde consumir, dónde invertir, dónde crear valor añadido o dónde emprender un nuevo proyecto empresarial. Por tanto, es una ley «natural» y universalmente aplicable, en todo momento y lugar, que las subidas de impuestos (más allá de garantizar los fundamentos del crecimiento económico y, especialmente, si son tributos «directos«) deterioran la función empresarial y lastran siempre el crecimiento económico de los países.
Socialismo de Estado
Aunque existen bastantes más casos de intervención política en Economía, para no extenderme, permítanme que resalte el valor actual de Böhm-Bawerk, aprovechando las palabras del profesor Lorenzo Infantino en el prefacio del libro, para describir el intervencionismo:
Los marxistas querían sustituir las leyes de la economía por la primacía de la política, que se pretendía lograr mediante el plan único de producción y distribución. Los representantes de la escuela histórica [alemana] tenían igualmente como objetivo la primacía de la política. Pero, en lugar de recurrir a la planificación, pensaban implantar un sistema de intervencionismo generalizado, es decir, una especie de «socialismo de Estado».
Böhm-Bawerk (1914 [2009], p. 37)
Ese razonamiento sigue siendo válido hoy, en Europa y en España, un siglo después, al igual que son válidas las leyes económicas «naturales» que permiten afirmar que encarar una crisis de deuda con expectativas «reales» de éxito requiere la realización de un ajuste fiscal serio pero, también, la introducción de reformas que permitan recuperar la competitividad frente a las economías emergentes.
Ajuste fiscal, competitividad y función empresarial
Ambas tareas sólo son posibles de acometer de forma conjunta y de modo que se favorezca la función empresarial: 1) si el ajuste fiscal se realiza sin aumento de impuestos «directos» que lastren el crecimiento al deteriorar la competitividad y la empresarialidad, 2) si también se encaran los problemas a medio y largo plazo derivados de la insostenibilidad del enorme «gasto social» de Europa y, especialmente en España, 3) si además se acometen reducciones drásticas en las partidas presupuestarias que racionalicen el gasto en el Estado central y, especialmente, en las autonomías y los entes locales.
Por el bien de todos los españoles, esperemos que la necesaria reforma laboral logre evitar la coacción de los sindicatos y que, después de las elecciones andaluzas del 25 de marzo 2012, la política no interfiera más en la economía y nos encontremos con un ajuste fiscal serio de 40.000 millones de Euros en el año 2012 y otros 40.000 millones en el 2013, realizado exclusivamente con reducciones de gasto público.
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