La producción y difusión de ciencia y tecnología dependen del marco institucional adecuado basado en derechos de propiedad, especialización, libre empresa y comercio. Aunque en general ya se acepta que la planificación centralizada del socialismo es letal para el progreso económico, muchos siguen recomendando y defendiendo un sistema científico socialista que en realidad tampoco puede funcionar. Se asume sin apenas discusión que la ciencia necesita y merece intervención pública. Esta idea resulta ser falsa y se basa en argumentos teóricos falaces, aparentemente persuasivos pero que resultan falsos si se analizan críticamente en profundidad y se contrastan con la realidad empírica.
La opinión generalizada respecto a la investigación científica básica es que el Estado debe financiarla (a través de centros de investigación públicos o subvencionando las actividades privadas) porque es un sector estratégico esencial para la competitividad nacional y porque se trata de un bien público (no rivalidad, los beneficiarios adicionales no implican mayores costes; e imposibilidad de exclusión, no se puede excluir a ningún beneficiario), de modo que ninguna empresa privada competitiva la realizaría en cantidad y calidad suficientes porque tendría que asumir todo el coste mientras que otras aprovecharían los resultados.
Se comprueba en la historia que prácticamente todos los avances de la ciencia clásica se produjeron sin ninguna ayuda estatal. Muchas invenciones cruciales han sido resultado de la demanda del mercado: fueron producidas por científicos conectados al mundo comercial (transporte, comunicaciones, vestido, alimentos, armamento, iluminación). Múltiples ejemplos muestran que el mayor poder e intervencionismo estatal está relacionado con menos innovaciones tecnológicas, y a menudo los grandes proyectos científicos estatales terminan en sonoros fracasos. Los datos empíricos muestran que las empresas privadas se encargan de investigar (produciendo tanto ciencia básica como aplicada) en la medida en la que el conocimiento científico es necesario para incrementar la productividad y la competitividad. Además son las empresas, no las naciones, quienes producen y compiten, y es el gasto de la industria privada lo que impulsa el crecimiento económico. Los datos de diversos países muestran que el gasto estatal en ciencia no sólo no estimula el gasto privado sino que incluso tiende a expulsarlo.
No es tan obvio que una empresa pueda fácilmente parasitar el conocimiento científico producido por otras. La ciencia publicada no está disponible gratis: es necesario saber entenderla, asimilarla, aplicarla, seleccionar lo relevante entre la gran cantidad de información disponible. La experiencia científica tiene un coste elevado: una empresa que desee aprovechar la ciencia disponible debe contar con científicos en activo que puedan utilizar lo que ellos mismos y otros han producido. No tiene sentido simplemente copiar lo que hacen otros si no se domina esa materia, si no se sabe escoger e incorporar a un proceso productivo eficiente. Una empresa competitiva puede aprovechar una posición dominante si consigue ser la primera y adelantarse en un determinado ámbito.
Los agentes económicos intentan internalizar los beneficios de su actuación, pero esto no significa que no actúen en absoluto si no lo consiguen de forma completa, si hay beneficiarios que se aprovechan sin pagar por ello. Es posible beneficiar a los demás por generosidad o simplemente como efecto colateral inevitable. Además servir gratuitamente a otros puede incrementar el prestigio de una persona o empresa. En las economías libres abunda el patrocinio privado de muchas actividades.
Los defensores de la ciencia financiada y dirigida por el Estado aseguran que el mundo científico actual es diferente del pasado, que la ciencia actual es muy cara para la financiación privada, y que se ha aprendido a producir ciencia de forma organizada, planificada, centralizada. La ciencia básica ha llegado en muchos ámbitos a una situación problemática: ya se sabe mucho pero es muy caro aprender más (por las energías implicadas o la complejidad de los problemas), y quizás lo fundamental ya se conoce y sólo queda completar los detalles.
A los científicos les gusta investigar y defienden sus preferencias pero suelen ignorar realidades económicas como la subjetividad de las valoraciones y los costes de oportunidad. A menudo se conforman con salarios relativamente modestos (buscan más satisfacer su curiosidad y prestigio intelectual), pero no son pocos y reclaman instrumental muy caro. Pueden ser respaldados por conglomerados empresariales de todos los sectores interesados en recibir contratos estatales que permitan el mantenimiento de su actividad.
Las burocracias estatales son malas directoras del avance científico. Favorecen ciencia oficial establecida, los paradigmas dominantes y los pequeños avances incrementales, no fomentan la variedad y el riesgo que es necesario para alimentar al proceso selectivo de la evolución del conocimiento. La variedad se produce mediante la competencia, no mediante el monopolio, y el Estado es el principal monopolista de la financiación científica. Muchos científicos se convierten en dependientes del favor político, por eso no critican el sistema y se adaptan a vegetar en él.
Los gobernantes utilizan la ciencia para la propaganda política y presentan las enormes cantidades de dinero presupuestadas para la ciencia como si el gasto garantizara el éxito: presumen de lo mucho que se gasta, no de lo mucho que se consigue gastando poco (eficiencia). La ciencia estatal consigue resultados pero de forma ineficiente: no se realiza cálculo económico empresarial porque no hay consumidores que muestren sus preferencias al adquirir el conocimiento ni accionistas pendientes de los resultados de beneficios y pérdidas.
Los gobernantes pueden juzgar que la producción científica de su país es insuficiente, pero esta es una valoración particular que puede resultar arbitraria e incompatible con las auténticas preferencias y capacidades de los ciudadanos. De haber algún tipo de intervención científica por parte del Estado es mejor que sea como consumidor (financiador), pero no como productor. El Gobierno puede influir sobre la cantidad y calidad de científicos incrementando sus salarios, subsidiando la educación y la producción científica y mediante propaganda pública que haga la ciencia más atractiva.
Los innovadores suelen ser individualistas difíciles de dirigir, y muchos descubrimientos se producen por trabajadores independientes que no comparten ideas establecidas que pueden resultar prejuicios que bloquean el avance de lo nuevo y original. Debido a la naturaleza única y objetiva de la realidad las diversas teorías científicas tienden a converger y ser uniformes, pero el acuerdo en ocasiones no es resultado de la aproximación independiente a la misma verdad sino que se produce por presiones de conformidad dentro de grupos de trabajo: los poderosos imponen sus puntos de vista, transmiten sus ideas a los aprendices e intentan desplazar a los críticos. Pensar diferente no es garantía de tener razón, pero tampoco lo es amoldarse sin más a la opinión mayoritaria.
La investigación a gran escala no es necesariamente más eficiente. Los grandes grupos tienen problemas de administración y organización: generan inercias, presiones de conformidad, y dificultades de atribución del éxito. Pretender unificar toda la actividad científica puede ser una pésima idea: puede parecer que la existencia de grupos separados que investigan lo mismo implique que se están desperdiciando recursos, pero en la ciencia es esencial la confirmación independiente de los resultados. Las presuntas sinergias que resultan de la unificación cooperativa no siempre funcionan y la eliminación de la competencia fomenta la pereza y la desidia.
Es difícil encontrar el equilibrio adecuado entre la investigación dirigida a resolver un problema o proporcionar un producto o servicio y la producción y aprovechamiento de resultados no previstos o no intencionados. En algunos trabajos rutinarios en ámbitos conocidos el trabajador sabe lo que el empleador espera de él y el cumplimiento es fácilmente controlable y predecible. Pero esto no se cumple en el ámbito de la creación auténticamente innovadora, y la relación entre el investigador y el financiador puede resultar conflictiva si quien paga impone restricciones o exige resultados inaceptables para el trabajador. En una economía de mercado libre no intervenida los consumidores tienen la última palabra frente a las propuestas de los productores. Pero si a un inventor o creador se le deja completamente libre para hacer lo que quiera, resulta ser el productor quien controla el proceso investigador a expensas de financiadores y consumidores. El balance entre el control gestor y el espíritu innovador puede ser muy difícil.
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