Justicia a la diestra… y a la siniestra

Si esas sentencias existen es porque antes ha habido un “legislador” que tipificó como delito esa conducta.

Hace apenas unas semanas aparecía en muchos medios la noticia de que la mujer del exministro socialista Juan Alberto Belloch, la presentadora Mari Cruz Soriano, ha sido condenada a dieciocho meses de cárcel por la construcción de un chalet en suelo no urbanizable, aunque de su propiedad.

Desconozco si la noticia ha ocupado a los periodistas por puro morbo, o por la necesidad de dar una buena noticia a la población, demostrando que, aunque no siempre, el peso de la ley puede también ser implacable y caer sobre “todos por igual”. No he conseguido, sin embargo, encontrar ningún comentario periodístico que entrase en el fondo de la cuestión.

A los liberales nos suele parecer una aberración que a un señor -o señora, en este caso- por construir en un terreno de su propiedad, le pueda venir la Administración para, por un lado, obligarle a demoler lo construido -restituyendo el inmueble al estado primitivo anterior a la obra-, y, por el otro, para sancionarle, además, por la infracción cometida -con multas pecuniarias que pueden ser muy relevantes-, y todo por el simple hecho de que la obra no se ajusta a las exigencias urbanísticas o medioambientales del político o burócrata de turno.

Al resto de nuestros compatriotas, sin embargo, parece no preocuparles mucho no sólo la posibilidad de esa reacción administrativa, sino tampoco, a la vista de las notas de prensa sobre el chalet de la familia Belloch, que alguien pueda ser condenado, cuando la actuación sea especialmente “grave”, a pena de cárcel por ese tipo de conductas, tipificadas en el artículo 319 del Código Penal, aunque el suelo sea propio (que conste que no estamos hablando de casos de corrupción, ni de construcción en suelo ajeno o del Estado).

Está muy bien que la ley sea igual para todos. Seguro que los condenados, tanto en este caso como en otros similares, han sido malos, malísimos, desde el principio, lo han hecho todo según un plan metódicamente urdido y ejecutado, perfectamente conscientes de las posibles consecuencias, y con premeditación, alevosía, ensañamiento y hasta nocturnidad. Seguro que, si han sido condenados, el perjuicio ocasionado al medio ambiente, por la construcción en cuestión, ha sido terrorífico, y, no tengo ninguna duda de que, dada la condena, el chalet que nos ocupa debe ser, desde un punto de vista estético, lo más feo que se recuerda en toda la Comunidad Autónoma (no quiero ni imaginar el daño que, por contaminación visual, debe producir a todo aquel que ose mirarlo). Si no hubiese sido así, si no hubiese habido dolo o mala fe desde el principio y no se hubiese ocasionado un perjuicio grave al medioambiente, no podría haber sanción penal para este tipo de conductas, aunque sí administrativa. Aun así…

Muy probablemente nadie entre en la cárcel por este caso. Pero no podemos olvidar que hay sentencias como ésta, y que esas sentencias condenan a por lo menos un año y medio de prisión -dieciocho meses de cárcel, se dice pronto- por construir un chalet en una parcela propia. Y que si esas sentencias existen es porque antes ha habido un “legislador” que tipificó como delito esa conducta, asignándole una pena, y que todo fue aprobado por un parlamento -formado, dicen, por nuestros representantes-; y que eso se hizo a plena luz, y que también hubo unos funcionarios que prestan un servicio público, agentes medioambientales, jueces, fiscales… y que a todos les ha parecido todo muy bien, hasta a los periodistas (algún jurista trasnochado se ha quejado en algún artículo especializado que nadie lee, pero a quién le importa). Y todo aunque ya existía la vía administrativa, con sus sanciones y sus procedimientos de restitución/demolición…

Lo cierto es que a nosotros también nos da igual… seguramente porque estamos ya pensando en las vacaciones, o ni eso. Total, dieciocho meses de cárcel…