La amenaza del desempleo y estrategias de reactivación

Es un escándalo que durante la crisis tengamos que seguir pagando impuestos como si nada.

Al momento de escribir estas líneas, continúan los intensos debates en torno a la justificación o no de las diversas medidas de confinamiento y restricciones en los distintos países. Esto era de esperar, ya que aún carecemos de la necesaria perspectiva temporal, a lo que se suman las dificultades para establecer la calidad de los datos de tan diversas fuentes y situaciones, y la complejidad de analizarlos. De entre todos los nubarrones que hoy emergen de esta maraña de información, el de la pérdida de trabajo es acaso el más insoslayable.

La Organización Internacional del Trabajo afirma que “el número exorbitante de lugares de trabajo que han cerrado en todo el mundo en respuesta a la COVID-19 ha reducido en un 10,7 por ciento el total de horas trabajadas en el segundo trimestre de este año. Esto ha provocado la pérdida de 305 millones de empleos — si se toma como base una semana laboral de 48 horas.”[1] Las tasas de paro previstas para España en el año próximo son superiores al 20%.[2] En Argentina, luego de registrar la tasa de desempleo más alta para un primer trimestre (10,4%) desde 2006, el confinamiento significó una importante aceleración en la caída del empleo privado, llegando a cifras elevadísimas en los rubros más golpeados[3], mientras que se prevé que el empleo público todavía crecería (!) un 0,5%.[4]

La salida de este ominoso panorama no puede trazarse sin un alto grado de incertidumbre. No obstante, existe el objetivo claro de reducir el desempleo, para lo que los siguientes lineamientos se presentan como los más sensatos:

Menos confinamiento y menos impuestos

En primer lugar, está claro que ningún país está en posición de afirmar que ha gestionado correctamente el problema sanitario. Ni siquiera se ha podido establecer una relación causal entre confinamientos más estrictos o prolongados y tasas de mortandad más bajas.[5] A las consecuencias puramente económicas de las medidas draconianas, han de sumársele el impacto en otros aspectos de la salud física y mental. La relación costo-beneficio de las medidas aún está en etapa de investigación. La comunidad científica atraviesa una crisis de credibilidad, en la que se hace cada vez más difícil diferenciar las acusaciones conspirativas infundadas, de las razonables dudas que provocan las torpezas de la OMS y las sospechas de confabulación entre autoridades políticas, laboratorios y expertos sanitarios.[6] La incertidumbre respecto del beneficio de las medidas sanitarias tomadas, frente a la certeza del impacto negativo de las cuarentenas, debe hacernos optar ya por esquemas que eviten los confinamientos masivos y prolongados, y que nos lleven -cautelosa, pero inexorablemente- hacia un estado de cosas donde la economía local, nacional e internacional sea viable.

En segundo término, ya es manido, pero no huelga repetir los mismos argumentos de siempre en un contexto en el que la necesidad de activar la economía es particularmente apremiante. Lo que es cierto en tiempos normales, es más cierto en tiempos de crisis. Los impuestos al patrimonio, los aumentos del IVA, y los aumentos de impuestos al comercio exterior son inaceptables, tanto desde el punto de vista moral, como por el desincentivo a la inversión y a la productividad que constituyen. Los impuestos a la renta[7] tampoco son deseables, aunque en principio, son menos perniciosos o confiscatorios que los mencionados anteriormente. Sin embargo, es evidente que las tasas altas y los requerimientos de pagos anticipados desalientan las inversiones.

Por tanto, incluso desde perspectivas más amigadas con la intervención estatal, el objetivo de mantener tasas bajas de desempleo ha de procurarse manteniendo acotados los impuestos a la renta, a la vez que liberando la economía de otros tipos de restricciones. Bajo un esquema de bajos impuestos, la base de recaudación (y probablemente el grado de cumplimiento) se vería ampliada. La recaudación crecería a partir de una mayor generación de la riqueza, y no desde una mayor exacción. Asimismo, los fondos obtenidos por los impuestos a la renta deberían destinarse a programas de reinserción laboral en el sector privado y de integración con el sistema educativo, de manera de tender hacia un círculo virtuoso motorizado por el mercado y no por el intervencionismo.

Ese esquema orientado a la productividad debe ir acompañado de una legislación flexible, tanto en el ámbito laboral como en otros estrechamente relacionados, tales como el alquiler. Todo debe apuntar a la reducción de trabas burocráticas y, por sobre todas las cosas, a la seguridad jurídica. El incentivo para que las actividades lícitas que hoy pertenecen a la economía en negro pasen a la economía formal, de ninguna manera puede ser la mera fuerza mayor de tener que cobrar de forma electrónica y bancarizada a raíz de las restricciones que impiden el flujo de dinero en efectivo. El escenario de un control mucho más férreo de la economía por parte de los Gobiernos, lo único que logrará es incrementar y profundizar la ruina de muchos cuentapropistas y de pequeñas y medianas empresas, concentrando los mercados en las pocas entidades que tengan capacidad de costear los impuestos y la infraestructura necesaria para operar completamente en blanco.

Por otra parte, es un escándalo que durante la crisis tengamos que seguir pagando impuestos como si nada, y que el sector público siga cobrando al 100%, e incluso crezca. Pero los recortes al sector público serán ineludibles. La Organización Internacional del Trabajo advierte de que “en abril, el FMI estimó que la ratio promedio de endeudamiento público con respecto al PIB aumentaría del 69,4 por ciento al 85,3 por ciento durante el año, y que muchos países alcanzarían niveles considerablemente superiores.”[8] Los países van a competir por las inversiones, más que nunca. Los que apuesten por asfixiar al sector privado sin acotar sus gastos –y sobre todo los que ya parten de grandes déficits públicos- quedarán relegados y se empobrecerán.

El rol del sector privado

El sector privado también debe tomar conciencia de la amenaza que significa el aumento del desempleo, e invertir en combatirlo. Si no lo hace, aunque carezcan de razón, se fortalecerán las voces estatistas, basadas en el simple hecho de que es el canto de sirenas que el pueblo quiere escuchar. Será preferible atender esta problemática desde el sector privado para evitar futuros escenarios de gran endeudamiento público, déficit fiscal, y/o sobre-emisión. Ante esto, algunas ideas por las que parece provechoso apostar:

• Rápida adaptación a las nuevas condiciones de trabajo. La importancia de habilidades interpersonales, adaptabilidad y trabajo en equipo. Mayor competitividad promovida desde la confianza en la delegación de tareas, en lugar de imposiciones jerárquicas y gasto en el control del personal.
• La crisis es una oportunidad para desenmascarar ineficiencias. La misma ONU recomienda una «mayor libertad de cuándo y dónde pueden cumplir con sus responsabilidades laborales», y que «(l)as respuestas tienen que fomentar la confianza».[9] Trabajos más basados en resultados que en horas cumplidas y en tiempo presencial. Descentralización y trabajo remoto.
• Se prevé más trabajo autónomo frente al de relación de dependencia.
• Innovación tecnológica, que genere nuevos puestos de trabajo, para contrarrestar la automatización tecnológica, que generalmente los destruye.[10]
• Las incubadoras y aceleradoras de empresas cobrarán un mayor protagonismo en mercados dinámicos y con actores cambiantes.
• Inversión en educación. (a) Refuerzo en el aspecto práctico, de inserción laboral, para cada disciplina. Parte de la educación tiene que atender a la pregunta: ¿cómo podré financiarme de manera sostenible? (b) Programas de inclusión para los que se caen del sistema.
• Identificación de nuevas demandas. ¿Quiénes son los que tienen dinero y en qué lo quieren gastar? Nuevas oportunidades de negocio: sanidad, telecomunicaciones, logística y distribución, adaptación de la arquitectura (empresa, negocio, vivienda, hospitales, etc.), nuevos medios de locomoción, atención de ancianos, big data.

Además de no constituirse en obstáculos para la perentoria reactivación económica, los Gobiernos deberían promover condiciones especialmente favorables para los entes privados que inviertan en programas, investigación, proyectos o empresas que apuntan a prevenir y combatir el desempleo. Estos inversores deberían gozar de aun mayores exenciones impositivas. Los riesgos asumidos en este sentido merecen su premio.