La cuenta atrás

La aceleración de los acontecimientos relacionados con la economía mundial está tomando tintes vertiginosos. En lo que se refiere a España, se tornan trágicos a causa de la singular mezcla de corrupción e inepcia de la casta política local que derrocha recursos presentes y futuros. Al grito keynesiano – y de Groucho Marx- de “¡más madera!”, los planes de rescate de bancos y empresas de todo tipo, los programas de estímulo (Planes E y compañía) por no hablar de los gastos insostenibles del Estado de bienestar -¿sorprende que se recorte tímidamente la baladronada de su  “cuarto pilar”?- han provocado tales desajustes en las cuentas públicas que los inversores internacionales suscriben deuda pública con un nerviosismo comprensible. Especialmente, la de países como España, cuyo deterioro económico ha provocado el hundimiento de los ingresos con los que se supone debe pagarse la deuda al vencimiento.

Causa perplejidad que a estas alturas tengan tanta resonancia las campañas denigratorias lanzadas por gobiernos adictos al crédito contra la actuación de sus prestamistas en mercados organizados. Tal vez se deba a que estos chivos y cocos expiatorios transmiten al público no especializado señales de alarma y convierten en transparente lo que los gobiernos buscan ocultar.

Sea como fuere, pocas veces puede presenciarse un momento tan crítico. Guste o no, depende de la casta política la adopción de unas cuantas medidas basadas en la sensatez y la racionalidad. El gobierno irresponsable que nos ha metido en semejante lío carece de mayoría parlamentaria, pero, paradójicamente, antes de largarse a su casa debería promover las medidas que eviten sumir a un país entero en una prolongada depresión, si no activa la espoleta que haga saltar por los aires el frágil esquema de la unión monetaria europea.

Dentro de ese contexto, el gobierno español, presionado con insólita publicidad por los socios de las organizaciones a las que pertenece, se vio forzado la semana pasada a adoptar los primeros recortes serios. Por solo mencionarlos, se trata de la reducción del 5 por ciento de los sueldos del personal del sector público en términos brutos anuales; la suspensión de la revalorización de las pensiones públicas para el año 2011, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas; la irretroactividad del reconocimiento de situaciones de “dependencia” para no pagar las prestaciones correspondientes desde el momento de la solicitud; la supresión del cheque bebé de 2500 euros a partir del año que viene y el racionamiento de medicamentos subvencionados por el sistema público de salud.

Obviamente, cabe criticar la elección concreta de las partidas elegidas. Nótese que esos recortes de gasto reúnen la característica común de que pueden hacerse efectivos sin pensar demasiado y algunos afectan a las cuentas de todas las administraciones. En el caso de la necesidad de reducción del sueldo de los empleados públicos, por ejemplo, fue advertida hace tiempo, sobre todo después de la disparatada subida lineal pactada por el gobierno con los sindicatos el año pasado, a pesar de las tasas negativas de IPC del año 2009. Sin embargo, la cuestión esencial es que son alarmantemente insuficientes para atajar el descontrolado déficit de las administraciones públicas españolas. El anunciado ahorro equivale tan solo a los quince mil millones de euros ya despilfarrados en subvencionar obras de los ocho mil ayuntamientos españoles.

El preceptivo trámite parlamentario previsto en el artículo 86 de la Constitución permite que el Congreso ratifique el decreto ley utilizado por el gobierno para adoptar esas medidas para, a continuación, proseguir su aprobación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. De esta manera, cabría añadir enmiendas parciales que suprimieran o redujeran partidas adicionales de gasto como las subvenciones públicas a organizaciones de todo tipo (partidos, sindicatos, ONGs, empresas) y ayudas a gobiernos extranjeros.

Si el Estado gastó el doble de lo que ingresó por impuestos el año pasado, esos recortes apenas son un parche que debería acompañarse de una terapia de choque. La gravedad de la situación exige, además, una inmediata liberalización de todos los sectores de la economía (relaciones laborales, arrendamientos de vivienda y rústicos, del suelo) que contribuya a un rápido reajuste de los factores productivos. De este modo podrá atajarse el índice de paro del 20%. Asimismo, es necesario derogar leyes y normativas que comportan estipendios públicos, liquidar empresas públicas deficitarias (incluyendo las cajas de ahorros) enajenar las rentables al mejor postor, eliminar consorcios y fundaciones que escapan del control financiero de las administraciones, eliminación de ministerios y sus unidades administrativas respectivas, y el despido de empleados públicos que sirvan en esos puestos.

Es cierto que la envergadura del envite sobrepasa en gran medida las dimensiones de la economía española, por lo demás intrincada en los flujos de la europea y mundial. Sin embargo, en pocos lugares como en España cabe percibir con nitidez la línea que separa una crisis coyuntural, si se adoptan medidas drásticas que suponen sacrificios, de un descenso a los infiernos y la instalación en el marasmo al menos durante una generación, realimentado por las luchas intestinas favorecidas por la inseguridad jurídica y la arbitrariedad introducida por estatutos de autonomía como el catalán.

Si los socialistas son capaces de rectificar levemente sus errores porque les tiran de orejas sus héroes americanos (por supuesto más preocupados de endeudarse para intervenir su propia economía que de rescatar lejanos países mediterráneos) el tiempo de los disimulos y el regate corto de los líderes de la supuesta oposición debería agotarse. ¿Es imposible que se sacudan de esa falta de criterio que Hayek atribuyera a los conservadores en general? El tiempo se está agotando y los galgos y podencos pueden conducirnos a la más persistente de las ruinas.

En conclusión, la cuenta atrás para evitar un desastre colectivo sin paliativos sigue corriendo. Con independencia de la valoración del ECOFIN de la Unión Europea y el FMI, los principales examinadores de la viabilidad de los planes de reducción de gasto y de liberalización de la economía que permita la adaptación de la estructura productiva a la nueva situación son los millones de personas que conforman el mercado. Esperemos que un ataque de cordura asalte a los dirigentes de los partidos mayoritarios y sirvan patrióticamente a su país evitando que se despeñe por la vía tercermundista.