Claves para un Plan Económico Capitalista en Venezuela

Resulta preocupante, y hasta vergonzoso, ver cómo personas, organizaciones políticas e instituciones que se presentan como liberales en lo económico plantean reformas que distan mucho de una verdadera economía de mercado.

Hace poco comencé a seguir las cuentas de CEDICE para conocer su alternativa económica y me encontré con un video en el que, basándose en una opinión de Ricardo Hausmann, un joven propone un supuesto “mercado de ayuda humanitaria”. Afirma que el problema real es la falta de dinero y de bienes, y concluye que hay que entregar los bienes a los comercios y el dinero a la gente.

En otras palabras, clientelismo y keynesianismo del siglo XXI (Teoría Monetaria Moderna).

Si no hay mejores planteamientos, me pregunto dónde está la propuesta que siente las bases de un sistema capitalista. ¿Por qué no se logra distinguir entre el libre mercado y la propiedad privada con el clientelismo y el mercantilismo? ¿Por qué se sigue planteando redistribución y gasto público en lugar de un fortalecimiento del poder adquisitivo de la gente?

He revisado no menos de diez planes económicos elaborados por distintas personas y organizaciones. Con algunas diferencias entre ellos, todos coinciden en tres aspectos.

1. La teoría está bien aprendida, pero se abandona en la práctica. Citan a promotores del libre mercado, defienden la propiedad privada y explican correctamente buena parte de sus fundamentos; sin embargo, al llegar a las soluciones concretas, terminan proponiendo intervencionismo o estatismo con otra fachada. Más que propuestas pragmáticas, esto sugiere que el adoctrinamiento en torno a la justicia social y el igualitarismo es tan profundo que algunos no logran reconocer que el modelo socialista, sin importar quién lo implemente, fracasa por su propia naturaleza.
2. Todos diagnostican la desgracia social con cifras bien sustentadas (devaluación, hiperinflación, desplazados), citan estudios de universidades reconocidas y proyecciones de organismos como el FMI. Pero un proyecto serio no puede quedarse en querer arreglar las cifras macro (pobreza, desnutrición, PIB, migración); tiene que ir a la esencia de lo económico, al bolsillo de las personas. Además, debe reconocer que los parches, las improvisaciones legislativas y las reformas parciales no sirven de nada frente al andamiaje chavista en el que estamos inmersos. En general, debe profundizar.
3. Finalmente, todos comparten una misma estructura de propuesta. Comienzan señalando la necesidad de fortalecer el marco jurídico en el que se desarrolle el planteamiento del sistema propuesto, y en esto coincido.

Esta guía práctica tiene como objetivo determinar si un plan económico busca simplemente cambiar de actores para mantener a la población dependiente de la clase política, o si pretende crear las condiciones para que las personas se desarrollen dentro de un sistema económico de libertades.

Dos acotaciones antes de empezar. La primera es que no pretendo reducir nuestro problema social a lo meramente económico; sería simplista e incorrecto. La raíz de la crisis venezolana no es económica, sino mucho más profunda, arraigada en nuestro volksgeist tras más de 65 años de eslóganes, épicas y planes socialistas. La segunda es que este no es un análisis exhaustivo con datos, sino simplemente un punto de vista sobre lo que debería plantear un plan económico serio, porque todo plan debe, al menos, transmitir un aprendizaje moral que refleje lo padecido.

En este sentido, estas pautas se limitan, deliberadamente, al aspecto económico. Es tan solo uno de los componentes del problema social. Comencemos, entonces, con la propuesta jurídica.

I. Reforma institucional

Cualquier plan debería comenzar por la base, los cimientos jurídicos de las condiciones mínimas para una economía de mercado. Es el mayor reto.

No soy abogado constitucionalista, pero si partimos de la Constitución de 1999 (C-99), las contradicciones entre sus artículos son tantas que la opción más rápida sería redactar una nueva Constitución y derogar por completo esta legislación chavista.

La C-99 tiene más artículos en contra que a favor de la empresarialidad. Los bloques comprendidos entre los artículos 112–118 y 299–321 son claramente intervencionistas y delimitan la libre actuación empresarial. Los artículos 70 y 184 habilitan estructuras comunales, desarrolladas después mediante leyes y decretos bajo el argumento del “Poder Popular”, que deberían derogarse de un plumazo junto con la legislación que las desarrolla. No se puede construir un sistema de derechos de propiedad sobre una legislación que, al mismo tiempo, amenaza dichos derechos. En cambio, la ley debe dar al ciudadano herramientas para defenderse del poder estatal, no lo contrario.

El ejemplo más claro de esta contradicción es el artículo 115, único que reconoce expresamente la propiedad privada, frente a los artículos 116, 302, 303 y 307, que permiten confiscarla bajo distintas excusas. Si a esto le sumamos los artículos 301 y 305, que erigen barreras al libre mercado, el emprendedor queda desprovisto de seguridad jurídica.

Si seguimos ahondando, más preocupante aún es la cantidad de leyes orgánicas vigentes que atentan contra quienes trabajan y producen. Cuento al menos 33 bodrios legislativos que deberían derogarse por completo, entre ellos la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de Tierras y la Ley de Extinción de Dominio. Toda ley que atente contra la capacidad emprendedora del venezolano debe revisarse, y el marco jurídico debe garantizar tanto la defensa de la propiedad como el cumplimiento de los acuerdos voluntarios.

Cualquier plan económico debería empezar por aclarar qué hacer con estos mandatos constitucionales, qué se deroga y qué se modifica.

A partir de aquí, identifico tres puntos donde los planes suelen discrepar. El primero es cómo reducir el gasto público y el tamaño del Estado administrativo, el segundo es cómo ejecutar las privatizaciones, y el tercero es cómo tratar el trabajo frente a los cambios de política económica. A continuación, abordo cada uno brevemente.

a. El tamaño del Estado administrativo

Todos los planes coinciden en que, mientras menos empleados públicos existan, mejor. Hasta aquí, bien. En este sentido, lo primero sería reformar la estructura ministerial. Hoy existen 32 ministerios, que deberían reducirse al mínimo posible. También debe disminuirse drásticamente la nómina pública, estimada en unos 3,5 millones de personas entre tribunales, alcaldías, gobernaciones y nóminas comunales, cuyos cargos deberían englobarse bajo el nombre de “servidores administrativos”.

A esto se suman más de 550 empresas propiedad del Estado (en su mayoría adscritas al Ministerio de Hidrocarburos y al de Industrias y Comercio Nacional), unos 5.400 consejos y circuitos comunales, organizaciones partidistas, beneficiarios individuales y empresas de maletín e ilegales. Todo ello conforma el Estado administrativo chavista.

Algunos planes promueven el gobierno digital para agilizar trámites; tiene sentido, pero esto solo reduce la burocracia, no la elimina ni resuelve por sí sola la ineficiencia y la corrupción. Dentro de esta medida, lo verdaderamente importante es minimizar el trámite burocrático para crear empresas y asociaciones voluntarias y, sobre todo, garantizar la seguridad jurídica de la propiedad y la resolución de conflictos entre particulares. En suma, lo valioso consiste en consolidar un sistema de garantías para los derechos de propiedad. Por eso la reforma no puede limitarse a reducir ministerios y empleados; también debe desmontar las estructuras económicas que sostienen al Estado administrativo chavista, privatizar las empresas estatales que sobrevivan al desmantelamiento, acabar con los monopolios de enchufados y desmontar el sistema comunal, cuyo único fin es mantener estructuras partidistas de control coactivo.

b. Privatizaciones

Todas las empresas estatales deben privatizarse sin excepción, incluida PDVSA, que merece una sección aparte más adelante. Todos los sectores son susceptibles de privatización, incluso los considerados esenciales, como infraestructura, educación y energía. Los gobiernos recientes y anteriores destruyeron buena parte del aparato productivo mediante medidas intervencionistas; por tanto, esos sectores deben privatizarse o, cuando corresponda, devolverse a sus accionistas originales. El Estado nunca gestionará mejor que el sector privado ninguna industria. La mejor política pública es la que le permite al sector privado gestionar dichas actividades.

La privatización no es nueva. Ya ocurrió en Venezuela en los años noventa (necesaria, aunque incompleta), en Europa del Este y la antigua URSS, por citar ejemplos clásicos, y también en varios países iberoamericanos con alta deuda. Para ello existen dos métodos principales, la venta total o liquidación (subasta, licitación o concurso) y la venta pública en bolsa. Queda a criterio de árbitros qué ofrecer según sea el caso.

¿Quiénes podrían participar en la adquisición? Todo aquel que no haya formado parte del sistema chavista; la OFAC y los tribunales de EE. UU. podrían asesorar en la identificación y exclusión de quienes estén o estuvieron vinculados al régimen. En casos extremos y muy puntuales, podría establecerse un porcentaje de preferencia para trabajadores activos y jubilados de esas empresas en la adquisición de acciones (accionariado de los trabajadores).

Si un plan económico pretende mantener alguna empresa total o parcialmente estatal, debe justificarlo con detalle y establecer mecanismos estrictos de auditoría y control. Esta opción, en todo caso, nunca debería ser la primera, ya que termina distorsionando el cálculo económico y el fin para lo que está hecha la empresa, así como, extendiendo o perpetuando la intervención estatal.

c. El trabajo y el mercado laboral

El mercado laboral se defiende dentro de las empresas, no mediante protecciones estatales al trabajador. La Ley Orgánica del Trabajo debería simplificarse al mínimo, funcionando solo como referencia de los tipos de contrato y las cláusulas mínimas entre empleado y empleador. Ninguna ley que otorgue ventajas a sindicatos, establezca sesgos de contratación por género o estrato social, o imponga inamovilidad laboral, puede considerarse válida: son aberraciones jurídicas. Lo mismo aplica a la imposición legislativa de un salario mínimo, cuyos efectos explico a continuación.

El trabajo no es un derecho, puesto que el Estado nunca podrá garantizar empleo para todos. Es uno de los tres factores de producción, y solo el sector privado puede generarlo de forma sostenible y competitiva. Quien emprende es quien tiene la capacidad de emplear, e incluso el emprendedor es, en última instancia, un trabajador al servicio del inversor que arriesga su capital. El contrato laboral debe quedar supeditado a la voluntad de las partes, no a la imposición estatal.

Cualquier economista serio sabe que regular los precios por encima o por debajo del nivel de mercado distorsiona la oferta y la demanda. Así como fijar artificialmente a la baja un precio de venta genera escasez, fijar un precio mínimo de contratación genera desempleo. Todo trabajador que no pueda generar un valor equivalente al salario mínimo queda excluido del mercado laboral cuando la empresa no puede costear su contratación; los más afectados suelen ser los sectores más vulnerables y menos capacitados.

El salario mínimo es discriminatorio por naturaleza, y el mismo efecto se traslada a otras imposiciones regulatorias, como las cuotas de género en la contratación o los contratos monopolizados por sindicatos. A la larga, perjudicar a la empresa mediante regulación termina perjudicando también a los trabajadores que dependen de ella. Es, además, la razón de fondo de la mal llamada “economía informal”. El buhonerismo no es una actividad que “no aporta a la economía”, sino la respuesta a un sistema que excluye a esas personas por la rigidez del mercado laboral.

Si de verdad se confía en el capital humano venezolano, cualquier plan económico debería plantear explícitamente la eliminación del salario mínimo -o fijarlo en Bs. 1, orgullosamente el más bajo del mundo-. Esta medida, junto a un marco de seguridad jurídica para la inversión privada, obligaría a las empresas a competir con salarios internacionales para atraer mano de obra, incluida la que hoy está en el extranjero. En un mercado competitivo son los empleadores quienes deben esforzarse por ofrecer mejores condiciones para atraer y retener talento.

En cuanto a los empleados públicos que saldrán de la nómina estatal, los honestos encontrarán trabajo en el sector privado al día siguiente de abrirse las fronteras a la inversión. No descarto, sin embargo, que siempre exista un grupo de zurdos vivarachos que prefiera vivir a costa de los demás.

II. Reforma fiscal

Casi ningún plan explica por qué es necesario pasar de un sistema rentista a uno tributario, ni las consecuencias que eso implica. Quienes han trabajado en el exterior saben lo que significa que parte de su salario no llegue a su cuenta bancaria porque el Estado lo retiene, funcionarios disponiendo del ingreso ajeno sin consentimiento, y que, además, los propios funcionarios públicos no paguen impuestos como sí lo hacen los demás que trabajan e invierten. Rentismo y tributación son dos formas distintas de extraer recursos del bolsillo del emprendedor para sostener a los gobernantes. Ambos siempre serán una forma de robarle a quien produce, por más que esa manutención esté prevista en la norma.

Todos los planes coinciden en mejorar la eficiencia de la recaudación. ¡Claro!, ningún político se opondría a semejante error, porque si no lo hiciera, quién proveería su manutención. Es más, lo más probable es que propongan campañas de concientización tributaria para que la gente pague “voluntariamente”, porque si no, la multan.

Entonces, la pregunta de fondo es otra y tiene su origen en el tamaño del Estado descrito anteriormente. ¿Cuánto es realmente necesario recaudar para sostener el Estado administrativo? Si el Estado se reduce a su mínima expresión, la recaudación necesaria también debería serlo. La fórmula propuesta es más sencilla, bastaría calcular cuántos servidores administrativos quedan después de privatizaciones, liquidaciones, ventas de activos y reducción máxima de la nómina pública.

En la legislación venezolana ya existe una enorme carga impositiva para quien trabaja y emprende: impuestos nacionales (ISLR, IVA, sucesiones, patrimonio, IGTF, hidrocarburos, minería, aduanales, licores, tabaco), estatales (peajes, timbres fiscales) y municipales (actividad económica, comercio, publicidad, vehículos, inmuebles). A esto se suman dos cargas ocultas, las contribuciones parafiscales de leyes especiales (Ley de Ciencia y Tecnología, Ley de Drogas, Ley del Deporte, etc.) y la maraña de permisos, licencias, registros y trámites que nunca terminan de cumplirse, generan multas y, en la práctica, convierten a los cobradores de impuestos en funcionarios con licencia para extorsionar. Los agentes tributarios nunca pierden.

Cualquier plan serio debería explicar cómo evitar que este tipo de sistema reproduzca, como ocurre en otros países hispanoamericanos, más corrupción, ineficiencia y burocracia. Y si esta es la vía planteada, debe describir claramente qué mecanismos tendrá el ciudadano para defenderse ante estas amenazas.

Por ello, antes de diseñar un nuevo sistema tributario, propongo seis planteamientos que todo plan debe considerar.

1. Trasladar la carga fiscal de lo nacional a lo municipal. Hoy, alrededor del 70 % de la carga tributaria empresarial es nacional y el 30 % municipal. Venezuela necesita descentralización real; el socialismo solo ha profundizado la dependencia de los grupos mafiosos y privilegiados concentrados en Caracas. A menor territorialidad y población administrada, mayor contraloría y soluciones más tangibles; por eso la administración municipal debe cobrar fuerza política. La tributación debería fortalecerse a nivel de municipios o parroquias y revertir esa proporción a favor de los municipios.

Quiero reforzar esta idea: la mejor política pública es aquella que puede realizar el sector privado. La redistribución gubernamental siempre termina perjudicando a quienes trabajan y producen. Sin embargo, reconociendo el sistema estatista en el que estamos inmersos, el municipio tendrá que ofrecer soluciones allí donde el sector privado no pueda actuar en el corto plazo (servicios sanitarios, educativos, de seguridad, demarcación de tierras, tribunales de familia y notarías, etc.) sin entorpecer la actividad privada. Toda obra o servicio estatal prestado debería subastarse o liquidarse al cabo de un plazo determinado, para evitar el crecimiento permanente del aparato estatal.

2. Simplificación tributaria en tres niveles, cantidad de impuestos, montos y trámites, tomando como referencia modelos como Estonia y Dubái. Cada municipio podría fijar un monotributo único, calculado según su capacidad de atraer inversión. Debe ser no progresivo, puesto que la progresividad es enemiga del crecimiento y del esfuerzo, y alienta la mediocridad. Algunos municipios podrían decidir no cobrar impuestos a los empleados; otros podrían no gravar determinadas actividades comerciales o ciertos servicios municipales. Por su parte, la digitalización debe hacer que los trámites de declaración, pago y permisos sean tan transparentes, rápidos y sencillos como la constitución de una empresa.

3. Subsidiariedad centralista frente a confederación contributiva. No es lo mismo que el gobierno central redistribuya hacia abajo lo recaudado, que los municipios aporten una cuota al gobierno central. No existen subsidios buenos, ni del Estado hacia los municipios ni del Estado hacia las personas. Lo que hace sostenibles en el tiempo las obras y servicios es la inversión privada. Los subsidios, cualquiera sea su disfraz (alimentación, educación, salud), son siempre perjudiciales porque generan clientelismo y dependencia, envían señales de rentabilidad falsas y crean proyectos insostenibles que colapsan cuando cesa el financiamiento estatal. Es falso que los subsidios impulsen el desarrollo; mientras más se subsidia, mayor dependencia se genera. Es el mismo efecto narcótico de los opioides.

Si, a pesar de ello, en el corto plazo se opta por una ayuda directa mediante vouchers, solución pragmática pero igualmente perjudicial, al menos permitiría a la persona decidir en qué gastarlos. Sin embargo, sus efectos económicos son mucho más perjudiciales que lo que se pretende mejorar (lo explico más adelante en la sección monetaria).

El principio de subsidiariedad es centralista y burocrático. Propongo, en cambio, un esquema de confederación contributiva, donde los aportes se hagan desde las parroquias hacia los estados (mancomunidades o distritos metropolitanos) y hacia la nación, con porcentajes definidos por área de desarrollo, por ejemplo: autopistas y tribunales mancomunados a nivel estatal, y seguridad y defensa o un fondo de emergencia a nivel nacional.

4. Seguridad social. Sanidad, desempleo, pensiones, vivienda, discapacidad y jubilación deben transitar del modelo estatal, fracasado y obsoleto, hacia asociaciones privadas, fondos de inversión, seguros, cajas de ahorro, fondos hipotecarios. Trabajadores y empresas deberían quedar exentos de ciertas cargas fiscales cuando destinen voluntariamente sus ingresos a estos fondos.

Ningún sistema en el mundo puede sostener indefinidamente a una población que no trabaja a costa de la que sí trabaja, sin recurrir a alguna forma de explotación laboral; cualquier plan que proponga fortalecer un sistema de seguridad social administrado por el Estado le miente al ciudadano. Para cada contribución se debe aplicar la regla general de calcular su aporte por municipio y transferir un porcentaje al ámbito nacional bajo el principio de confederación contributiva explicado arriba.

De igual modo, quien apoye asociaciones de caridad (orfanatos, instituciones para personas con discapacidad o adultos mayores) debería poder deducir esas contribuciones de sus cargas fiscales. Nos sorprenderemos de la generosidad del venezolano cuando el Estado deje de ser la figura preferente que da ayudas y se afiancen redes solidarias para dar desde nuestro propio bolsillo.

5. Libertad de contribuir. ¿Qué opciones tiene el ciudadano si el gobierno central, estatal o municipal aplica políticas contrarias a sus valores? ¿Qué ocurre cuando el dinero destinado a las áreas comprometidas es deliberadamente robado o desviado?

Ningún plan plantea la libertad de decidir si se pagan o no ciertos impuestos cuando la casta política atenta contra el ciudadano. Dado que todo es privatizable y solo las áreas que requieran apoyo transitorio se financiarían con impuestos, el ciudadano debería poder elegir si contribuye o no a un programa municipal, estatal o nacional específico, y a qué sector (educación, salud, infraestructura), según las necesidades que mejor conoce. Como es natural, el habitante de cada parroquia conoce de primera mano cuáles son las necesidades de su entorno y, a la vez, cómo ejercer mayor control sobre el gasto público municipal. La voluntariedad queda sujeta a la transparencia y ejecución de las obras públicas.

6. Viabilidad constitucional. Al menos 55 artículos de la C-99 deberían reformularse para permitir un sistema fiscal de mayores libertades que favorezca la libre empresarialidad, junto con una revisión total del Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, la Ley del ISLR, la Ley del IVA y demás legislación conexa. Todo debe orientarse al desarrollo empresarial, no al sostenimiento del Estado; si para lograrlo hace falta derogar toda la C-99, que se plantee abiertamente.

III. Reforma monetaria

Quizás este sea el punto más delicado. Todos los planes hablan de pedir prestado al FMI y sortear una deuda externa, que supuestamente asciende a picos históricos, pero casi ninguno habla de cómo fortalecer la moneda para que el venezolano recupere su poder adquisitivo y vuelva a confiar en un sistema centrado en el bolívar. Ningún plan es realmente nacionalista en ese sentido. Comencemos el ajuste, entonces, desde una perspectiva nacional.

El medio de intercambio preferente es el dólar americano, del cual, podemos identificar tres flujos de entrada. El primero está controlado por el gobierno y sus grupos irregulares, que reciben dólares de afuera mediante negocios lícitos e ilícitos y los distribuyen entre bancos, ministerios y grupos de interés según criterios arbitrarios; luego ese segundo anillo realiza una nueva distribución según sus propios intereses, y así sucesivamente hasta que una parte llega finalmente a manos del ciudadano de a pie. La realidad es que la mayor parte ni siquiera llega al mercado interno, sino a cuentas internacionales de grupos privilegiados.

El segundo flujo, cada vez más relevante, son las remesas que los venezolanos en el exterior envían a través de couriers o transferencias bancarias en dólares. El tercero proviene del comercio fronterizo y de la inversión privada, ahorros repatriados en forma de inventario, maquinaria o liquidez, y ventas de bienes y servicios al exterior, incluido el boom de freelancers digitales. Cada uno representa una cuota más pequeña en comparación con el primero, pero en conjunto son relevantes. Aunque es impreciso calcular las proporciones exactas, una división estimada conservadora podría ser 75 % de los dólares provenientes del gobierno, 15 % remesas y 10 % el resto, siendo estos dos últimos los que mayor entrada directa tienen en el mercado interno. Esto ayuda a explicar tres fenómenos.

Como la mayoría del flujo es controlado y manipulado por el gobierno, se explica en parte la estanflación o recesión inflacionaria en dólares, entrada de dólares nuevos en una economía con poca capacidad productiva y profunda desconfianza, con una inflación acumulada estimada en 20.000 % desde marzo de 2022. Recientemente, entre enero y julio de 2026, el BCV casi triplicó la venta de divisas al mercado.

El segundo fenómeno es que la mayoría de los bienes y servicios se sostiene sobre la importación de bienes de consumo final, no sobre el desarrollo de las etapas estructurales de la producción. Cuando hay pocos bienes de capital, estamos frente a una economía simple, poco especializada, con incapacidad de diversificarse y con escasa variedad de bienes y servicios.

El tercero es que en Venezuela ocurren simultáneamente dos leyes económicas, la Ley de Gresham y la Ley de Thiers, en las que el dólar sustituye al bolívar como medio de pago mientras las personas atesoran los pocos dólares que reciben, generando escasez de oferta de la moneda fuerte.

Todo esto lleva a pensar que, en la práctica, el problema no es dolarizar la economía, que de facto ya existe, sino que se requiere una mayor apertura, permitir la libre convertibilidad y el uso de cualquier medio de intercambio, incluidas las criptomonedas.

Nota sobre la dolarización. Al momento de escribir este artículo rondan los rumores sobre si dolarizar aliviaría la situación económica, ante el anuncio de que el gobierno ajustaría su legislación para hacerlo. Esto acabaría de inmediato con la bicicleta cambiaria y con la manipulación de la masa monetaria en bolívares por parte del BCV. A cambio, el dólar pasaría a ser moneda de curso legal y el sistema quedaría sujeto a las decisiones de la FED. Conviene recordar que el dólar, aunque es moneda fiat estable, ha perdido cerca del 35 % de su poder adquisitivo desde la crisis financiera de 2008 y entre 95-98 % de su valor frente al oro desde 1971, una gran parte de esa pérdida entre 2020 y 2025. Dolarizar significaría que la fluctuación de la moneda venezolana pasaría a depender de las decisiones de EE. UU. sobre masa monetaria, tasas de interés y emisión de deuda.

Sin embargo, incluso bajo un esquema de dolarización formal, el gobierno, a través del BCV, podría conservar margen para distorsionar la economía si mantiene el control sobre el flujo de dólares provenientes de las exportaciones, que es el grueso de la entrada de dólares. El BCV no podría crear dólares ni expandir la masa monetaria a discreción como hacía con los bolívares, pero sí podría administrar de manera discrecional la asignación de divisas, generando brechas entre un dólar oficial y uno paralelo, escasez de bienes y presiones inflacionarias internas en dólares. En otras palabras, no habría inflación en dólares por emisión monetaria directa, pero podría haberla por distorsiones en la oferta, los controles y la mala asignación de las divisas.

Por eso, desde esta tribuna, preferimos la libre convertibilidad como primera medida, y eliminar el control cambiario que ha hundido el desarrollo del país durante más de 40 años. Sus efectos serían inmediatos, desaparecería la multiplicidad de precios de la moneda, el negocio improductivo de la “bicicleta cambiaria”, la corrupción por la gestión en manos de pocos privilegiados, las rentas artificiales asociadas a la gestión del cambio y la asignación de cuotas a enchufados. La brecha cambiaria quedaría sometida al mercado, aumentaría la libertad para mantener cuentas en dólares o bolívares, y se facilitaría la inversión extranjera, la repatriación de capitales y las transacciones comerciales con el exterior.

Frente al argumento de economistas mainstream de que esto generaría inflación por demanda, sostengo que se trata, más bien, de sincerar el precio de la moneda, reconocer su valor real, similar al reflejado en plataformas P2P. Otro riesgo señalado por ese grupo de economistas es una eventual fuga de capitales. Desde aquí, lo consideramos demagogia política, porque, con los cambios jurídicos requeridos y ya mencionados, el marco legal integral protegería ampliamente la inversión y generaría condiciones para atraer capital en lugar de provocar su fuga.

Bajo este esquema no sería necesario dolarizar; bastaría con establecer un tipo de cambio oficial en función del mercado para que las empresas pudieran operar con una referencia contable clara.

Surgen entonces varias preguntas fundamentales. ¿Qué hacemos con los bolívares? ¿Cómo evitamos depender de la pérdida del poder adquisitivo del dólar? ¿Cuál debe ser el papel del BCV? ¿Cuál es el rol de la banca privada?

Si se opta por conservar el BCV su ley debería reformarse para: (1) prohibir la impresión de billetes sin respaldo y (2) anclar la masa monetaria M1 al oro. El BCV quedaría limitado a administrar la convertibilidad, custodiar reservas, garantizar transparencia en la balanza de pagos y hacer seguimiento macroeconómico, sin financiar al gobierno.

Como comentaba antes, el sistema de vouchers es una forma de gasto público que genera inflación por el fenómeno conocido como efecto Cantillón, donde los precios relativos de los bienes suben más rápido que los salarios. Por eso lo recomendado es no aplicar esta política cortoplacista; cualquier excusa para liberar masa monetaria generará este efecto.

Si se ancla el bolívar al oro y se libera la convertibilidad, el tipo de cambio podría, aunque no necesariamente, tender a valores cercanos a las referencias P2P de dólares y criptomonedas, dependiendo de la paridad que se fije y de la credibilidad del nuevo régimen. Haciendo un ejercicio simplificado y no exhaustivo, con la poca información disponible, el M1 se estima en 2,19 billones de bolívares (fuente: tradingeconomics.com) y las reservas de oro en 47 toneladas (junio de 2026). Si se asume, de forma muy simplificada, que todo el M1 está 100% respaldado por esas 47 toneladas de oro, el valor implícito sería de aproximadamente 46.600 bolívares por gramo de oro, lo que, con un precio del oro de alrededor de 2.400 USD por onza, implica un tipo de cambio del orden de 600 bolívares por dólar. Esa cifra es inferior a los aproximadamente 850 bolívares por dólar que cotizaba Binance P2P al momento de escribir este artículo, aunque ese mercado está sujeto a distorsiones y a las condiciones específicas del entorno de controles vigente.

Dos efectos beneficiosos inmediatos son plausibles. El primero es un efecto de escasez, al prohibirse la emisión sin respaldo en oro, los billetes existentes pasarían a constituir una oferta monetaria limitada y, por tanto, un medio de intercambio valioso. El segundo, y más importante, es que el bolívar se convertiría en la única moneda del mundo que volviera a anclarse al patrón oro, otorgándole un atractivo sólido frente al resto de las monedas fiat y fortaleciendo así la moneda nacional.

Una vez estabilizados la convertibilidad y el valor de la moneda, podría considerarse una reconversión monetaria. Al fin y al cabo, ¿qué más da quitarle algunos ceros a la moneda hiperdevaluada por el chavismo para facilitar las transacciones? También podría plantearse la reimpresión de nuevos billetes para eliminar la simbología santera y el culto a Bolívar. Una sugerencia sería conservar en ellos los paisajes naturales de nuestro bendecido territorio.

Otra parte de la misión del BCV sería recuperar las reservas de oro para fortalecer el bolívar, mediante la repatriación de capitales y la extracción de la minería nacional. Agrego este último punto solo por la necesidad de reforzar las reservas de oro; sin embargo, requeriría un marco institucional sólido para evitar la corrupción y las mafias alrededor de la explotación minera.

Bajo este esquema, queda aclarado que el BCV no funcionaría como banco de rescate de última instancia de otros bancos. Al no tener potestad para imprimir dinero sin respaldo ni estar obligado a rescatar instituciones financieras, la banca privada tendría que ofrecer sus productos bajo un sistema orientado a reducir el riesgo de financiar proyectos inviables. La tasa de interés del BCV sería únicamente referencial y no obligatoria para la banca privada, y giraría en torno al 2 % de crecimiento del oro mundial, más el crecimiento de la extracción nacional, más las primas asociadas a los tipos de interés.

La banca privada se dedicaría a dos negocios jurídicamente diferenciados. El primero son los depósitos de ahorro a la vista, cobrando por los servicios de custodia y garantizando un coeficiente del 100 %; todo lo que se deposita debe estar a la vista, resguardado en las bóvedas del banco. El segundo son las cuentas de inversión, destinadas a préstamos dentro de un mercado de plazos y a una tasa de interés determinada, figuras que ya existen y que se respaldan con aseguradoras y otros fondos de inversión.

Esta separación evitaría la expansión monetaria fiduciaria por depósitos a la vista, distinguiría claramente crédito de dinero, y obligaría a los bancos a seleccionar proyectos más seguros; el crédito quedaría supeditado al ahorro, al capital y a la financiación explícitamente contratada, no a rescates del BCV.

Con la apertura a la inversión volvería a existir la posibilidad de obtener crédito en Venezuela, pero no un crédito basado en estafas piramidales, esquemas Ponzi o préstamos de financistas dudosos. Los bancos podrían crear sus propios fondos de rescate, asegurar transacciones, emitir bonos privados y usar los instrumentos del mercado de capitales (acciones, fondos de inversión, fondos de pensiones, venture capital, private equity), favoreciendo la especialización financiera y atrayendo entidades extranjeras. Queda, eso sí, un riesgo inevitable, cualquier moneda extranjera en circulación dependerá de las políticas económicas de otros países, y será la banca privada quien decida hasta qué punto financiarse bajo esas condiciones, con todo lo que ello implica.

Sobre las deudas. Son difíciles de estimar, ya que no hay cifras oficiales ni manera única de precisarlas. Solo existen estimaciones y reportes poco transparentes.

En julio de 2026, algunas estimaciones sitúan la deuda interna del sector público en el orden de los USD 4.000 millones (al cambio oficial), aunque no hay una cifra oficial detallada y ampliamente aceptada. Pese a la contracción del crédito en años anteriores, ese mismo mes se observó un repunte en la cartera de créditos de la banca privada (alrededor del 61 % interanual, según reportajes de Banca y Negocios), impulsado por nuevas regulaciones de tasas y el uso de la UVC (Unidad de Valor de Crédito), lo que sugiere un intento de reactivar el crédito, en parte vinculado al aparato productivo petrolero. Algunas estimaciones no oficiales hablan de crecimientos muy altos en términos reales, pero estas cifras carecen de respaldo público y deben tomarse con cautela.

Desde enero de 2026, el BCV estableció un esquema en el que la liquidación de divisas provenientes de la venta de petróleo venezolano se canaliza a través de cinco bancos privados designados, Bancamiga, BBVA Provincial, Banesco, Mercantil y BNC. Los recursos de la venta de crudo llegan primero a una cuenta del BCV en el Banco Nacional de Catar (QNB), y de ahí se distribuyen a esas cinco instituciones para las subastas de divisas al sector privado.

Bajo un sistema altamente intervenido, con control cambiario, flujo de dólares controlado por el gobierno, subsidios y tasas reguladas expresadas en UVC, las tasas de interés nominales están muy por debajo de la inflación. Aunque la indexación vía UVC busca estabilizar parcialmente el valor real del saldo de la deuda, el esquema genera distorsiones importantes y traslada el riesgo inflacionario y cambiario a los deudores.

Con las políticas aquí propuestas, la reestructuración interna debería darse en dos pasos. Primero, identificar acreedores, registrar obligaciones y permitir la negociación libre, conversiones voluntarias, refinanciamiento y recapitalización. Segundo, normalizar la deuda dentro de un mercado de bonos de corto y largo plazo, reactivar hipotecas y fondos de inversión, recuperar el crédito empresarial y dejar que el mercado determine las tasas de interés, todo bajo el esquema de libre convertibilidad, cuentas diferenciadas y patrón oro ya descrito.

Lo ideal sería hacerlo en un periodo entre tres a cinco años (en este plazo lo han hecho otros países), con cierta flexibilidad para los acreedores mientras el nuevo sistema afianza la confianza de los inversores y se recupera la capacidad de pago. A pesar de que la tasa de impagos se mantiene baja a fuerza de gasto público y asignación arbitraria de divisas, lo peor que podría hacer la banca privada es prestar bajo las condiciones actuales, puesto que un cambio de política con mucha menor intervención y distorsión de los mercados le permitiría restablecer su condición de prestamista en proyectos productivos de inversión.

¿Y la deuda externa? Primero hay que explicarle al venezolano cómo se generó y cuál es la finalidad de quienes pretenden estimarla por encima de su valor real. Aquí la pregunta no es solo cuánto, sino quiénes son los deudores, con nombre y apellido.

Esta deuda, sostengo, corresponde exclusivamente a los integrantes del sistema chavista y sus testaferros, políticos oficialistas y opositores, enchufados, funcionarios de alto nivel, militares, boliburguesía y bolichicos, todos identificables. Todos los contratos entre el gobierno y terceros extranjeros desde 1999 deberían revisarse mediante un tribunal especializado (Tribunal de la Deuda Externa), que determine, contrato por contrato, la persona física responsable antes de fijar una cifra oficial. Es posible hacerlo, y además es un deber moral.

Mientras no se investigue a fondo quiénes la generaron y en qué condiciones, el venezolano no debe pagar un céntimo de esa deuda. Ni ahora ni las generaciones futuras; ni con petróleo ni con impuestos.

Según el reportaje del Financial Times, la deuda ronda los USD 240.000 MM, de los cuales, al menos el 93 % proviene de defaults de bonos y de transacciones e impagos de PDVSA, deuda que la propia C-99 chavista reconoce como gestionada por el gobierno. Un plan serio y verdaderamente nacionalista debe llegar hasta el fondo de esos contratos, precisar el monto real, identificar a los deudores reales del sistema chavista y evitar que la deuda se redistribuya entre los venezolanos de a pie.

Esta es, posiblemente, la cifra más clara del saqueo nacional. No dudo en afirmar que estamos frente al robo mundial más grande de la historia contemporánea, realizado por quienes participaron directa o indirectamente en el sistema socialista instaurado por Chávez. El socialismo es exactamente esto, destruye la producción para luego robar y saquear, y después redistribuye las deudas entre los más vulnerables.

Dependiendo de lo que determine dicho tribunal y de la legalidad de cada contrato, se procederá a refinanciar la deuda o, sencillamente, a desconocerla; porque no hay capacidad de pago en un país arrasado por el socialismo. Para esto sí hay que tener rectitud moral, temple y valentía. Algunos economistas creen que la valentía radica en pedir un préstamo al FMI, “que hay que tener guáramos”. Pues no. La gallardía está en hacer justicia frente a quienes nos robaron y pretenden seguir haciéndolo.

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿qué argumentos tienen quienes proponen un nuevo endeudamiento con el FMI o el Banco Mundial para garantizar que esta vez los resultados serán distintos de los obtenidos en experiencias anteriores? ¿Cuál sería el destino de esos recursos? ¿Se utilizarían para pagar deudas con más deuda, para financiar subsidios y programas de carácter partidista o para una supuesta “ayuda humanitaria” que nunca termina de llegar a quienes la necesitan? ¿Servirían para inyectar dinero en una economía y alimentar nuevamente la inflación? ¿Para seguir financiando una PDVSA ineficiente o para cubrir campañas electorales bajo el argumento de que el endeudamiento es la única salida a la crisis? También cabe preguntarse si detrás de estas propuestas existe la idea de que nuevos actores, por el simple hecho de asumir el poder, proponen endeudarse sin modificar las causas estructurales que nos han llevado hasta aquí. ¿Acaso no confiamos en la capacidad empresarial de los venezolanos? ¿O, en el fondo, no estamos dispuestos a abandonar el modelo económico que ha demostrado su fracaso y pretendemos seguir recurriendo al endeudamiento, gastando recursos ajenos y trasladando el costo de nuestras decisiones a quienes producen, trabajan y sostienen la economía?

La única deuda responsable es la privada, no la pública. Sin embargo, la única deuda pública que una administración seria podría estar dispuesta a asumir es la destinada a instaurar tribunales de transición, hacer justicia a las víctimas, someter a las organizaciones criminales instauradas y llevar hasta el fondo la repatriación de capitales.

Pregunto de vuelta a quienes insisten en la urgencia de la solicitud, ¿para qué quieren un préstamo del FMI?

Estimado lector, el sistema monetario internacional viene mostrando sus costuras desde hace décadas. La expansión del crédito sin un respaldo equivalente en ahorro y producción se aceleró de forma extraordinaria tras la crisis financiera de 2008 y alcanzó niveles sin precedentes durante la pandemia de COVID-19. Este proceso contribuyó a erosionar el poder adquisitivo de la población y a concentrar los beneficios financieros en unos pocos privilegiados, profundizando la brecha entre quienes se benefician de la expansión monetaria y quienes, en última instancia, terminan soportando su costo: quienes producen, trabajan y generan riqueza.

Los venezolanos no merecen salir de un sistema criminal socialista para entrar en otro sistema socialista de alcance mundial, frágil e insostenible. Tampoco merecen endeudarse con fondos que, al final, forman parte de bancos centrales capaces de emitir dinero a discreción según las necesidades de financiamiento del gasto público.

Muchos afirmarán que así es como funciona la economía mundial. Pues bien, Venezuela es uno de los pocos países con la capacidad de reinventar su economía a pesar de los desequilibrios mundiales. El impulso para modernizar el país no consiste en entrar en la trampa espiral del sistema financiero mundial, que muchos países sortean sin lograr resolverlo, sino en abrir las puertas a las nuevas tecnologías y nivelar con educación a la población al siglo en el que estamos, para preparar a las actuales y nuevas generaciones frente a los desafíos que ese mismo sistema mundial presenta.

Son estos avances tecnológicos los que nos han permitido aumentar la productividad y la capacidad de transmitir información para sortear las brechas del sistema económico fiduciario. Depender del sistema monetario mundial es condenarnos a la pobreza en un mundo cada vez más estatizado; permitir, en cambio, la libre competencia con entrada de información, tecnología y conocimiento es hacernos más libres. Es imperativo abrirle las puertas al capitalismo.

IV. Reforma del sector petrolero

¿Cuál debe ser el papel del petróleo dentro de un plan económico? La respuesta es sencilla. En un artículo que publiqué a comienzos de año detallé las razones por las cuales no solo debería privatizarse PDVSA, sino también el subsuelo.

Cualquier economista serio sabe que la concentración del control petrolero en manos del Estado ha contribuido decisivamente al rentismo como forma de gobierno, matriz de corrupción, politización y dependencia económica, y es la principal causa que impide el desarrollo de otros sectores empresariales y de la sociedad en general.

Para acabar con este control estatal, propongo privatizar los yacimientos mediante derechos de propiedad, con mecanismos similares a los mineral rights de Texas, para atraer capital, generar inversión, medir productividad y reducir el control político sobre la renta petrolera. En caso de gravar la actividad, deberían aplicarse los mismos criterios fiscales de cualquier otra actividad comercial, según lo desarrollado en la sección fiscal.

Dejo abierta la posibilidad de hacerlo progresivamente, comenzar con los yacimientos onshore y dejar inicialmente los offshore en manos del Estado. Aquellos que permanezcan bajo control parcial estatal, sin que el Estado opere directamente, dado que PDVSA sería privatizada por completo, y resulten rentables, tendrían dos destinos. El primero es un fondo nacional para crisis derivadas de desastres naturales, guerras o shocks económicos externos (distinto del modelo noruego, donde el Parlamento usa un porcentaje del fondo como parte del presupuesto). El segundo es la compra de oro en el mercado mundial para restablecer las reservas robadas y fortalecer el bolívar. Este sería el “Plan Petróleo por Oro”.

A quienes refutan esta idea alegando razones históricas, culturales o de simple voluntad política, les digo que peor sería volver a las soluciones que nos trajeron al chavismo. Me río de los proyectos reciclados que esperan resultados diferentes. El petróleo nunca ha sido de los venezolanos, y estamos frente a una oportunidad única para que así sea.

Cualquier plan que continúe planteando un modelo rentístico, incluso tomando como referencia el modelo noruego o los de la Liga Árabe, está planteando el estancamiento social. En última instancia, solo cambiaría a las personas y la manera de redistribuir, pero no la manera de aplicar ingeniería social.

Nota sobre el último acuerdo petrolero planteado por EE. UU. No es la intención de este artículo emitir juicios de valor mientras se terminan de conocer los detalles del acuerdo, pues todavía hay demasiadas lagunas jurídicas por confirmar. Lo que sí no cambia es la premisa de fondo: la privatización de los yacimientos sigue siendo la salida correcta. En ninguna parte, hasta ahora, se está planteando dicha privatización. Lo que probablemente resulte de estos acuerdos es un nuevo flujo de dólares a través de las empresas petroleras, que le daría cierto respiro al sector frente a la dependencia del flujo controlado por el gobierno. Pero esto no debe confundirse con una liberalización de la economía —ni mucho menos—. Más bien tiende a reforzar el rentismo, ya que el petróleo quedaría como el único sector reactivándose con una lógica productiva y de inversión en bienes de capital, mientras el resto de la economía sigue atrapada en el mismo esquema de siempre. Las regalías e impuestos seguirán en manos del gobierno.

V. Comentarios finales

Como podrán intuir, no hay manera gradual ni aislada de implementar los cambios estructurales que se necesitan para la reinstitucionalización moral y jurídica que provea seguridad en la transición económica. Si se opta por aplicar oleadas de reformas, la primera debe ser de choque e integral, que siente los cimientos de la estructura deseada. Luego, con oleadas graduales, se puede ir reforzando lo ejecutado en la primera, o, en su defecto, aprender de ella para hacer las próximas reformas más eficaces. Ninguno de los puntos aquí planteados se puede implementar de forma aislada. Los parches, como el sistema chavista los ha querido aplicar, solo benefician sectores privilegiados dentro del sistema político. La fórmula económica funciona, la cuestión es cuál es la que beneficia a los venezolanos realmente.

Es de demagogos decir que habría un costo político en juego para el que quiera implementar estas reformas de choque. Falso. El venezolano de bien está dispuesto a reconstruir un país con una nueva visión que lo deje actuar libremente, y no quiere chavismos pasados, azules o socialismos de otras fachadas. Se necesita la dirección, el equipo capacitado y con ideas claras y la voluntad.

La única fórmula para salir de la miseria es sentar las bases de un sistema capitalista: defensa de la propiedad privada, promoción del libre mercado y fortalecimiento de la capacidad real de ahorro. Venezuela pasaría de tener un sistema basado en controles, hiperinflación, inseguridad monetaria, privilegios monopolísticos, expropiaciones y barreras comerciales, a uno fundamentado en derechos de propiedad, moneda estable, libre convertibilidad, libre comercio, inversión y una economía productiva basada en estructura de capital.

Hasta aquí hemos planteado una solución integral que, en mi opinión, debería estar presente en cualquier propuesta económica que aspire realmente a superar el socialismo. El capitalismo no consiste en crear condiciones para que un grupo de privilegiados se beneficie a través de legislación, normas o leyes positivas, ni en asumir que existe capitalismo simplemente porque existen empresas —muchas de ellas vinculadas a estructuras monopolísticas, regidas por los llamados “empresaurios” o enchufados—. El capitalismo es, ante todo, un sistema basado en el mercado y la capacidad creativa del ser humano para buscar soluciones sociales a través de acuerdos voluntarios.

Pero, como señalé al principio, el problema venezolano no se reduce a lo económico. Requiere también una reforma jurídica y un rescate de los valores morales y de la identidad nacional, la nación venezolana carece hoy de venezolanos nacionalistas ―abundan los chauvinistas y patrioteros, pero no los nacionalistas―. Establecer un marco jurídico sólido, y sobre todo defenderlo, es condición crítica para que cualquier reforma económica pueda implementarse. Se necesita un equipo con claridad y estrategia, consciente de que el enemigo es el socialismo en cualquiera de sus variantes: comunista o conservador.

Mi llamado va, en particular, al gremio de abogados, dejen de ser gestores al servicio de un grupo de gobernantes y conviértanse en juristas al servicio de la sociedad. No necesitamos quienes argumenten a favor de las malhechorías del Estado; necesitamos abogados que defiendan a los ciudadanos, sus derechos fundamentales y sus bolsillos. Sea quien fuese, persona u organización, que plantee alguna alternativa, tenga siempre en cuenta que solo un plan económico que dirija su objetivo hacia el capitalismo nos hará más libres.

Author: Juan Pablo Rojas