El Consejo de Europa designó el año 2005 "año de la ciudadanía europea", cuyo fin, si hemos de creer la declaración institucional que acompañó a su nacimiento, es la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Lo interesante de esta declaración está en la parte donde se resaltan los que, a juicio del consejo, son los déficits más importantes de las democracias actuales. El órgano de la UE se manifiesta en este a modo de manifiesto pro-democrático, hondamente "preocupado por el nivel creciente de apatía política y cívica, por la falta de confianza en las instituciones democráticas y por el aumento de los casos de corrupción, racismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, intolerancia con las minorías, discriminación y exclusión social, que constituyen graves amenazas para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de las sociedades democráticas… Deseoso de proteger los derechos de los ciudadanos, sensibilizarlos con respecto a sus responsabilidades y reforzar la sociedad democrática."
Sorprende la escasa capacidad autocrítica de los miembros del consejo europeo en este texto, en el que mezclan los defectos de la democracia (motivo), con la apatía política y la falta de confianza en las instituciones democráticas que muestran los ciudadanos (consecuencia), sin poner de manifiesto esta relación de causa-efecto, pues entonces no tendrían más remedio que confesar que quienes necesitan educarse como ciudadanos son precisamente ellos, los políticos, y no los niños de 4º de la ESO, como pretende ZP siguiendo las directrices de la burocracia europea.
La corrupción, la xenofobia, el nacionalismo agresivo o la intolerancia con las minorías, que según el párrafo que hemos destacado son consideradas por los ideólogos del programa "graves amenazas para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de las sociedades democráticas", son problemas causados directa e intencionadamente por la clase política actual, especialmente los partidos nacionalistas, la misma que, al parecer, queda fuera de este programa de reeducación colectiva al que se quiere someter a la ciudadanía.
Por otra parte, la desconfianza hacia las instituciones democráticas y la decisión de no participar en las consultas electorales es un derecho de todo ciudadano que en nada califica su condición moral o ética. Se puede ser un excelente ciudadano (no sabemos tampoco lo que quieren decir con el concepto "ciudadano", aunque podemos intuirlo por oposición a lo que se denuncia en el texto) y mantener una higiénica distancia con el cotarro partitocrático limitando el contacto al mínimo imprescindible de pagar impuestos para evitar la cárcel.
La Educación para la ciudadanía, promovida por los políticos de Bruselas y recibida como mandato divino por los políticos nacionales, no puede ser otra cosa que adoctrinamiento político. Si se prescinde de su carácter ideologizante, sólo quedaría una colección absurda de vacuos consejos sobre civismo elemental (véase este excelente artículo de Joaquín Robles).
No sólo no es lícito que el Estado adoctrine a los niños en una determinada cosmovisión. Es que, además, la Educación para la ciudadanía es un imposible metafísico que debería haber hecho abandonar el proyecto, a poco que la clase política tuviera un mínimo de respeto por la inteligencia de los ciudadanos a los que quiere reeducar. Su objetivo, confesado entre líneas, es agrandar las tragaderas de los ciudadanos, cada vez más hartos de sus políticos, con el fin de que todo el cotarro no se venga abajo. El hecho de que países europeos dirigidos por partidos "conservadores" hayan dado su visto bueno a la asignatura lo confirma. Se trata, simplemente, de una simple cuestión de supervivencia.
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